Miles de familias asentadas en alrededor de 130 colonias, entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo han esperado, durante más de tres o cuatro décadas, la certeza jurídica para habitar alrededor de 2,910 hectáreas que forman parte del polígono del Área Natural Protegida del Cañón del Sumidero; y aunque solo falta el visto bueno de la autoridad federal, es decir la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ésta no ha dado el paso.
José Padilla Aguilar recuerda que hace más de 33 años salió de San Antonio Cárdenas, Campeche, de donde es originario, para llegar a la colonia Julio César Ruiz Ferro, del lado del Pueblo Mágico chiapacorceño, y de esa manera reiniciar su vida, en ese entonces, junto a su esposa y tres hijos (en la actualidad ya son 5, más sus yernos, nueras y nietos).
A él prácticamente le ha tocado sufrir el desinterés de algunos gobiernos tanto municipales como estatales, hasta gozar del apoyo de otros. Pero fue con la organización Antorcha Campesina con la que ha habido más avances y las obras han aterrizado no solo en su colonia, sino en otras que están en el polígono de la ANP a base de lucha, de gestión.
“Sí le hemos sufrido bastante, para comenzar, con lo de la luz”, acepta, y a la vez reconoce que uno de los servicios que les falta es el drenaje, pues las viviendas solo cuentan con fosas sépticas.
Quien antes era operador de maquinaria pesada y hoy se dedica a la creación de artesanías enseña al reportero su credencial de elector, y externa el anhelo de que les entreguen los documentos que le dan certeza jurídica del suelo que habitan.
José ha visto pasar a decenas de personajes de la política, quienes les prometen mejoras y hasta la regularización, pero no llega ese momento. Incluso, reprocha que el actual alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez, aún no les cumpla con la pavimentación de todas sus calles, y el avance sea “de poquito en poquito”.
“Nos pavimentó una parte con 200 metros, y en otra que van a comenzar con otros 200 metros”, recuerda. Aunque también está consciente de que muchas veces no se puede hacer más.
Cuando él llegó a la Julio César Ruiz Ferro ?compuesta por alrededor de 17 hectáreas y donde el 60 por ciento de sus calles ya tiene pavimento? había, si mucho, 50 casitas; en la actualidad la población ya alcanza las 8 mil personas, establecidas en 85 manzanas, más otra ampliación con otras 20 “has”.
A pesar de que para el hombre de 68 años de edad la palabra desincorporación ha sido el pan de cada día, solo anhela que la presidenta del país firme el decreto y ellos puedan pagar sus respectivas contribuciones.
María Luisa Méndez Calvo, oriunda de Tuxtla Gutiérrez, ha vivido en esta misma colonia, la Ruiz Ferro, desde hace 27 años con su marido, cuatro hijos y cinco nietos.
“Cuando nos venimos aquí no había calle, era puro monte, no había ni luz, ni agua y mi casita era de tablitas y lámina de cartón”, refiere. Hasta hace poco tiempo, logró tener ya su casa de concreto.
Si en la actualidad cuentan con la mayoría de servicios públicos, dice, es porque recibieron el respaldo y acompañamiento de la agrupación Antorcha Campesina.
María se siente contenta porque, en 2025, le pavimentaron su calle, pero su sueño es tener en sus manos las escrituras de su vivienda; “y que nos den ya el drenaje, porque se sufre en ese tema”.
Como don José, la mujer de 74 años de edad argumenta que tiene su credencial para votar y además recibe, desde que tenía 68, el apoyo de gobierno federal para adultos mayores. “Mi esposito también lo recibe”, afirma y confía en que el gobernador Eduardo Ramírez fungirá como un buen gestor para que les entreguen sus documentos y darles certeza a sus hijos.
En diciembre de 1980, el Parque Nacional Cañón del Sumidero fue decretado con una superficie de 21,789 hectáreas. Desde hace más de 40 años, asentamientos irregulares han ocupado tierras federales en su polígono.
Aunque hasta hace unos años se contabilizan 91 colonias asentadas en esa ANP, es decir alrededor de 33 en Chiapa de Corzo y 58 en Tuxtla Gutiérrez, se calcula que ya rebasan las 130.
Se avizora la regularización antes de que culmine el 2026
Para Joaquín Zebadúa Alva, diputado federal chiapaneco por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante al menos 15 años ?a partir de que se conformaron los primeros asentamientos humanos? no hubo en realidad protección de nada y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez creció de forma desordenada.
“Muchas de estas familias no son invasoras, sino que no tenían claro que había un gravamen o decreto expropiatorio sobre esos terrenos, y se hicieron compras, ventas y fincaron ahí sus viviendas; algunos sí son asentamientos irregulares que se dieron con el tiempo, pero ya fueron desalojados”, remarca.
El también exdirector regional de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) recuerda que había una necesidad de atender esa circunstancia que era irreversible.
En cuanto al polígono de la ANP, explica que, como en esas épocas no había tecnología para hacer los estudios correspondientes y estos se hacían con rumbos y distancias, hay un “leve desfase”, por lo que uno de los vértices no se cierra.
Para evitar cualquier problema técnico-legal, agrega, la idea es cerrar ese espacio y desincorporar toda la zona que ya no tiene el objeto de conservación que promovió el decreto del Cañón del Sumidero en su momento.
Es decir ?subraya? se desincorporarán más de mil hectáreas, y luego se creará un corredor biológico con Villa Allende y El Ocote, con selva baja y mediana, que abarcará otras 4 mil “has”, lo que para él será extraordinario.
Sin embargo, lo que se requiere para ello, según el legislador e integrante de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara baja, es publicar un decreto modificatorio, pues ya se hizo un estudio técnico justificativo en el año 2016, asimismo se actualizó y se consultó, “solo falta la revisión final del decreto y su publicación… eso ‘está en la cancha’ del Ejecutivo federal”.
Con base en los acercamientos que él mismo tuvo con la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, solo se esperan unas respuestas de instancias que fueron consultadas.
Ante este panorama, para Zebadúa Alva es cuestión de pocos meses para que ya se pueda publicar el decreto, estén desincorporadas esas colonias y, lo mejor de todo, que las familias cuenten con certeza de su patrimonio y el Parque Nacional cumpla con su objeto de conservación de la selva baja y mediana de los valles centrales y del mismo Cañón del Sumidero.
Ener Caballero Figueroa, representante de la colonia Plan Chiapas, fundada en 1986 y adonde llegó desde hace 33 años, confiesa que, de 91 colonias o asentamientos humanos que existían, en la última década ya podrían ser más de 135, la mayor parte situadas del lado de Tuxtla y solo 22 en Chiapa de Corzo, con un total de 80 mil familias.
“En ese entonces ya estaban las colonias El Refugio y Pedregal San Ángel, y no existía la Ruiz Ferro, ni la Julio Obispo, entre otras”, advierte el padre de familia, quien rememora que al primer gobernador de Chiapas que le entregaron documentos para la regularización fue a Elmar Setzer Marseille.
En los últimos ocho años, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, les informaron que ya estaban cerca de la regularización, pero no se logró.
Crecimiento es palpable
Aunque de igual manera la colonia Plan Chiapas, ubicada en Chiapa de Corzo, empezó con pocas familias, en la actualidad es habitada por casi cinco o seis mil personas, distribuidas en cerca de 1,800 lotes. Por el momento, solo tiene un jardín de niños y niñas y una primaria.
Lo más importante para las familias, es que cuentan con un Centro de Salud que, inclusive, cuenta con buenos servicios, suficiente personal y medicamentos, para la atención no solo de las personas de Plan Chiapas, sino de otras ocho colonias.
Para él, sin duda, con el actual gobierno chiapaneco se palpan más posibilidades de que la llamada desincorporación se logre, junto a la firma del decreto. “Aunque hay algunos peros, porque hay dos colonias en la reserva, El Roblar y La Ilusión, asentadas desde hace como cinco años, pero están dentro del polígono y no serían beneficiadas”.
Después de décadas de espera, miles de familias siguen aguardando el documento que les dé certeza sobre el lugar que llaman hogar.
Confiesa que esas familias deberían ser reubicadas en menos de dos meses, pues también merecen un espacio donde vivir, para lo cual el gobierno del estado al parecer ya cuenta con 5 “has”.
Ener cree importante que la barda perimetral sea construida en su totalidad, y que se proteja al 100% el Cañón del Sumidero. De hecho, informa que el delegado de Gobierno en la zona Metropolitana, Nicolás Alegría, les dejó en claro que se tienen 40 millones de pesos para terminarla.
Para el entrevistado, si la presidenta Claudia Sheinbaum no firma el decreto en un lapso de 60 días, será complicado que llegue una solución, sobre todo porque ya se acercan las elecciones. “Se suspendería todo y nos volveríamos a quedar unos tantos años más”, alerta.
Según él, hace días le solicitó a la delegación de la Conanp que fuera intermediaria para solicitar una mesa de trabajo para buscar alternativas y que por lo menos les entreguen un documento que les dé certeza jurídica, “no hablamos de la escritura, pero estaríamos más tranquilos, porque si no, no habrá para cuándo… por eso no entendemos por qué hay trabas”.
Y lo mejor de todo, que Plan Chiapas cuente con todas sus calles pavimentadas, pero principalmente el drenaje sanitario, una de las carencias más importantes para ellos.
“Pero si nos ponen trabas porque nos consideran irregulares, ¿entonces por qué no nos impiden votar, si somos irregulares? ¡Ahí sí somos regulares!”, se cuestiona el hombre originario del ejido Cuauhtémoc, municipio de Jiquipilas, y recuerda que, si llegaron a vivir a esas colonias, fue por necesidad.
Pero Ener, quien reconoce que al caminar con Antorcha Campesina han avanzado más, no solo se va con la falta de drenaje, sino que luego enlista otras necesidades: como mayor seguridad, un domo, una cancha o espacio lúdico, entre otras.
Pero la necesidad de la gente de contar con un espacio para vivir es latente. Prueba de ello es que en un enorme hueco que dejó una empresa trituradora, en el mismo Plan Chiapas, hay viviendas construidas.
Muchas familias, acepta, también se fue porque no aguantaron factores como el ruido y las vibraciones que generaba esa compañía, o la falta de agua, o la carencia de otros servicios.
En El Refugio, una de las primeras colonias asentadas en la ANP y cuyos habitantes tuvieron que soportar intentos de desalojo, María de Jesús Sánchez Enrpiquez, una de las fundadoras de esta colonia, tenía que buscar cómo hacerle como madre soltera de tres hijas, y lo único que le quedó fue instalarse en esta zona.
De hecho, es originaria de Villaflores, pero radicó varios años en Tuxtla Gutiérrez, hasta que salió la oportunidad de habitar El Refugio. “Primero compré el terrenito, luego, con esfuerzo, empecé a construir mi casita de lámina y cartón”.
A la mujer de 65 años, quien se ha ganado cada peso lavando ropa en casas ajenas y también como empleada de una empresa panadera, le gustaría contar con sus escrituras, y que éstas pasen a manos de sus futuros herederos para que tengan certeza, es decir como a las 10 personas que viven en su domicilio.
En la actualidad, esta colonia está poblada por alrededor de 2 mil familias, mismas que carecen, como las otras asentadas en la ANP, del sistema de drenaje y otros servicios más.
Falla de origen
Entrevistado por aparte, Guillermo Santiago, diputado federal por Morena, distrito IX de Tuxtla Gutiérrez, afirmó que, ante la falta de certidumbre legal, era complejo otorgarles a esas colonias servicios públicos: desde agua, drenaje, hasta electrificación y pavimentación de calles.
Para él, dijo, el error comenzó el 1 de enero de 1980 cuando se creó la reserva del Cañón del Sumidero y no se contempló que en esa zona ya existían asentamientos humanos.
“Ya son más de 90 colonias, ahora podemos hablar de alrededor de 60 mil predios, es decir la tercera parte de la ciudad (en referencia a Tuxtla)”, enfatizó.
Con la tan anhelada desincorporación, recalcó que se busca garantizar el cuidado del medio ambiente, dotar de certidumbre jurídica y legal de miles de personas y dotarlas de todos los servicios públicos.
Aunque existe una barda perimetral para delimitar el polígono de la ANP y detener el crecimiento urbano, reconoció el esfuerzo que hacen instancias como la Conanp, la Semarnat y el gobierno del estado para que haya orden y la gente obtenga certidumbre.
También resaltó que cada colonia esté consciente del cuidado que debe de haber en esa zona para que no se originen asentamientos irregulares y haya una afectación a la ANP.
“Por el momento, todo es un tutifruti, porque hay algunas colonias que no tienen agua, otras no tienen todas sus calles pavimentadas”, advirtió el legislador, quien calculó que el 70 por ciento de esa zona carece de algún servicio básico.
Lo que más le duele, aseveró, es que hay abogados o notarios públicos que se aprovechan de la gente con el tema de la regularización y les cobran diferentes cantidades de dinero sin lograr ese trámite, cuando en realidad lo que se requiere es el decreto presidencial.
Legislación ambiental requiere de una "manita de gato"
De nueva cuenta, el diputado federal Joaquín Zebadúa explicó que solo faltaría hacer una revisión a fondo de toda la legislación ambiental que “viene del 88 y con unas modificaciones en los 90’s, pero a 30 años de su plena vigencia, ya necesitan una cirugía mayor, en lugar de pequeñas reformas”.
Para ello, puntualizó que tienen una propuesta base que les envió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que se iniciará con un proceso de consulta y foros para llegar a la mejor propuesta posible en cuanto a una modificación profunda de la Ley General de Equilibrio Ecológico y parcial de la Ley de Vida Silvestre y la de Desarrollo Forestal Sustentable.
Esperanza y decepción
El diecisiete de agosto de dos mil veintiséis, en la Ciudad de México, se llevó a cabo una mesa de trabajo formal entre funcionarios del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y los representantes comunitarios integrados por los presidentes y comités de las colonias Plan Chiapas y Ruiz Ferro, quienes acudieron en representación del bloque de colonias del Cañón del Sumidero.
Durante el desarrollo de la reunión, la representación institucional, con base en los informes del director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), puso sobre la mesa que se tiene pleno conocimiento de la mesa de trabajo periódica establecida en el estado de Chiapas para dar cauce a la regularización de los asentamientos ubicados en el Cañón del Sumidero, abarcando tanto a Tuxtla Gutiérrez como a Chiapa de Corzo.
En este espacio se ventiló el acuerdo político previamente alcanzado con la Presidencia de la República, en virtud del cual el Gobierno del Estado de Chiapas asumió el compromiso de construir una barda perimetral con el propósito definitivo de contener nuevas invasiones y proceder a la regularización jurídica de más de cien colonias. Para tal efecto, la administración estatal aceptó la encomienda, asignando la ejecución de la obra a la Secretaría de Humanismo, dependencia que, según los reportes expuestos, ya se encontraba en la fase de formalización de contratos.
Sin embargo, el procedimiento institucional tropezó con un obstáculo técnico y jurídico. Si bien el dictamen técnico emitido por la CONANP como sustento para el decreto de regularización contemplaba a la totalidad de las comunidades involucradas, este excluía expresamente a dos asentamientos de reciente creación.
La parálisis total del procedimiento sobrevino cuando el diputado Guillermo Santiago interpuso un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo la inclusión de estas dos colonias de reciente formación dentro del decreto original. En los círculos de discusión política y callejera, se señala de manera reiterada que el líder de dichos asentamientos irregulares fue privado de la libertad por la comisión de delitos ajenos a esta materia, quedando al frente una estructura operativa vinculada directamente a la red política del legislador en cuestión, situación que mantiene entrampado un proceso de regularización vital para miles de familias chiapanecas.
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