El pasado 24 de junio, el comité municipal del Movimiento Antorchista en la capital del estado de San Luis Potosí acudió a la Unidad Administrativa, sede del Ayuntamiento municipal, para hacer entrega de un pliego de peticiones en demanda de atención a problemas y necesidades urgentes para la población marginada, agrupada en nuestra organización, que habita en las colonias y comunidades rurales del municipio de SLP; que labora o estudia en centros educativos, o que requiere la rehabilitación de sus mercados, etcétera.
No se trata de caprichos ni de tratos especiales; lo que reclaman los antorchistas es el respeto a sus derechos fundamentales, contemplados en la ley de leyes del país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata de obras y servicios de índole elemental por lo prioritarias, de no muy complicada ejecución y, sobre todo, por lo necesarias para la vida de los ciudadanos, pero también —ojo— señalados expresamente en el artículo 115 constitucional como responsabilidad de los ayuntamientos municipales, en este caso, el de SLP.
Tales obras y servicios son la introducción de servicios básicos de agua potable, drenaje y alumbrado público; la pavimentación de calles, accesos seguros y funcionales tanto peatonales como vehiculares a colonias de la periferia, rehabilitación de mercados inoperantes prácticamente desde la reubicación llevada a cabo hace décadas, ajuste a contribuciones municipales que permitan el cumplimiento de los requisitos para la regularización de colonias, apoyo a estudiantes e instituciones educativas que lo requieren, entre otras. Todas, indispensables para el buen desarrollo social y humano de los habitantes del municipio.
Todo está debidamente sustentado en derecho, ya que se encuentran previstas explícitamente en la Constitución, en sus artículos 1°, 5°, 6° y demás relativos. Por ejemplo, el necesario respeto al derecho a un trabajo digno, siempre y cuando sea lícito, etcétera.
Es decir, no se trata de caprichos ni de tratos especiales; lo que reclaman los antorchistas es el respeto a sus derechos fundamentales, contemplados en la ley de leyes del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y no hay vuelta de hoja: la autoridad debe dar respuesta y satisfacción a lo demandado, por mandato de ley.
La comisión presentadora del pliego petitorio solicitó, en ese mismo acto —como es su derecho también—, una audiencia con el señor presidente municipal para expresarle personalmente y allegarle las pruebas necesarias del carácter urgente de la oportuna atención de la autoridad a los problemas y necesidades de la población afectada.
Esa audiencia, inexplicablemente, sigue sin tener fecha para su realización, lo cual es bastante preocupante, porque varias de las demandas planteadas en el actual pliego petitorio fueron abordadas con la presente administración desde inicios del trienio anterior; algunas incluso acordadas y aprobadas por el Consejo Municipal de Desarrollo, y no han sido realizadas. Por lo tanto, tal entrevista con el alcalde es absolutamente necesaria para mostrarle de manera inequívoca el nulo avance de tales obras y servicios, y, al encontrarse debidamente enterado, le haga saber al comité municipal antorchista los compromisos correspondientes de su administración.
Además, lo cual no es menos importante, resolver estas demandas de los potosinos humildes y marginados es un acto de elemental justicia social, pues nunca debe perderse de vista que, al ser el trabajo humano el creador de toda la riqueza social, las grandes masas trabajadoras merecen gozar de esta como el que más o más aún.
Por ejemplo, es evidente para los potosinos que en esta época de lluvias las calles de las colonias populares se vuelven intransitables absolutamente por no contar con pavimentación, ni con la red de drenaje, ni mucho menos con un sistema pluvial.
Por lo tanto, no es sólo la cantidad de agua acumulada en ellas, sino también la suciedad de la misma con tierra y todo tipo de contaminantes, lo que impide que la gente pueda hacer su vida normal: caminar por ellas para ir al trabajo, a la escuela, a la tienda o simplemente hacer lo que ocupe fuera de su domicilio.
Por otro lado, no tener agua potable en las viviendas, el carecer del servicio regular, etcétera, es un problema mayor, por cuanto que no es posible realizar actividades de primera necesidad como preparar alimentos, asearse, limpiar el inmueble, lavar ropa o trastes: una verdadera calamidad.
Ni qué decir de otras demandas igualmente sentidas, como el drenaje sanitario, cuya falta acarrea enfermedades gastrointestinales o de la piel, y tantos inconvenientes más. La falta de alumbrado para poder transitar por las noches con un poquito de seguridad.
Los accesos a las colonias donde atravesar el periférico a pie es un juego de ruleta rusa por las altas probabilidades de ser atropellado, y en vehículo, una pérdida de tiempo fenomenal. Lo mismo puede decirse de la urgencia de solución a las demandas de las comunidades rurales, de los estudiantes pobres que viven en el municipio, de los comerciantes, etcétera.
No hay más: se necesita, desde mi punto de vista, la intervención decidida de la autoridad municipal para resolver los problemas.
Por último, me interesa hacer una reflexión de índole general: como una de las actuales justificaciones teóricas de la existencia del Estado y, desde luego, de su función de gobierno, se dice —y aún se enseña en aulas universitarias— que es la de “un necesario ente o ser suprasocial que, al colocarse por encima de la sociedad, se encargue de garantizar el armónico desarrollo de la misma en su conjunto, sin distinciones; dotando y haciendo cuanto necesita esta para su buen y correcto funcionamiento”.
Por tanto, en buena lógica, en la medida en que esto no es así en la realidad, que no hay correspondencia con esa prédica teórica, se va perdiendo hasta el sustento de esa tan difundida como pueril justificación.
De aquí la necesidad de que la sociedad no normalice, por ningún motivo, los paliativos o la falta de soluciones reales a sus necesidades por parte de los gobernantes, sea cual sea el ámbito de responsabilidad.
Para eso, creo que es útil recordar el significado de conceptos de uso corriente que nos invitan a reflexionar, como el de mandante, que es el que emite un mandato, o sea, el que manda, y el de mandatario, que es el encargado de ejecutar ese mandato. Y para eso, es necesario organizarse, politizarse y luchar.
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