“Pero nos lo ha podrido el enemigo,
degollaron su alma en nuestras manos”
Silvio Rodríguez
La principal causa de muerte entre los jóvenes mexicanos de 15 a 24 años el año pasado fue el asesinato. Un dato escalofriante que retrata el peligro de ser joven en nuestro país.
En 2024, siete de cada diez asesinatos fueron contra personas de 15 a 44 años, la inmensa mayoría hombres, cada vez más jóvenes, usados como “carne de cañón” y colocados en la primera línea de batalla como sicarios, halcones o narcomenudistas, lo que resulta en un periodo de actividad corta y una alta mortalidad.
El bienestar de los mexicanos ya no es siquiera un buen deseo, sino solo un eslogan que a algún vivo se le ocurrió para engañar incautos y conseguir votos.
Las muertes por homicidio de jóvenes no paran de aumentar: hace dos décadas, en 2004, las víctimas de entre 20 y 29 años sumaban poco más de 2 mil, pero en 2024 llegaron a más de 9 mil (México social).
Esto ocurre a pesar de que el Artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades de garantizar que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.”
En el sexenio de López Obrador, cada día fueron asesinadas 6.6 personas de 0 a 17 años. Una mala noticia. Pero peor aún es que en lo que lleva el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo la cifra creció a 7.3; es decir, la incidencia de homicidios de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional aumentó en 0.7 homicidios diarios. La muerte ronda cerca; las anteriores no son cifras frías y lejanas.
El 23 de agosto pasado apareció muerta en las afueras de la primaria de la colonia Valle Verde de Tijuana una jovencita de escasos 16 años. Su cuerpo presentaba señales de violencia, golpes y tiros en la cabeza. Su familia abandonó su domicilio tras ser amenazada por los asesinos de su hija, quienes, según la versión del padre, reconocieron haberla ultimado por vender droga y hacerles “competencia”.
De manera similar, el 8 de septiembre, a una semana de la escritura de estas líneas, se encontraron algunas partes del cuerpo de un joven de 17 años en una caja de repartidores de alimentos en motocicleta, en el Ejido Matamoros. Su cabeza fue localizada y exhibida a unas cuadras del resto del cuerpo.
Un gobierno que no puede garantizar a los ciudadanos ni lo más básico —el derecho a la vida—, que no asegura a nuestros niños y jóvenes el futuro ni el derecho al desarrollo, es un gobierno que ha caído en el más absoluto de los fracasos. El Estado moderno, surgido de la derrota de los regímenes absolutistas del feudalismo, se fundó bajo la premisa de que el único soberano es el pueblo, que de alguna manera delega dicha soberanía en el gobierno. En el Artículo 39 de nuestra Carta Magna se lee: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Es decir, se otorga al gobierno el poder necesario para tomar las decisiones que garanticen la paz social, la seguridad de las personas y su bienestar.
Pero en nuestra sociedad hemos llegado a un punto en el que el gobierno mexicano ya no garantiza ni la paz social ni la seguridad de los individuos; un punto en el que las fuerzas públicas (ni la Marina, que se presumía como la institución más respetada, se salvó de ser exhibida en sus más altos niveles de corrupción) están en el más completo desprestigio, por lo que los ciudadanos les temen a veces más que a los propios delincuentes.
Tampoco se garantiza el bienestar social, por más que se endilgue esta etiqueta a secretarías de Estado, oficinas municipales o estatales, o a programas y a las más diversas instituciones (IMSS-Bienestar, Banco del Bienestar…).
Los ciudadanos, sobre todo quienes sobreviven apenas con los insuficientes salarios de las fábricas, los jornales y otros empleos, no logran costear una alimentación sana y suficiente, ni educación o recreo, ni siquiera lo necesario para atenderse cuando son afectados por una enfermedad o un accidente.
El bienestar de los mexicanos ya no es siquiera un buen deseo, sino solo un eslogan que a algún vivo se le ocurrió para engañar incautos y conseguir votos.
Votos que benefician a aquellos que, al llegar al poder, se sienten legitimados por la abdicación del pueblo de su soberanía. Por ello, tras su elección, se consideran autorizados para ejercer el poder sin restricción alguna, como dueños absolutos de las vidas y las haciendas de sus electores.
Pero no olvidemos que el pueblo soberano es la fuente de toda autoridad y poder; mejor aún, recordemos que el pueblo, más allá de un conjunto de habitantes de un territorio, es socialmente la gente común y humilde, la que con su esfuerzo mantiene viva y productiva a la sociedad, generando con sus manos toda la riqueza de la nación al aprovechar y transformar los recursos naturales de México y toda clase de materias primas.
Ese pueblo, como lo establecieron los constituyentes para que tuviéramos la oportunidad de defendernos de avasallamientos y explotaciones brutales o simuladas, es el que “tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Sí, tenemos ese derecho y tenemos esa obligación para con nuestros hijos y las futuras generaciones, para que no sigan siendo carne de cañón ni víctimas de las políticas oficiales. Pero para hacerlo valer, hay que ponernos de pie, como un solo hombre, con un ideal claro y común.
Sólo así, conscientes y organizados, haremos valer la fuerza del pueblo y cambiaremos las cosas de raíz en beneficio del propio pueblo trabajador.
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