• Unos 50 asentamientos albergan a cerca de 10 mil familias en zonas de marginación y alto riesgo
Durango, Dgo. Para el Movimiento Antorchista, los más de 50 asentamientos irregulares que albergan a entre 8 mil y 10 mil familias en la capital duranguense no son un accidente urbanístico, sino la evidencia más cruda del fracaso histórico del Estado mexicano en garantizar el derecho a la vivienda.
Así lo planteó su dirigente municipal en Durango, Martín González Ávila, quien desde una postura política clara trasladó la responsabilidad al gobierno federal y lo emplazó a asumir su papel rector, no con discursos, sino con hechos:
"La falta de vivienda asequible no es un fenómeno natural, es una decisión política del gobierno que ha privilegiado el mercado inmobiliario sobre la vida de los pobres".
Desde esta óptica, el dirigente antorchista desmontó las causas del problema: la desaparición de programas federales de vivienda social, la ausencia de una política nacional de suelo urbano, el abandono de la regularización de predios y la nula coordinación entre dependencias como Sedatu y Conavi, que han dejado a las familias duranguenses a merced de la especulación y el olvido.
Pero el discurso de Antorcha va más allá del diagnóstico. González Ávila subrayó que esta omisión deliberada tiene consecuencias políticas graves: el crecimiento anual de estos asentamientos, que oscila entre el 5 y el 8 %, no es más que el termómetro de la desigualdad estructural que el gobierno federal ha normalizado.
Colonias como San José III, El Ciprés, Manuelito Álvarez y Pedro Ávila Nevárez son hoy el rostro de un Estado que, de acuerdo con el dirigente, ha renunciado a su función social para convertirse en cómplice de los intereses privados.
"El 15 % de estas familias vive en zonas de alto riesgo, cerca de arroyos y laderas inestables. ¿Y qué ha hecho el gobierno federal? Nada. Porque para este gobierno, la vida de los pobres no está en la agenda", denunció con dureza González Ávila, quien vinculó esta inacción con la criminalización sistemática que, en otros estados, ha sufrido el movimiento social cuando defiende el derecho a un techo digno.
“La falta de vivienda asequible no es un fenómeno natural, es una decisión política del gobierno que ha privilegiado el mercado inmobiliario sobre la vida de los pobres”.
Fue en ese punto donde el líder antorchista fijó la postura de su organización: Antorcha no promueve invasiones, promueve la organización popular y la gestoría ante el Estado. Pero dejó claro que Antorcha no es un mero tramitador de necesidades, sino un actor político que exige una transformación de fondo:
“No pedimos caridad, pedimos justicia. La regularización de predios y la dotación de servicios no pueden depender de promesas electorales ni de la buena voluntad de los funcionarios. Es un derecho constitucional que el gobierno federal está obligado a cumplir".
González Ávila también descalificó las soluciones parciales, como las reubicaciones que exigen pagar por lotes en la periferia, al considerarlas extensiones de la misma lógica neoliberal que desplaza a los pobres hacia la nada. "El gobierno federal quiere que las familias paguen dos veces: primero con su precariedad y luego con su desarraigo. Eso no es solución, es castigo", enfatizó.
La postura de Antorcha es clara: el gobierno federal debe asumir la rectoría del desarrollo urbano, articular a los tres niveles de gobierno, asignar presupuesto suficiente y establecer plazos vinculantes para la regularización y la dotación de servicios básicos. Pero más allá de lo técnico, el líder social exigió un cambio de visión:
"Que el gobierno federal deje de ver a los pobres como un problema de orden público y los reconozca como sujetos de derecho. Mientras eso no ocurra, la desconfianza seguirá siendo la única certeza que tienen las familias".
El dirigente antorchista cerró su intervención con un mensaje contundente:
"Nosotros seguiremos organizando a las familias, gestionando y presionando. Pero el gobierno federal debe entender que la paciencia popular tiene límites. Si no hay respuestas, la lucha por la vivienda seguirá creciendo, porque la necesidad no espera y el derecho no se negocia".
Para Antorcha, la crisis de los asentamientos irregulares en Durango es un espejo de lo que ocurre en todo el país: un Estado ausente, un mercado voraz y un pueblo que se organiza para sobrevivir. Y desde esa lectura, dijo, el movimiento exige no paliativos, sino una política de vivienda verdaderamente nacional, popular y permanente.
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