Como ha sido del conocimiento público, lo que ocurrió la noche de este 5 de agosto en contra de estudiantes y una pequeña tienda de abarrotes propiedad del Movimiento Antorchista fue el último eslabón de una serie de ataques en contra de los estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) y en contra de Antorcha en lo que va de este 2025.
La FNERRR y el Movimiento Antorchista Nacional exigimos al Gobierno de Salomón Jara Cruz que intervenga para frenar la represión alentada desde esferas gubernamentales en contra de pacíficos ciudadanos oaxaqueños.
Como se recordará, el 23 de enero, un grupo de porros desalojó violentamente a los estudiantes del Albergue Cultural y Estudiantil “Villas de Monte Albán”. Los videos muestran a quienes golpean y patean de forma criminal a los universitarios, pero, a pesar de la denuncia, la justicia no ha llegado.
El segundo acontecimiento se suscitó en Miahuatlán de Porfirio Díaz, el 26 de abril, cuando los policías municipales, bajo las órdenes del presidente municipal César Figueroa Jiménez, desalojaron ilegal y violentamente a los jóvenes estudiantes que vivían en el Albergue Estudiantil “Juan Manuel Celis Ponce”, como se puede ver en un video publicado el 28 de abril en las redes sociales del presidente, donde se demuestra que se trató de un despojo ordenado por él en contra de jóvenes oaxaqueños humildes.
En otro video publicado el 5 de mayo en los medios estatales, César Figueroa se contradice diciendo que “ese espacio lo ocupaban los jóvenes para drogarse y hacer cosas ilícitas”, sin presentar pruebas de ello. Lo primero que salta es que él mismo reconoce que ahí vivían los jóvenes, pero su acusación refleja que su disgusto era que vivieran ahí.
Posteriormente, tras varias reuniones con funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Político del Gobierno del Estado y con algunos delegados del gobierno federal, en las cuales los mismos funcionarios incitaban a poner denuncias en la Fiscalía del Estado, los jóvenes —aunque por temor a que sucediera lo mismo que en ocasiones pasadas— acudieron buscando los canales para tratar de resolver el problema.
Por ello, interpusieron un amparo a través de su asociación civil, en donde reclaman el despojo-desalojo del cual fueron objeto. Pero, ¿qué creen que pasó? Los abogados informaron que, en su informe previo y justificado, el presidente municipal y su director de seguridad pública le mintieron al juez quinto de distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec. Lo negaron todo, afirmaron que no habían tomado el Albergue Estudiantil “Juan Manuel Celis Ponce” y, además, inmediatamente mandaron borrar sus publicaciones de Facebook, en las que el mismo presidente, el 28 de abril, reconoció que “fue a tomar las instalaciones porque era un logro el recuperar el inmueble del municipio”.
Ante esta situación, los abogados informaron que tuvieron que entregar más pruebas para demostrar la responsabilidad del presidente y su secretario de seguridad pública. Como resultado, el juez federal le mandó a decir al presidente municipal: “…Se advierte la posible existencia de indicios que apuntan a un eventual desalojo del inmueble. En consecuencia, requiérase de nueva cuenta a las autoridades responsables para que ratifiquen o rectifiquen su informe justificado, en el cual deberán señalar, de ser inexistente el acto reclamado, las constancias documentales que sustenten dicha inexistencia. Se apercibe a las autoridades responsables que, si no actúan como se les indica, se harán acreedores a la sanción prevista en el artículo 262 de la Ley de amparo, que impondrá pena de tres a nueve años de prisión… a la persona, servidora pública que, con el carácter de autoridad responsable, en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación, exprese un hecho falso o niegue la verdad…”.
Está muy claro ante todos, una vez más, la falta en la que incurre la autoridad, pero, pese a todas las evidencias, aún no sabemos con qué otras mentiras ni qué maniobras legales hará el presidente municipal y su director. Lo que está claro es que no solo ha violado los derechos fundamentales de los estudiantes, sino que ahora ha cometido otra falta ante la autoridad federal.
Por lo tanto, lo que debería ocurrir es que el juez los sancione con la pena señalada por la Ley de amparo y les dé a los estudiantes las garantías y la protección para que regresen a su albergue. Si llegara a suceder lo contrario, quedará claro que la Ley está al servicio de los poderosos y no de los ciudadanos.
El tercer acontecimiento fue la noche del 5 de agosto, cuando veinte sujetos encapuchados —que portaban cuchillos y armas de fuego de grueso calibre y se transportaban en camionetas todo terreno—, ante la mirada pasiva de la policía municipal, irrumpieron ilegalmente en el Albergue Cultural y Estudiantil “Villas de Monte Albán”, lugar que alberga a jóvenes estudiantes pobres.
El comando también vandalizó una pequeña tienda de abarrotes propiedad del Movimiento Antorchista, destruyendo toda la mercancía. Parece que este hecho se quiere asociar por funcionarios municipales con la resolución definitiva de un amparo a favor de los comuneros de San Martín Mexicapan, pero conviene recordar al gobierno municipal y estatal que dicha sentencia no resuelve el problema social ni todas las violaciones cometidas en contra de los estudiantes y del proyecto de albergue que se iba a realizar en ese lugar.
Lo cierto es que, si la autoridad judicial llegó a esa conclusión, fue gracias a que el municipio de Oaxaca de Juárez, en las administraciones de los morenistas Oswaldo García Jarquín y Francisco Martínez Neri, dejó perder el caso porque desvió más de 40 millones de pesos que estaban destinados a construir el Albergue Villas de Monte Albán.
La autoridad estatal debe, entonces, resolver de fondo el problema social y hacer justicia a los estudiantes que llevan años luchando por la construcción de su albergue y que solamente han recibido agresiones criminales en su contra.
Este último hecho se da en el contexto de que los estudiantes fenerianos, apoyados ahora por Antorcha, iniciaron una nueva campaña de denuncia con un boletín lanzado a los medios la tarde del 5 de agosto, que se tituló: “La FNERRR reanudará las protestas tras diálogos fallidos en Oaxaca”.
La respuesta fue clara: enviar a un comando para infundir terror en los estudiantes oaxaqueños. Toca al gobierno aclarar si esa acción fue ordenada por altos funcionarios de la administración estatal, pero la prepotencia e impunidad con que se mueven los agresores, como se mira en los videos viralizados, deja ver que gozan de protección oficial que busca desarticular cualquier organización popular independiente.
Por estos hechos, y haciendo uso de nuestro derecho constitucional de libre asociación, manifestación y opinión, la FNERRR y el Movimiento Antorchista Nacional exigimos al Gobierno del estado, que encabeza Salomón Jara Cruz, que intervenga para frenar la represión alentada desde esferas gubernamentales en contra de pacíficos ciudadanos oaxaqueños.
¡Es momento de unirnos y alzar la voz porque la justicia no se implora, se exige! Y el antorchismo oaxaqueño eso continuará haciendo.
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