El día martes 23 de septiembre, más de dos mil estudiantes del estado de Oaxaca se hicieron presentes en la Ciudad de México con la esperanza de ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encontraba en la mañanera en Palacio Nacional. La intención era clara: pedir la intervención del gobierno federal ante la política de persecución y represión implementada en Oaxaca por el gobernador morenista Salomón Jara Cruz contra los albergues estudiantiles y contra los mismos estudiantes.
Cada cama y cada plato de comida compartido en los albergues estudiantiles representan un paso hacia la posibilidad de convertirse en profesionistas y romper con el círculo de la pobreza.
¿Pero qué pasó? En lugar de diálogo, los jóvenes fueron recibidos con un operativo policiaco: granaderos los golpearon, empujaron y amenazaron en su intento por bloquear el acceso al Zócalo capitalino.
Pese al cerco, los estudiantes, respaldados por la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), el Movimiento Antorchista Nacional, padres de familia y maestros, lograron realizar un mitin con actividades culturales en el que denunciaron la cerrazón de la mandataria federal, quien no atendió sus demandas a pesar de tratarse de una manifestación pacífica.
Los estudiantes portaban pancartas con mensajes contundentes: “Más libros, menos persecución”. Su principal reclamo fue la devolución de dos albergues estudiantiles que funcionaban como espacios dignos para jóvenes de escasos recursos, en donde podían tener alojamiento y alimentación a costos simbólicos.
Estos albergues son fundamentales en un estado donde Coneval reportaba que más del 60 % de la población vive en pobreza, y donde miles de jóvenes indígenas y campesinos enfrentan enormes obstáculos para continuar con sus estudios.
Compañeros y amigos, como ustedes saben, los albergues estudiantiles han sido históricamente refugio y motor de movilidad social para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Sin embargo, lejos de fortalecerlos, las autoridades oaxaqueñas han optado por despojarlos de sus instalaciones, tratándolos como focos de subversión en lugar de reconocerlos como espacios de oportunidad para futuros médicos, ingenieros, abogados y maestros.
Y que quede claro, la persecución contra estudiantes no es un discurso, es una realidad. La noche del 5 de agosto de este año, un grupo de veinte personas armadas allanó el Albergue Estudiantil “Villas de Monte Albán” y saqueó una tienda de abarrotes del Movimiento Antorchista.
Con esa agresión ya suman tres actos represivos, vandálicos y de persecución política, sin que ninguna autoridad competente, ni estatal ni federal, haya intervenido para castigar a los responsables.
Por estos hechos, la joven líder Isolda Morán, dirigente nacional de la FNERRR, condenó el agresivo cerco de granaderos en el Zócalo capitalino. Recordó que los estudiantes de la federación siempre se han caracterizado por protestar de manera pacífica y subrayó que la visita a la capital tenía un objetivo legítimo:
“Queremos exponer a la presidenta Claudia Sheinbaum nuestras demandas, que sean atendidas nuestras necesidades, ya que en Oaxaca se están atacando a los estudiantes y el gobernador estatal no ha sido capaz de resolver. Queremos que nos regresen los albergues estudiantiles”.
Como dato complementario, y que permite hacer un análisis más completo del problema, la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) ha documentado que Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas y luchadores sociales: 58 activistas asesinados y seis desaparecidos en los últimos años.
La represión contra estudiantes se suma a esta preocupante cifra, mostrando la ausencia de garantías mínimas para quienes se atreven a alzar la voz.
El panorama educativo refuerza la gravedad de la situación: Oaxaca tiene uno de los peores indicadores de rezago educativo; 15 % de la población mayor de quince años no ha concluido la educación básica. En comunidades rurales e indígenas, la tasa de deserción del nivel medio superior alcanza el 40 %, principalmente por falta de recursos económicos y ausencia de infraestructura.
En esas condiciones, los albergues son prácticamente la única alternativa para que miles de jóvenes no abandonen sus estudios. Cada cama y cada plato de comida compartido representan un paso hacia la posibilidad de convertirse en profesionistas y romper con el círculo de la pobreza.
Y aquí se tiene la contradicción de este gobierno: la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Salomón Jara repiten el lema “primero los pobres”, pero en los hechos no lo hacen: permiten o ejecutan políticas de persecución contra jóvenes que encarnan precisamente esa condición.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué el Estado despliega granaderos contra estudiantes desarmados, pero se muestra incapaz de enfrentar con la misma fuerza a los grupos del crimen organizado que operan con impunidad en Oaxaca y en todo el país?
Lo ocurrido el martes 23 de septiembre en Palacio Nacional es grave no sólo por la violencia ejercida contra estudiantes, sino porque exhibe el desprecio del gobierno federal hacia el diálogo y la justicia social. Reprimir con golpes y silencio no apagará la protesta; al contrario, la multiplicará.
El movimiento estudiantil de Oaxaca ya tiene eco en todo México. Su demanda es legítima: recuperar sus albergues, defender el derecho a la educación y exigir respeto a la vida y dignidad de los jóvenes pobres.
La lucha va a continuar, y es deber de la sociedad mexicana acompañarlos, porque defender a estos estudiantes es defender el futuro de un país que no puede seguir negando oportunidades a los más vulnerables.
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