En el modo de producción capitalista, pasan a segundo término de importancia los valores de uso de la naturaleza, es decir, su capacidad para satisfacer las necesidades más elementales de la vida humana o para servir a la comodidad del hombre. La naturaleza ya no se transforma para usarse, sino para venderse, para realizar la máxima ganancia a partir de la venta de las distintas mercancías producidas por la clase trabajadora.
El capitalismo funciona transformando la naturaleza en un negocio. Un botón de muestra de ello se observa en la gestión del agua dulce, un recurso imprescindible para reproducir la vida humana: según datos de la FAO, tan solo el 10 por ciento del total mundial de agua dulce se utiliza para los hogares, el 20 por ciento lo utiliza la gran industria y el 70 por ciento se destina a la agricultura. En estos dos últimos sectores, el acaparamiento se concentra en corporaciones multinacionales, fondos de inversión y élites terratenientes.
Actualmente, el mundo enfrenta una crisis severa: según el Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la OMS y UNICEF, 2,100 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 3,400 millones no disponen de un saneamiento seguro. En este escenario de vulnerabilidad, la escasez no es un fenómeno natural ni espontáneo, sino el resultado de la maduración de las relaciones de producción capitalistas. Bajo esta lógica, orientada a la generación simultánea de riqueza y miseria, el acaparamiento despoja al recurso de su condición de bien común.
Así, una necesidad elemental se convierte en una mercancía por la cual la población debe pagar para sobrevivir; con lo cual se demuestra que el modo de producción capitalista centraliza el poder económico para subordinar los demás aspectos de la vida social. Dichas relaciones no hubieran madurado sin la intervención del Estado, el cual no es un aparato neutral al servicio de toda la sociedad. El Estado sirve a los intereses de quienes tienen el poder económico.
Esta subordinación explica por qué los marcos legales vigentes priorizan las concesiones industriales y agrícolas sobre el derecho humano al agua, un escenario en el que la escasez se administra bajo el amparo de la ley para mantener el valor comercial del recurso y consolidar una terca realidad: el agua no escasea por designio divino, sino porque se prioriza la obtención de la máxima ganancia por sobre el bienestar social.
Esta dinámica global encuentra un reflejo en México, donde las reformas neoliberales de finales del siglo XX transformaron los bienes comunales y el patrimonio nacional en concesiones transferibles al mercado privado mediante la modificación de leyes estratégicas; un proceso que se consolidó con la reforma de 1992 al Artículo 27 constitucional, que abrió a la privatización la propiedad social ejidal, la promulgación de la Ley de Minería que priorizó la explotación privada del subsuelo sobre la agricultura, y la Ley de Aguas Nacionales que creó un mercado de derechos de agua acaparado por industrias.
Asimismo, se desmantelaron sectores estratégicos del Estado mediante la privatización de la banca, las telecomunicaciones (Telmex), los ferrocarriles y la siderurgia, lo que transfirió la riqueza colectiva a monopolios particulares, subordinó los recursos naturales al capital extranjero y debilitó la soberanía de las comunidades locales sobre sus propios territorios.
El Estado opera directamente para beneficiar a los dueños del poder económico. Sin su intervención, jamás se hubieran construido las bases materiales para el desarrollo de los grandes negocios. Por eso, las reformas constitucionales en México no fueron descuidos políticos, sino una estrategia planificada desde el poder: su verdadero objetivo fue cambiar las leyes para permitir que los recursos naturales dejaran de ser de todos y pasaran a convertirse en el negocio privado de unos cuantos. Hoy, esa planeación rinde sus frutos más cruentos: mientras las élites embotellan el líquido, drenan acuíferos para la agroindustria de exportación, las comunidades rurales y las colonias populares padecen del vital líquido, ya sea por su escasez o por su mala calidad.
Las reformas de finales del siglo XX siguen retumbando hasta nuestros días; con distintos matices, pero mantienen su vigencia. A nivel nacional, la crisis hídrica es el resultado de un modelo que concibe el agua como una mercancía: el 45.8 por ciento del territorio padece sequía, mientras que las concesiones otorgadas a la industria cervecera, automotriz y agroexportadora no solo se mantienen, sino que se amplían bajo la opacidad de la Conagua. El capitalismo no conoce de sequía, solo de costos de producción.
La escasez que padecen las familias de Monterrey y Chihuahua no es un fenómeno meteorológico, sino el resultado de una distribución injusta del agua, donde el 80 por ciento del recurso concesionado en el norte está en manos de grandes corporaciones, mientras que las comunidades ejidales y los pueblos originarios son sometidos a un racionamiento intermitente. Se administra la escasez en aras del capital.
Esta contradicción estalla con crudeza en Jalisco, donde el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se ha convertido en el símbolo de la debacle. Mientras el lago de Chapala registra niveles aceptables, más de 200 colonias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) reciben agua turbia, con mal olor y color amarillento; la misma Secretaría de Salud del Estado ha recomendado no usar el agua de la llave ni para beber ni para cocinar.
Sin embargo, a pesar de la mala calidad del servicio, el SIAPA sigue cobrando puntualmente por este líquido inservible: el valor de uso ha sido eliminado para la reproducción de la vida, pero el valor de cambio se mantiene intacto, demostrando que el agua, como mercancía, no necesita ser útil para generar ganancia.
El abandono deliberado de la infraestructura social del SIAPA perjudica directamente las condiciones de vida de la clase trabajadora. Se ha privilegiado la acumulación de ganancias por encima de la reinversión en infraestructura de calidad, lo que se refleja en tuberías obsoletas con más de 40 años de uso sin mantenimiento. Esto demuestra cómo se ha conducido el organismo, no solo en la actualidad, sino desde que se abandonó la ciencia como brújula. Sin embargo, la responsabilidad no termina en la institución misma; como órgano descentralizado, su máxima autoridad es la Junta de Gobierno.
Esta se integra por un representante de cada municipio miembro, ocho del Gobierno del Estado y un representante por cada uno de los siguientes sectores: el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, las asociaciones vecinales y la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, en días recientes, hemos sido testigos de que más de uno de los integrantes de dicha junta se da “golpes de pecho”. ¿No hicieron su trabajo? La respuesta la tiene usted. Pensar que quienes perpetuaron y agravaron la crisis del SIAPA serán ahora quienes la resuelvan es tan ingenuo como creer que la tierra es plana.
A la fecha hemos escuchado “múltiples propuestas de solución” de manera descoyuntada. ¿Sabrán cómo resolver este problema en sus orígenes? Anuncian “reasignaciones presupuestales” que afectan a 45 municipios del interior, entre ellos Tecalitlán, que el pasado 6 de julio sufrió inundaciones. Anuncian “inversiones multimillonarias”; en el discurso suena muy elocuente. ¿De dónde se obtendrá dicho recurso público? Sigue siendo un misterio. El pasado 23 de marzo, el gobernador destituyó al Ing. Antonio Juárez Trueba, director general del SIAPA, para sustituirlo por el Ing. Ismael Jáuregui Castañeda.
¿Basta con quitar a un mal director y poner a uno “bueno” para corregir los problemas? Definitivamente, quieren poner otra curita a una herida que necesita puntos de sutura. Pero aunado a eso, el año pasado se vendió como la panacea de que con el incremento del 9.6 por ciento en los cobros, las cosas serían distintas. El tiempo vuelve a demostrar la improvisación de las propuestas de solución; dicha acción fue avalada no solamente por la Comisión de Tarifas del SIAPA, sino de igual forma por el Congreso del Estado, quien lo justificó locuazmente.
Pero nadie por ningún lado dice realmente que la carencia que hoy padece el AMG no es solo una crisis hídrica, sino la manifestación de un modelo que ha convertido el agua en mercancía. Mientras millones de habitantes en colonias populares sufren, grandes corporaciones (desde cerveceras hasta desarrolladores inmobiliarios) siguen extrayendo el recurso sin restricciones.
Veamos algunos ejemplos, según datos del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC): 12 inmobiliarias controlan 36,735 millones de litros anuales (agua para 1.6 millones de personas en el mismo periodo); 4 desarrollos inmobiliarios de lujo extraen 7,860 millones de litros, suficientes para el consumo de 215 mil habitantes; 4 cerveceras/refresqueras consumen 8,319 millones de litros, equivalente al consumo de 227 mil personas, y 4 empresas químicas acaparan 6,877 millones de litros (188 mil vidas). Mientras, miles en el AMG sobreviven.
El agua de calidad no falta: está concesionada a los que tienen el poder económico en el estado. Podría pensarse que estas concesiones pagan tarifas altas por su uso intensivo del agua, pero la realidad es escandalosa: Urbi Construcciones del Pacífico S.A. de C.V. (Tonalá) extrae 15,600 millones de litros anuales, pero de 2018 a 2019 pagó $0 pesos según datos de la Conagua y, para continuar, Reserva del Bosque S.A. de C.V., que consume 3,000 millones de litros al año, solo pagó $1,991 pesos en el mismo periodo. Mientras colonias populares sufren por desabasto y mala calidad del vital líquido, estas empresas explotan el agua prácticamente gratis.
El Movimiento Antorchista en Jalisco, consciente del origen histórico del problema del abasto de agua y junto con ello su calidad, propone la creación de un Plan Hídrico Estatal Integral, en el que se garantice, en primer lugar, que el vital líquido se destine a asegurar la reproducción de la vida. Que se garantice que todos los jaliscienses a lo largo y ancho de la geografía estatal tengan acceso universal al vital líquido.
En segundo lugar, que se destinen recursos económicos suficientes a la red hidráulica del estado. Tercero, que se incluyan las zonas marginadas, que se integren formalmente a las colonias populares en las planificaciones de desarrollo urbano para asegurar redes de drenaje y saneamiento. Y, por último, desarrollar proyectos de control de inundaciones y mejorar el drenaje pluvial.
Eso es lo que propone el Movimiento Antorchista en Jalisco: invertir más en lo necesario y menos en lo superfluo. Pero sabedores de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, invitamos a todos los jaliscienses inconformes por la situación tan alarmante del abasto de un líquido vital, en su cantidad y calidad, a que formemos un gran colectivo que se manifieste de manera constante y sistemática para lograr estos objetivos que nos beneficiarán a todos. No dar luchas aisladas, sino una gran lucha colectiva, como un solo hombre y un solo ideal, en pro del desarrollo social. Mañana puede ser demasiado tarde.
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