La reunión del pasado 4 de diciembre entre productores de frijol de varios municipios de Durango y las autoridades del programa Alimentación para el Bienestar debería leerse como un acto de desahogo más que de gobierno.
En ella, cifras, plazos y promesas volvieron a mezclarse con la cruda realidad de un campo que, ante la ineptitud y la desorganización estatal, se ve forzado a elegir entre la espera indefinida o la venta a pérdida.
El Estado no sólo falla en cumplir su promesa de apoyo al productor, sino que indirectamente subsidia y perpetúa el sistema de abuso del que dice querer protegerlo.
Los acuerdos firmados, aunque necesarios, no logran ocultar el escepticismo profundo que hoy recorre las tierras de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Poanas, Súchil, Cuencamé y Vicente Guerrero, entre otros.
El núcleo del desencanto es palpable: un programa diseñado para ser un salvavidas, que garantiza un precio justo de 27 pesos por kilo, se ha convertido en un laberinto burocrático donde el productor pierde tiempo, dinero y fe.
La minuta establece metas concretas: acopiar entre 10 mil y 15 mil toneladas de frijol antes de fin de año y 8 mil de maíz para enero de 2026, con la vaga promesa de revisar la posibilidad de llegar a las 27 mil toneladas de frijol ya comprometidas.
Sin embargo, estas cifras chocan de frente con la magnitud de la cosecha estatal, que supera las 160 mil toneladas, y con la expectativa mínima de los productores, que confían en que el sistema pueda absorber al menos 75 mil. Hay aquí una brecha abismal entre la capacidad logística demostrada y la necesidad real del campo.
Pero el problema no es sólo de volúmenes futuros, sino de lastres del pasado. La revelación de que al menos cuatro bodegas destinadas al acopio de la cosecha 2025 estaban, y en parte aún están, llenas de costales de la cosecha 2024 es la metáfora perfecta de la falta de coordinación gubernamental.
Es la imagen del estancamiento: sacos viejos bloqueando el ingreso del grano nuevo, promesas incumplidas obstruyendo soluciones presentes.
Que las autoridades anuncien, como un logro, que “ya se está liberando” ese espacio evidencia la anormalidad que se ha normalizado. El productor no debería esperar a que desalojen lo que nunca debió quedarse ahí.
Este atasco tiene consecuencias humanas inmediatas y brutales, pues mientras el Estado tarda en organizarse, pagar (se solicita, otra vez, que los pagos se realicen en menos de diez días) y recibir el grano, el agricultor enfrenta el calendario implacable de sus necesidades.
Rubén Ibarra Alcantar, dirigente estatal, lo describió sin tapujos: muchos, necesitados de liquidez inmediata, no tienen más opción que vender a los intermediarios, los “coyotes”, a un precio de desesperación de diez pesos el kilo.
Es decir, renuncian a diecisiete pesos de utilidad por kilo, más del 60 % del valor garantizado, porque el programa “de apoyo” no llega a tiempo. El Estado, entonces, no sólo falla en cumplir su promesa, sino que indirectamente subsidia y perpetúa el sistema de abuso del que dice querer proteger al productor.
La declaración oficial de que hay “presupuesto y costalera suficiente” para las 15 mil toneladas de fin de año suena hueca frente a la cotidianidad de bodegas bloqueadas, pagos dilatados y una logística que los propios productores califican de lenta y desorganizada.
La “certeza” que dice haber dado el titular de la Sader en Durango se desvanece en los hechos: tres centros aún no abren, el volumen total a acopiar es una incógnita (oficialmente solo se garantizan las mismas 27 mil toneladas del esquema anterior) y la comercialización del grano rezagado es una asignatura pendiente que solo ahora, bajo presión, se intenta resolver con apoyo de empresas privadas.
El anuncio de que el programa continuará hasta junio de 2026 ofrece un horizonte temporal, pero no corrige los vicios de operación que hoy lo hacen ineficaz e injusto.
La visita anunciada de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guadalupe Victoria en enero, donde supuestamente se definirá el techo de acopio para la cosecha 2025, refleja un modelo de gestión reactiva y centralizada: las soluciones dependen de actos protocolarios y anuncios desde la cúpula, no de un sistema ágil, descentralizado y confiable que funcione día a día.
Los productores de Durango no piden limosnas, ni siquiera subsidios extraordinarios; exigen, con toda razón, que un programa de gobierno funcione: que las bodegas estén listas, que la recepción sea ágil, que el pago sea puntual y que la comercialización sea efectiva. Son los principios básicos de cualquier compraventa, pero el Estado los convierte en un épico trámite lleno de incertidumbre.
Al final, la reunión del 4 de diciembre dejó un sabor agridulce. Por un lado, un papel firmado con compromisos; por otro, la persistente desconfianza de quienes han visto demasiadas veces cómo la letra escrita se pierde en el limbo de la ejecución.
El verdadero acuerdo, el que los productores de Durango y todo el país necesitan, no se firma en una minuta, se construye con hechos: con bodegas vacías y listas, con pagos a tiempo y con la convicción de que respetar al campo no es un favor, sino la base de la soberanía alimentaria y la justicia social.
Mientras eso no ocurra, los sacos viejos seguirán ocupando el espacio del futuro y los “coyotes” seguirán festinando con la desgracia que la ineficacia estatal les sirve en bandeja.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario