Como se ha hecho costumbre los últimos siete años, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados se ha convertido en un ritual, un mero trámite, ya que a dicha propuesta no se le hacen modificaciones, o se le hacen muy pocas, como acaba de ocurrir recientemente con la propuesta de presupuesto 2026, donde los recortes y reasignaciones presupuestales que se consideraron fueron únicamente aquellos propuestos por el bloque mayoritario morenista y sus aliados.
En estas condiciones ni pensar en una discusión seria para realizar modificaciones sustanciales en la distribución de los recursos.
En Yucatán las cosas no están mejor; al contrario, pasamos de 146 mil 502 millones en 2025 a 137 mil 771 millones para 2026, una disminución de 8 mil 731 millones.
Así, el pasado 4 de noviembre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por 39 votos a favor y 15 en contra el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, sin modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.
Dicho documento establece un gasto neto total de 10 billones 193 mil millones de pesos para 2026, es decir, un incremento de 891 mil 667 millones de pesos más con respecto a 2025. Posteriormente, el pleno del Congreso de la Unión aprobó dicha propuesta con ligeras modificaciones, todas ellas acorde a los intereses del grupo oficialista mayoritario.
El gasto programable tiene un incremento de 5 % en términos reales y será de siete billones 94 mil millones de pesos, orientado a la generación de bienes, servicios y obras públicas; y el gasto no programable, es decir, el integrado por el costo financiero de la deuda, las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios y el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, será de tres billones 98 mil millones de pesos.
De nueva cuenta, las cosas no pintan bien para la clase trabajadora, porque en el gasto público se priorizan recursos para la continuidad de proyectos de infraestructura y programas sociales, es decir, se plantea continuar con la expansión y rehabilitación de redes ferroviarias y la modernización de puertos y carreteras, inversión de recursos para abasto de energía, proyectos de producción y refinación de hidrocarburos, entre otros; pero ¿dónde quedan todas las demás obras de infraestructura social y de servicios que tanto se necesitan?
Vivienda, introducción y ampliación de servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje, pavimentación de calles, escuelas, hospitales, medicinas, espacios recreativos, deportivos y culturales, inversión al campo, entre muchas otras cosas más que necesitan las familias pobres de este país.
En Yucatán las cosas no están mejor, al contrario, pasamos de 146 mil 502 millones en 2025 a 137 mil 771 millones para 2026, una disminución de 8 mil 731 millones, y aun cuando las autoridades estatales hablan de que esta cantidad no representa una reducción de recursos, sino una “recomposición” programática tras la conclusión de obras como el Tren Maya y las plantas de electricidad de ciclo combinado Mérida IV y Valladolid I, lo cierto es que la falta de concreción de qué y cómo se implementarán los proyectos de obra social deja en la incertidumbre en qué se aplicarán los recursos.
El gobierno del estado, a través del secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, afirma que la “reorganización” de los recursos permitirá redirigir fondos hacia nuevas áreas estratégicas que aseguren la continuidad y aprovechamiento de las inversiones previas, operación y mantenimiento de infraestructura ferroviaria y de energía para “garantizar” que los beneficios de estas obras impulsen el desarrollo económico local.
En el ramo de la salud, se dice que se creó el nuevo Ramo 56 “IMSS Bienestar”, que le fueron asignados mil 159 millones, 81 millones más que el año anterior, para fortalecer los servicios hospitalarios y regionales de alta especialidad y mejorar el acceso a la salud en todo el estado.
En materia de obra pública, el presupuesto proyecta un aumento de 3 mil 252 millones de pesos respecto a 2025 o 618 millones si se excluye el Tren Maya.
No se dice nada sobre qué ocurrirá con la inversión al campo, qué pasará con la seguridad, con el apoyo al deporte, la cultura y la educación, pues, aunque se habla de un incremento en este último rubro, este se concentra principalmente en becas y no en construcción de infraestructura educativa o en el combate al rezago educativo y ya ni qué decir de los grandes pendientes en el área de la salud.
Cierto es que no hay que buscar prietitos en el arroz, pero cada año, el gobierno en turno dice que con los recursos que se aplicarán al año siguiente, las cosas mejorarán para los más necesitados, pero los resultados saltan a la vista.
La desigualdad y la pobreza persisten pese a los “buenos” deseos y “compromisos” de las autoridades de todos los niveles.
Yucatán es una entidad que será de las más castigadas con los recortes propuestos por la Federación, aunque a este se le llame “reorganización”, pues al gasto programable le recortan el 11.7 % y en el Ramo 20, correspondiente a los programas del Bienestar, le recortan 6 mil 408 millones.
Con todo y reorganización del egreso, el Presupuesto 2026 deja nuevamente en la orfandad a miles de yucatecos, en particular aquellos que viven en el campo, cuyo trabajo es indispensable para alimentar a la sociedad.
La disminución de los recursos federales da pie a que el gobierno local siga argumentando falta de recursos para atender las necesidades de vivienda, educación, recursos para el campo, salud, servicios básicos, empleos mejor pagados, apoyo al deporte y la cultura, etcétera, que tanto apremian a los yucatecos humildes.
A los antorchistas y a los pobres en general, nos conviene entender que estamos lejos de tener gobiernos preocupados verdaderamente por acabar con el sufrimiento de las grandes masas populares, no importa que se autodenominen “gobierno de los pobres” o que se diga que “no hay gobierno rico con pueblo pobre”; y que debemos disponernos a mantener la unidad y acrecentarla llamando a todos a tomar consciencia de la situación que vivimos y luchar por transformarla.
Porque si bien el Presupuesto de Egresos no acabará con la pobreza, sí puede servir para resolver parte de las numerosas necesidades que sufren los sectores más vulnerables del estado. La disminución de los recursos, dígase lo que se diga, está destinada a mantener lo existente y a sostener el aparato burocrático, mientras que se siguen deteriorando sectores esenciales como el campo, la educación y la salud, así como las condiciones materiales de vida de las clases trabajadoras.
En Yucatán se necesitan más y mejores empleos, que el estado reoriente el gasto social hacia quienes más lo necesitan con más obras y servicios. Todo lo demás son cantos de sirena que buscan adormecer al pueblo pobre para que no se organice y luche como uno solo, por una vida más humana y digna, la cual es posible y necesaria.
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