• Intoxicaciones por clembuterol en rastros locales de Aguascalientes afectan salud de miles de familias y exigen mayor vigilancia estatal
Aguascalientes suele aparecer en los primeros lugares nacionales cuando se habla de producción pecuaria. Gobiernos estatales y organismos empresariales destacan con frecuencia que la entidad se ha consolidado como una potencia en la producción de carne, gracias al crecimiento de su infraestructura ganadera, los rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y las exportaciones hacia distintos mercados nacionales e internacionales.
El derecho a una alimentación segura forma parte del derecho a la salud y no puede quedar subordinado a intereses económicos.
Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito existe una realidad que preocupa a médicos, consumidores y especialistas en salud pública: la persistencia de casos de carne contaminada con clembuterol.
Aunque el uso de esta sustancia está prohibido en México para la engorda de ganado destinado al consumo humano, periódicamente las autoridades sanitarias detectan animales o productos cárnicos contaminados. El problema no es menor.
Se trata de una práctica ilegal que puede poner en riesgo la salud de miles de personas y que revela las limitaciones de los mecanismos de inspección y vigilancia sanitaria.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Aguascalientes mantiene una importante participación en la producción nacional de carne bovina y porcina. Esta actividad genera miles de empleos directos e indirectos y representa uno de los pilares de la economía estatal.
Tan sólo la cadena pecuaria involucra a productores, transportistas, comerciantes, médicos veterinarios, empacadoras y establecimientos dedicados a la venta de carne.
Precisamente por esa importancia económica, cualquier problema relacionado con la calidad e inocuidad de los alimentos adquiere una dimensión social que no puede minimizarse.
¿Qué es el clembuterol y por qué está prohibido?
El clembuterol es un medicamento utilizado para tratar enfermedades respiratorias en animales y, en algunos países, también en seres humanos bajo estricta supervisión médica. Sin embargo, algunos productores lo emplean ilegalmente para acelerar el crecimiento muscular del ganado y reducir la grasa corporal, obteniendo animales con mayor rendimiento comercial en menos tiempo.
El problema es que los residuos del medicamento permanecen en la carne y pueden llegar hasta el consumidor.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advierte que el consumo de carne contaminada con clembuterol puede provocar taquicardia, dolor de cabeza, temblores musculares, nerviosismo, aumento de la presión arterial, mareos e incluso complicaciones más graves en personas con enfermedades cardiovasculares, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños.
Cada año se reportan en distintas entidades del país casos de intoxicación relacionados con esta sustancia, especialmente cuando se consume hígado o vísceras, donde suele concentrarse una mayor cantidad del medicamento.

¿Por qué sigue ocurriendo?
La pregunta resulta inevitable. Si el uso del clembuterol está prohibido desde hace años y existen mecanismos de inspección, ¿por qué continúan apareciendo casos?
Especialistas en producción pecuaria coinciden en que detrás de esta práctica existe un incentivo económico. El clembuterol permite obtener animales con mayor masa muscular en menos tiempo, reduciendo costos de producción y aumentando las ganancias para quienes deciden utilizarlo de manera ilegal.
En otras palabras, algunos productores privilegian la rentabilidad inmediata sobre la salud de los consumidores.
Sin embargo, reducir el problema únicamente a la responsabilidad individual sería insuficiente. También existe una responsabilidad institucional relacionada con la vigilancia sanitaria.
Las inspecciones oficiales no alcanzan a cubrir la totalidad de la producción pecuaria nacional. Muchos rastros municipales continúan operando con limitaciones técnicas, mientras que buena parte del comercio de carne ocurre fuera de los canales de certificación más estrictos.
Cuando el negocio vale más que la salud
El problema del clembuterol refleja una contradicción más profunda del modelo económico.
"Cuando la producción se orienta principalmente a maximizar ganancias, siempre existe el riesgo de que algunos actores intenten reducir costos o aumentar utilidades sin importar las consecuencias para la población. La salud pública no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes producen alimentos."
El dirigente considera que el Estado debe fortalecer considerablemente la supervisión sanitaria y garantizar que toda la carne comercializada cumpla con los estándares establecidos.
"No basta con actuar cuando aparecen intoxicaciones. La vigilancia debe ser permanente y suficiente para impedir que prácticas ilegales lleguen hasta la mesa de las familias."
Las familias trabajadoras son las más vulnerables
Quienes más resienten este problema son las familias de ingresos bajos y medios.
Mientras los sectores con mayor poder adquisitivo pueden acceder con mayor facilidad a establecimientos especializados o productos certificados, millones de trabajadores adquieren carne en mercados populares, carnicerías de barrio o pequeños establecimientos donde muchas veces desconocen el origen del producto.
Cuando ocurre una intoxicación, además del riesgo para la salud aparece otro problema: el gasto médico.
Para una familia trabajadora, acudir a consulta, comprar medicamentos o dejar de trabajar varios días puede representar un golpe importante para su economía. Si la persona afectada es el principal sostén del hogar, las consecuencias económicas pueden extenderse durante semanas.
Paradójicamente, también resultan perjudicados miles de pequeños ganaderos que cumplen con la normatividad. Cada vez que aparece un caso de clembuterol disminuye la confianza de los consumidores y se afecta la imagen de toda la cadena productiva, incluso de quienes realizan correctamente su trabajo.
Más inspección y mayor apoyo a los productores
El debate no debe centrarse únicamente en castigar a quienes incumplen la ley. También resulta indispensable fortalecer los programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento para pequeños productores que muchas veces enfrentan elevados costos de producción.
Asimismo, especialistas consideran necesario ampliar la capacidad de laboratorios, incrementar los muestreos aleatorios y reforzar la vigilancia sanitaria tanto en rastros municipales como en puntos de venta.
El derecho a una alimentación segura forma parte del derecho a la salud y no puede quedar subordinado a intereses económicos.
"El pueblo trabajador ya enfrenta salarios bajos, inflación y dificultades para adquirir alimentos. Lo mínimo que puede exigir es que aquello que lleva a su mesa no represente un riesgo para su familia. La salud debe colocarse por encima de cualquier interés comercial."
La confianza también se construye con vigilancia
Aguascalientes posee las condiciones para seguir siendo una potencia ganadera nacional. Cuenta con productores responsables, infraestructura importante y experiencia en la actividad pecuaria. Sin embargo, conservar ese liderazgo exige mucho más que producir grandes volúmenes de carne.
Requiere garantizar que cada producto que llega al consumidor cumpla plenamente con las normas sanitarias.
La verdadera fortaleza de una industria alimentaria no se mide únicamente por toneladas producidas o exportaciones alcanzadas, sino por la confianza que inspira entre quienes consumen sus productos.
Mientras persistan casos de clembuterol, esa confianza seguirá enfrentando un desafío que afecta, sobre todo, a quienes menos posibilidades tienen de protegerse: las familias trabajadoras mexicanas.
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