• La informalidad y la carestía impiden a miles de familias salir adelante pese a tener un empleo
La informalidad, los bajos salarios y el encarecimiento de los alimentos evidencian las dificultades que enfrentan miles de familias para salir adelante, aun cuando tienen un empleo.
En Yucatán, tener trabajo no necesariamente significa tener una vida digna. Para miles de familias, levantarse temprano, cumplir jornadas laborales y recibir un salario al final de la semana no es suficiente para cubrir las necesidades más elementales.
La comida, la vivienda, el transporte, la educación y los servicios de salud representan gastos que cada vez pesan más sobre los ingresos de los trabajadores. Esta realidad obliga a cuestionar el discurso de crecimiento económico cuando sus beneficios no se reflejan en las condiciones de vida de la mayoría.
Las cifras del mercado laboral yucateco muestran un panorama que merece atención. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Yucatán registró en septiembre de 2026 alrededor de 435 mil 750 trabajadores formales.
Aunque durante ese mes se recuperaron 5 mil 346 puestos respecto a agosto, la entidad todavía acumuló una pérdida de mil 549 empleos formales en comparación con septiembre de 2025, según el análisis difundido por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Yucatán.
Esta diferencia demuestra que una recuperación mensual no necesariamente significa que la economía esté generando suficientes oportunidades laborales. La estabilidad del empleo también debe evaluarse en periodos más amplios y, sobre todo, por las condiciones en las que se contrata a los trabajadores.
Pero la situación no termina con la pérdida de empleos formales. Uno de los problemas más profundos es la informalidad, que continúa siendo una característica estructural del mercado laboral yucateco.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que durante el segundo trimestre de 2026 Yucatán tenía 1 millón 255 mil 687 personas ocupadas.
De ellas, 742 mil 566 trabajaban en condiciones de informalidad, es decir, el 59.1 %. En otras palabras, casi seis de cada diez trabajadores se encuentran en esta situación.
¿Qué significa esto en la vida cotidiana? Significa que cientos de miles de personas realizan actividades laborales sin contar necesariamente con contratos, prestaciones o mecanismos suficientes de protección.
Trabajan, producen, venden, construyen, transportan y prestan servicios, pero no siempre tienen garantizados derechos tan importantes como la atención médica por medio de su empleo, las aportaciones para el retiro o la protección frente a un despido.
La misma encuesta revela otro dato preocupante: 805 mil 484 trabajadores, equivalentes al 64.1 % de la población ocupada, no tenían acceso a instituciones de salud mediante su trabajo.
Esta cifra evidencia que contar con una ocupación no garantiza el acceso a la seguridad social. A ello se suma el problema de los ingresos.
Según los resultados de la ENOE, 614 mil 679 personas ocupadas percibían hasta un salario mínimo, mientras que otras 387 mil 319 recibían más de uno y hasta dos salarios mínimos. En conjunto, ambos grupos representaron el 79.8 % de la población ocupada.
Esto quiere decir que prácticamente ocho de cada diez trabajadores yucatecos se encontraron en esos niveles de ingreso. ¿Cómo puede una familia cubrir alimentación, vivienda, transporte, educación y atención médica con recursos tan limitados?
La pregunta resulta todavía más importante cuando se considera que los precios de los productos y servicios continúan en aumento.
De acuerdo con el Inegi, en septiembre de 2026 la inflación general anual en México fue de 3.45 %.
Sin embargo, el incremento de los alimentos fue mayor: el costo de la canasta alimentaria urbana aumentó 5.54 % anual y alcanzó los 2 mil 590.61 pesos mensuales por persona.
La riqueza que produce una sociedad debe reflejarse en mejores condiciones para quienes la generan.
Para una familia de cuatro integrantes, el equivalente de ese gasto representa una presión considerable sobre el presupuesto, incluso antes de considerar otros productos y servicios indispensables.
En Mérida, además, la inflación anual llegó al 4.7 % durante septiembre, de acuerdo con cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor difundidas en el análisis económico de ese periodo. Esto significa que el encarecimiento de la vida en la capital yucateca superó el promedio nacional.
Los números pueden parecer fríos, pero detrás de ellos están las familias que tienen que decidir qué comprar y qué dejar para después.
Están los padres que reducen sus propios gastos para que sus hijos puedan estudiar, las madres que buscan complementar el ingreso familiar y los trabajadores que aceptan jornadas prolongadas porque necesitan llevar dinero a sus hogares.
Por eso, resulta insuficiente presumir una tasa baja de desempleo como prueba de que las condiciones laborales son favorables.
En el segundo trimestre de 2026, Yucatán registró una tasa de desocupación de apenas 1.71 %, según la Secretaría de Economía y Trabajo estatal, con información de la ENOE.
Sin embargo, esta cifra no refleja por sí sola la calidad de los empleos, los salarios ni las prestaciones que reciben quienes sí trabajan.
Una persona puede estar ocupada y, al mismo tiempo, vivir en condiciones de precariedad económica. Puede tener empleo y no ganar lo suficiente para alimentar adecuadamente a su familia.
Una persona puede trabajar durante toda la semana y carecer de seguridad social. Esa es precisamente la contradicción que debe ponerse sobre la mesa.
El desarrollo económico no puede medirse únicamente por la llegada de inversiones, la construcción de grandes proyectos o el crecimiento de determinados sectores productivos.
Es necesario preguntarse quiénes reciben los beneficios de ese crecimiento y qué sucede con quienes sostienen diariamente la actividad económica mediante su trabajo.
Yucatán necesita una política económica que coloque en el centro a sus trabajadores: generar empleos formales, garantizar salarios suficientes, fortalecer la seguridad social, impulsar la industria y respaldar a los pequeños negocios y productores.
También es indispensable que los gobiernos destinen recursos a infraestructura y servicios públicos que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
No se trata de negar la importancia de la inversión o del crecimiento económico, sino de exigir que sus resultados se traduzcan en bienestar colectivo y no se queden únicamente en indicadores favorables.
La riqueza que produce una sociedad debe reflejarse en mejores condiciones para quienes la generan. De lo contrario, el crecimiento pierde su sentido social y se convierte en una promesa que no alcanza a llegar a los hogares.
El pueblo trabajador de Yucatán no necesita solamente oportunidades para ocuparse; necesita condiciones para vivir con dignidad.
Porque una economía que exige cada vez más esfuerzo a sus trabajadores, pero no les garantiza lo necesario para vivir, mantiene una deuda social que no puede seguir ignorándose.
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