• Costos habitacionales aumentaron 8.0 % en el estado alejando a las familias de adquirir un inmueble propio
Saltillo, Coah. “En Coahuila se está volviendo prácticamente imposible para una familia trabajadora adquirir una vivienda. Los salarios no crecen al mismo ritmo que el precio de las casas y los terrenos, y mientras unos cuantos hacen negocio con la tierra, miles de trabajadores no tienen posibilidades reales de construir un patrimonio”, señaló Pablo Pérez García, dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Coahuila.
El dirigente antorchista afirmó que el problema de la vivienda debe ser considerado como una emergencia social, pues tener un empleo ya no garantiza que una familia pueda comprar una casa.
Los datos oficiales muestran la dimensión del problema. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante el primer semestre de 2026 el precio de la vivienda en Coahuila aumentó 8.0 % respecto al mismo periodo de 2025. En ese mismo periodo, el incremento nacional fue de 7.9 %. En la Zona Metropolitana de Torreón el aumento fue de 7.9 % y en Saltillo de 7.4 %.
Mientras tanto, los ingresos de una parte importante de los trabajadores siguen siendo bajos.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi registró que durante el primer trimestre de 2026 había un millón 603 mil personas ocupadas en Coahuila.

De ellas, 618 mil 788 personas, equivalentes al 38.6 %, percibían hasta un salario mínimo, mientras que otras 625 mil 255 personas, el 39.0 %, recibían más de uno y hasta dos salarios mínimos. Es decir, aproximadamente ocho de cada diez personas ocupadas se encontraban en esos dos rangos de ingreso.
“Estos números hablan por sí solos: ¿cómo puede una familia comprar una casa que cuesta cientos de miles o incluso millones de pesos cuando la mayor parte de los trabajadores tiene ingresos que apenas alcanzan para cubrir alimentación, transporte, servicios, educación y otras necesidades básicas?”, cuestionó Pérez García.
La situación se agrava por el propio comportamiento del mercado inmobiliario. La SHF informó que, a nivel nacional, durante el primer semestre de 2026 el valor promedio de una vivienda adquirida mediante crédito hipotecario fue de un millón 960 mil 32 pesos, mientras que la mediana fue de un millón 299 mil 580 pesos. Además, la vivienda económica-social aumentó 10 % en ese periodo.
Para Antorcha, el problema no puede reducirse a la falta de capacidad individual para obtener un crédito. El problema es estructural: los precios de la tierra y de la vivienda se alejan de la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras.
Crece la industria, no compra de casas
Pablo Pérez García señaló que Coahuila ha experimentado un importante crecimiento industrial y económico, pero este desarrollo debe reflejarse también en mejores condiciones de vida para quienes trabajan y producen la riqueza.

“No estamos en contra de la inversión ni de la generación de empleos. Lo que cuestionamos es que mientras las empresas y los desarrollos inmobiliarios encuentran condiciones para crecer, las familias trabajadoras no encuentren condiciones para adquirir una vivienda. El crecimiento económico debe tener un contenido social”, sostuvo.
A la problemática de los precios se suma la situación de las familias que viven en condiciones de rezago habitacional. Datos incorporados al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030, con información de 2022, contabilizan en Coahuila 115 mil 386 viviendas en condición de rezago habitacional, equivalentes al 12.1 % de las viviendas del estado.
Además, aunque Coahuila presenta niveles relativamente bajos de carencias de servicios básicos en comparación con otras entidades, todavía existen viviendas con problemas de acceso a agua entubada, drenaje o electricidad. El mismo documento registra que 1.98 % de las viviendas del estado tenía al menos una de estas carencias en 2024.
“La vivienda no debe ser un privilegio para quienes tienen altos ingresos. Quienes trabajan, quienes producen y quienes sostienen la economía de nuestro estado también tienen derecho a una casa digna.
Por eso debemos organizarnos y luchar para que el derecho a la vivienda deje de estar solamente escrito en la ley y se convierta en una realidad para las familias trabajadoras”, concluyó.
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