Mientras más de 600 colonias reciben agua amarillenta, el Movimiento Antorchista y especialistas exigen un plan hídrico integral frente al acaparamiento privado.
La zona metropolitana de Guadalajara enfrenta una crisis sanitaria por el suministro de agua turbia y maloliente. Lejos de ser un fallo temporal, la mala calidad del líquido se ha convertido en una constante en la vida cotidiana de las 600 colonias.
El malestar de los tapatíos ha trascendido en manifestaciones y quejas formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa); sin embargo, las familias denuncian que, a pesar de recibir un agua insalubre que no resulta apta ni para las tareas básicas del hogar, las facturas Siapa llegan con puntualidad.
La crisis no es nueva; arrastra un histórico abandono institucional y fallas en la red de distribución. La presión social llevó al gobernador Pablo Lemus Navarro a intervenir en la administración del Siapa, derivando la remoción de Antonio Juárez Trueba de la Dirección General y el nombramiento de Ismael Jáuregui Castañeda en su reemplazo. Lemus Navarro, reconoció públicamente las pretericiones en gestiones pasadas, señalando que el organismo requiere una reingeniería administrativa tras años de abandono.
Aún con estos cambios, el nuevo titular del Siapa ha dejado plantado al Congreso del Estado en dos ocasiones, dejando en el aire las explicaciones que exige el poder legislativo sobre el plan de saneamiento. Por ello, el gobierno del estado, a través de su Secretaría General del Gobierno, presentó a mediados de julio el Plan Hídrico Estatal al Congreso de Jalisco, tras cuatro meses, el cual aborda medidas inmediatas de mitigación y obras de infraestructura a mediano y largo plazo.
Ante la propuesta hídrica del gobierno, el Dr. Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y experto en gestión hídrica, advirtió que el proyecto corre el riesgo de replicar modelos obsoletos que no resuelven el problema de fondo.
El especialista cuestiona que, pese a contemplar una inversión de 25 mil millones de pesos, la estrategia carece de un diagnóstico científico riguroso que determine con precisión qué ocurre en la red subterránea y por qué el agua llega turbia y con mal olor a los hogares. Asimismo, señala que, sin indicadores claros sobre dónde se contamina el agua o en qué tramos se registran las fugas, cualquier plan se reduce a una serie de parches.
Gleason sostiene que la medida gubernamental se limita a una visión extractiva enfocado en “traer más agua” de fuentes fijas (como el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara), en lugar de transitar hacia un modelo sustentable basado en la gestión integral del ciclo hídrico (captación pluvial, reparación profunda de la red, tratamiento adecuado y reúso).
Por ello, ha insistido en crear una mesa técnico-científica independiente, integrada por la academia y la sociedad civil, para auditar las soluciones; una iniciativa que, hasta el momento, ha sido ignorada por el gobierno estatal y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIA).
Por su parte, el Movimiento Antorchista en Jalisco (MAJ) también se suma a la denuncia de que los relevos de funcionarios e intervenciones mediáticas no atacan el problema; Mariano Cariño Méndez, representante del MAJ en la entidad, señaló en entrevista que el agua dejó de guiarse por el derecho humano para regirse por la capacidad económica de pago.
Asimismo, señaló que el modelo de concesiones impulsado en las últimas décadas favoreció la concentración de los recursos en sectores industriales, agrícolas y desarrollos inmobiliarios, dejando a las colonias populares en la marginación hídrica.
Cifras del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) respaldan la disparidad en la distribución del volumen hídrico en la zona:
-Inmobiliarias: Doce empresas del sector inmobiliario retienen 36,735 millones de litros anuales, cifra equivalente al consumo promedio de 1.6 millones de personas.
-Desarrollos de lujo: Cuatro complejos habitacionales de alta gama extraen 7,860 millones de litros al año, volumen suficiente para abastecer a 215,000 habitantes.
-Industria cervecera y refresquera: Cuatro consorcios consumen 8,319 millones de litros al año.
-Industria química: Cuatro empresas del ramo acaparan 6,877 millones de litros.
A esta concentración se suma la falta de retribución justa por el uso del recurso. Los registros del Imdec señalan desfases significativos; la firma Urbi Construcciones del Pacífico en Tonalá extrajo 15,600 millones de litros anuales reportando un pago de cero pesos entre 2018 y 2019; mientras que Reserva del Bosque en Guadalajara consumió 3,000 millones de litros al año abonando únicamente 1,991 pesos en el mismo periodo.
La crisis en el Área Metropolitana de Guadalajara se enmarca en un escenario nacional crítico. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que 114 de los 653 acuíferos subterráneos se encuentran sobreexplotados, mientras que 104 de las 757 cuencas hidrológicas presentan un déficit en su disponibilidad media anual. Esta presión estructural responde a un modelo de uso inequitativo a nivel nacional, donde el sector agrícola absorbe el 76 por ciento del volumen hídrico total, orientado en gran medida a la agroexportación, dejando un reducido 14.9 por ciento para el abastecimiento público y el porcentaje restante para la industria autoabastecida y la generación de energía.
Frente a este panorama donde la respuesta gubernamental es vista como insuficiente, el Movimiento Antorchista y las advertencias de la academia coinciden en un punto central: la solución no es la contención mediática ni la inversión ciega en recursos, sino el cumplimiento estricto al artículo 4.º constitucional, que garantiza el derecho a un agua salubre, aceptable y asequible, a través de un Plan Hídrico Estatal Integral.
El MAJ propone cuatro ejes fundamentales:
1. Garantizar que el agua se destine prioritariamente a asegurar la vida y el acceso universal de todos los jaliscienses.
2. Destinar recursos económicos suficientes para reparar, modernizar y renovar la red hidráulica obsoleta. En sintonía con la crítica de la Universidad de Guadalajara, se exige que la asignación de recursos a la infraestructura no se destine a obras a ciegas sino a un monitoreo científico de la red, reparación profunda de fugas y modernización técnica basada en indicadores reales de contaminación y pérdida.
3. Integrar formalmente a las colonias populares y zonas marginadas en las planificaciones de desarrollo urbano para asegurar redes de drenaje y saneamiento.
4. Desarrollar proyectos urgentes de control de inundaciones y mejora del drenaje pluvial, es decir, sustituir la visión extractiva tradicional por proyectos urgentes de captación de agua de lluvia, control de inundaciones y reúso de agua tratada, abriendo paso a la creación de una mesa técnico-científica e independiente que audite y supervise las soluciones en el estado.
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