Pobladores denuncian amenazas, tarifas abusivas y abandono institucional ante autoridades estatales y municipales reunidas en Ponthado
Localidades de Metztitlán no cuentan con red de agua potable, los habitantes se abastecen del líquido vital acarreándolo, largas distancias, desde cisternas comunales hasta sus hogares.
Sin embargo, las cisternas dependen de un pozo, propiedad del municipio de Santiago de Anaya; esta falta de fuentes de agua potable propias en comunidades del municipio de Metztitlán impacta negativamente a su población, su acceso al vital líquido se ve condicionado y limitado por intereses opuestos.
Ante la solicitud de la población de que se garantice su derecho al agua potable, el pasado 7 de julio del año en curso, se celebró una asamblea en la localidad Ponthado con la presencia de representantes de las localidades de Fontezuelas, Ponthado, Agua Hedionda, Jagüey Seco y Tablón Chico, además de funcionarios estatales y municipales, encabezados por el secretario municipal, licenciado Francisco López, y el director de Gobernación en la zona de Metztitlán, licenciado José Pérez Covarrubias.
Los representantes locales manifestaron su inconformidad por las tarifas excesivas y la precariedad del servicio de las cisternas de agua potable, condiciones impuestas por los representantes del ejido “El Encino”, municipio de Santiago de Anaya, donde se localiza un pozo que abastece de agua a parte de la población de las localidades referidas.
Acusaron que si los usuarios no acceden a las peticiones son amenazados con el cierre del pozo, como ocurrió el año pasado, cuando dejaron sin agua por cuatro meses a estas localidades.
Esta situación afecta a estas comunidades de Metztitlán desde hace más de veinticinco años. “Se ha vuelto inaguantable”, denuncian los inconformes.
“Es evidente el abandono gubernamental, independientemente del partido, que viene padeciendo la población, situación que ha abonado el terreno para que se cometan actos arbitrarios y violaciones del derecho humano al acceso del agua, derecho consagrado en la ley máxima de nuestro país”, señala Edgar Pérez, líder social en Fontezuelas.
Este conflicto se planteó al Gobierno de Hidalgo desde el año pasado; sin embargo, a la fecha no hay acciones encaminadas a su solución definitiva. Los funcionarios convocados, en esta ocasión, escucharon el conflicto y se comprometieron a dar respuestas concretas en un lapso de diez días.
“La población estará vigilante de que se cumpla el acuerdo. Esperamos que esa sensibilidad gubernamental que tanto se pregona se haga ver en acciones que pongan fin al conflicto, no sin antes dejar claro que el problema esencial es la falta de agua que azota a nuestras comunidades, catalogadas con algún grado de marginación, pues la pobreza y falta de servicios son problemas que siguen sin resolverse”, aseveró Pérez.
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