Al final de una prolongada avenida encementada, en la parte superior de Ciudad Labor, en los confines de la colonia Sierra de Guadalupe, cerca de los límites con la reserva ecológica, en el municipio de Tultitlán, finalizan también las diferentes variedades de fachadas que ocultan los distintos grados de pobreza en la que viven las familias de la zona.
Las vallas y cercados sólo son para dividir las propiedades, no se han levantado con la intención de proteger las riquezas, ni se aprecian en las esquinas las cámaras de seguridad que abundan en las zonas residenciales; la vida aquí es la posesión más preciada y conservarla es la preocupación principal.
Las calles son de terracería. Múltiples arroyuelos de un líquido negruzco surcan de orilla a orilla los caminos, siguiendo la pendiente hasta que se pierden entre la maleza que crece en sus márgenes laterales; son los residuos de los desperdicios que fueron depositados hace más de treinta años en el antiguo basurero y que ahora se filtran a través de las capas de tepetate.
El basurero municipal de la Sierra de Guadalupe, depósito final de los desechos de gran parte de la ciudad, con el paso del tiempo se convirtió en fuente de trabajo y asentamiento de una de las colonias con mayor grado de marginalidad en toda la entidad. Le dicen Ciudad Perdida.
“Nosotros llegamos aquí cuando no había luz, no había nada, hace como 25 años; el hermano de una señora que trabajaba para el PRI, era su mano derecha de la presidenta municipal de Tultitlán agarró estos terrenos para la venta. Aquí querían poner cines, un centro comercial. Limitaron con malla la zona habitacional. Nada de casas, puros árboles, dejó de ser basurero hace como treinta años” comenta Tomás del Ángel Ruiz, uno de los que llegaron buscando en el reciclaje una forma de ganarse el sustento.
Como sucede en la mayoría de las zonas que se forman de manera irregular, Tomás y su familia no tienen asegurado legalmente su patrimonio, y, además, esa caracterización de la colonia como un asentamiento al margen de la legalidad, se ha convertido en uno de los argumentos de los funcionarios de gobierno para no dotarlos de los servicios públicos elementales.
“Nosotros nos venimos para trabajar en el basurero, antes éramos puros pepenadores, trabajábamos todos aquí, y se hizo una organización, la Unión de Pepenadores, fue cuando decidimos pelear estos terrenos y así comenzó la lucha por ellos.
Pagamos por el terreno, primero nos lo dejaron en 20 mil y luego, cuando se ganó el pleito, nos los subieron a 50 mil pesos. Nos dieron una constancia. No tenemos escrituras, ahorita no quieren dar, la constancia nos la dieron los ejidatarios, ya acabamos de pagar, pero dice el gobierno que ese papel no nos sirve”.
La colonia no cuenta con sistema de drenaje ni red de agua potable. Carecen de alumbrado público, pavimentaciones y banquetas. El cuadro que caracteriza a una colonia marginada lo completa la ausencia de los servicios educativos. Para que los niños y jóvenes asistan a clases en cualquiera de los niveles, tienen que trasladarse hasta Ciudad Labor, el lugar más cercano en donde se encuentran las instituciones.
Para resolver su carencia de agua, aprovechan la que proviene de la lluvia almacenándola en tambos, tinas, cubetas y otros cacharros en los cuales se pueda contener el líquido, aunque sea en mínimas cantidades; algunos vecinos se unieron y compraron tinacos grandes, después, tienen que comprarles a las pipas del municipio y luego distribuirla entre todos los que cooperaron.
“Le batallamos, porque hay veces que nos vienen a vender algunas pipas, nos juntamos con los vecinos y nos apoyamos; a quien le sobra un poco de agua se la pasa al otro y nosotros les pasamos a ellos y así estamos, pero casi cada quien se preocupa por sus pipas. También vamos a pagar las pipas al municipio y puede pasar un mes o dos para que nos lleguen”.
Cada familia que necesita agua debe pagar entre 400 y 500 pesos, el pago lo hacen en el municipio; pueden llegar a las casas hasta el siguiente mes. La justificación ofrecida por los trabajadores y funcionarios es que los habitantes de Ciudad Perdida no están contemplados en los servicios y, por tanto, ellos no están obligados a proporcionarlos.
Bajo estos argumentos, los habitantes de la colonia no tienen más alternativa que la compra a los particulares y lo hacen a precios por arriba de lo que generalmente pagan en el municipio.
La situación se torna más compleja para las humildes familias pues, al no tener contenedores grandes, no alcanzan a almacenar lo que lleva el camión cisterna, tres casitas, como dice Tomás, tienen que juntarse y aún así, cuando lavan la ropa se termina y deben volver a esperar otro tiempo igual para contar con agua para lavar la ropa.
Al no tener drenaje, las familias deben construir fosas sépticas, sin recubrimiento de cemento, sólo el hueco en la tierra. Cuando una fosa se llena, la tapan con la misma tierra y excavan una nueva en algún otro lugar del patio. Los vecinos señalan que los escurrimientos que se aprecian en los caminos, no proceden de esas fosas; son una consecuencia de la putrefacción de la basura del relleno sanitario que se agrava en tiempo de lluvias y que afecta más a las viviendas cercanas a las hondonadas.
Al cerrar el basurero, el oficio de reciclador dejó de ser la actividad económica principal, aunque no se ha extinguido completamente; son todavía numerosas las familias que se dedican a la recuperación de materiales, sobre todo de PET. Enormes pilas de sacos con ese material se pueden observar junto a las viviendas.
Sin embargo, ahora salen a ganarse la vida en las fábricas que están por la colonia La Sardaña, algunas mujeres son empleadas domésticas o jardineros; la mayoría no tiene un empleo seguro, deben buscar constantemente cómo ganar dinero para sostener a sus familias.
Ante la difícil situación en la que se encuentran las familias de Ciudad Perdida, Tomas ha propuesto a sus vecinos que se organicen: “hemos platicado, algunos nos dicen que sí, otros no quieren, algunos otros siguen haciendo juego al partido que está en la presidencia, pero ninguno tiene servicios, todos estamos igual, esa es la realidad”.
“No podemos esperarnos más, el gobierno dice que tendremos servicios hasta que se regularicen las tierras, va a tardar más tiempo, nos dicen, como en unos diez o vente años”, expresa Tomás sin que en su semblante se muestre la desesperanza.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario