• El incremento presupuestal en seguridad para 2027 ignora las carencias de la población
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 plantea un incremento importante en los recursos destinados a las instituciones encargadas de la seguridad.
De acuerdo con información publicada por El Economista, el presupuesto de la Guardia Nacional pasaría de 23 mil 492.8 millones de pesos aprobados para 2026 a 31 mil 486.6 millones para 2027, lo que representa un aumento nominal de alrededor del 34 %.
Ante este escenario cabe preguntarnos: ¿qué lugar ocupan las necesidades sociales de millones de mexicanos dentro de las prioridades presupuestales del país?
La seguridad es, sin duda, una condición indispensable para que las familias puedan vivir y trabajar tranquilamente.
Sin embargo, la seguridad no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del número de elementos, patrullas o recursos destinados a las corporaciones.
Un país también necesita seguridad social, empleos dignos, educación, salud, vivienda y servicios públicos. Cuando una familia carece de estas condiciones, enfrenta una realidad que difícilmente puede resolverse únicamente mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
El propio Paquete Económico 2027 presentado por la Secretaría de Hacienda contempla incrementos para distintos rubros. El gobierno federal informó que el proyecto considera aumentos de 10.7 % para educación, 11.3 % para salud, 11.5 % para seguridad y 20.6 % para el campo.
Por ello, la discusión no debería reducirse a seguridad sí o seguridad no, sino a determinar si la distribución de los recursos responde de manera suficiente a las necesidades de la población.
El problema es que millones de mexicanos continúan enfrentando carencias que limitan sus posibilidades de alcanzar una vida digna. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 había 38.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional y siete millones en pobreza extrema. Además, 32.2 % de la población era vulnerable por carencias sociales.
Estos datos muestran que, aunque la pobreza multidimensional disminuyó respecto de 2022, persisten enormes necesidades sociales. La medición del Inegi considera precisamente aspectos como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, además del ingreso de las personas.
La pobreza, la falta de oportunidades, la precariedad laboral y la carencia de servicios públicos también deben formar parte de cualquier estrategia seria para construir un país más seguro.
Por eso, desde nuestra perspectiva, resulta indispensable que el presupuesto público atienda simultáneamente la seguridad y las causas sociales que afectan a las familias.
No se trata de enfrentar una necesidad contra otra, sino de construir una política pública capaz de garantizar condiciones dignas para la población.
También es necesario reconocer que la inseguridad afecta de manera particularmente grave a las familias de menores ingresos. Cuando una comunidad carece de servicios, infraestructura, oportunidades laborales y espacios educativos suficientes, sus habitantes enfrentan mayores obstáculos para mejorar sus condiciones de vida.
La seguridad, por tanto, no debe entenderse solamente como presencia de fuerzas del orden. También significa que una familia tenga un ingreso suficiente, que sus hijos puedan estudiar, que exista atención médica, que pueda acceder a una vivienda y que cuente con agua potable, drenaje, alumbrado y otros servicios básicos.
El proyecto presupuestal para 2027 deberá ser discutido y aprobado por el Congreso de la Unión. La Secretaría de Hacienda ha señalado que el paquete busca combinar inversión pública, programas sociales, crecimiento económico y reducción de la pobreza y la desigualdad.
Será precisamente durante la discusión legislativa cuando deberán analizarse las prioridades y el destino de los recursos públicos.
Desde el Movimiento Antorchista de Coahuila consideramos que el desarrollo del país requiere una política integral. México necesita seguridad para sus ciudadanos, pero también necesita combatir las carencias sociales que afectan a millones de familias.
No podemos conformarnos con un país que invierta en combatir las consecuencias de los problemas sociales sin atender suficientemente sus causas.
La pobreza, la falta de oportunidades, la precariedad laboral y la carencia de servicios públicos también deben formar parte de cualquier estrategia seria para construir un país más seguro.
La discusión del presupuesto debe servir, entonces, para preguntarnos qué país queremos construir y cuáles son las prioridades que deben recibir mayor atención.
Seguridad, educación, salud, vivienda, empleo y servicios básicos no deberían verse como necesidades que compiten entre sí, sino como componentes indispensables del bienestar de la población.
La seguridad de las familias no se construye únicamente con más recursos para las instituciones encargadas de combatir el delito. También se construye creando condiciones para que millones de mexicanos puedan vivir con dignidad, con trabajo, educación, salud, vivienda y servicios públicos suficientes.
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