Está claro que el derecho a la vivienda es uno de los que pocos o ningún gobierno se compromete a garantizar. Esto puede deberse a diversos factores, pero el principal es que no asumen esta responsabilidad y le dejan el changarro a las grandes inmobiliarias o a empresarios que han hecho de la necesidad de una vivienda una mercancía que casi nadie puede costear.
Ejemplos claros tenemos con personas que cuentan con algún crédito del Infonavit y que llevan más de diez años pagándolo en viviendas que parecen pichoneras o que están por caerse.
México tiene un déficit habitacional de más de 8 millones de viviendas, de las cuales 20 % corresponde a la falta de nuevas casas, mientras que 80 % recae en la necesidad de mejoras y ampliaciones.
Y aunque el programa que anunció la presidenta de la república pareciera muy ambicioso, queda muy por debajo de lo que realmente se necesita, o, siendo claros, muy pocas personas podrán acceder a él. Aunque se diga que es para madres solteras y trabajadoras, las cantidades o las cuotas “de recuperación” que se plantean son también elevadas.
México tiene un déficit habitacional de más de 8 millones de viviendas, de las cuales 20 % corresponde a la falta de nuevas casas y departamentos, mientras que 80 % recae en la necesidad de mejoras y ampliaciones, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De ese rezago, al menos 300 mil se requieren en Baja California, ya que se edifican menos de 6 mil viviendas al año, las cuales además resultan muy costosas para aquellas personas que perciben uno o dos salarios mínimos, es decir, entre 419 u 838 pesos diarios en la frontera.
Es importante resaltar que, del millón de viviendas que se edificarán durante la administración de Claudia Sheinbaum en todo el país, sólo 50 mil 600 corresponderán a Baja California: 15 mil 600 serán construidas por la Conavi y el resto (35 mil) por el Infonavit y el Fovissste. Esta cantidad resulta insuficiente, pues apenas representa el 16 % del déficit de vivienda en el estado, quedando todavía el 84 % pendiente de abatir.
Esta situación se agrava cuando se plasman los problemas en la realidad, comenzando por el hecho de que hay personas que ni siquiera ganan el salario mínimo, y porque las viviendas que se construyen en el estado tienen un costo que va más allá del millón; están hechas para el sector empresarial, no para el sector popular y trabajador.
Así, con este objetivo, Antorcha ha emprendido una lucha enérgica y contundente en los cuatro estados de nuestra región: Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Baja California. Hemos entendido que solamente de manera organizada el pueblo podrá acceder a sus derechos, en este caso, exigir que se cumpla con lo que establece nuestra Carta Magna.
Con esta consigna, refrendamos nuestro apoyo a los antorchistas de Baja California Sur, quienes esta semana se manifestaron en las calles de Los Cabos y La Paz exigiendo cumplimiento a los acuerdos, exigiendo que se respete el derecho a la vivienda. A los subcalifornianos, desde BC les decimos: no están solos, su lucha es nuestra lucha. Levantemos las banderas y juntos entonemos el grito de protesta, como un solo hombre y con un solo ideal.
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