Los datos económicos del primer semestre de 2025 confirman una amarga realidad, puesto que Oaxaca sigue siendo un espejo de la profunda desigualdad en México al contar con un alarmante 80.3 % de su población en pobreza laboral y una tasa de informalidad que lidera el país con el 78.5 %. Es decir, la entidad oaxaqueña resume la condena estructural que pesa sobre millones de trabajadores.
La pobreza laboral es un diagnóstico cruel en el que la mayoría de los oaxaqueños ocupados no logra, a pesar de un gran esfuerzo, el ingreso suficiente para alimentar a sus familias.
La política del “bienestar” esconde fallas graves: carece de transparencia, desvía recursos para inversión productiva y, lo más preocupante: se convierte en la única expectativa de vida para el trabajador.
No obstante, esta realidad no es un accidente, sino el resultado de un sistema que distingue entre el trabajador formal agobiado —que viaja horas en transportes saturados desde viviendas precarias para enriquecer a otros— y el informal desamparado —el vendedor ambulante que se suma al vasto “ejército industrial de reserva”, desprovisto de seguro social, vacaciones y cualquier derecho básico—.
Este panorama se agrava con el crecimiento económico perverso porque la economía informal de Oaxaca registró un notable aumento del 9.2 % en su valor agregado bruto y las remuneraciones informales subieron un 16.9 %.
Tal dinamismo no es señal de prosperidad, sino de la desesperada absorción de mano de obra en un sector sin ley, confirmando la dependencia estructural de la entidad en la precariedad.
Ante esta crisis de empleo digno, el gobierno federal ha priorizado un modelo asistencialista, repartiendo dinero a las familias, financiado con los impuestos de los mismos trabajadores, que busca mantener una “precaria estabilidad social” y sostener el consumo empresarial, no transformar la vida de los pobres.
Esta política del “bienestar” esconde fallas graves: carece de una evaluación seria y transparente de su impacto, desvía recursos cruciales que deberían destinarse a inversión productiva y, lo más preocupante, se convierte en la única expectativa de vida para el trabajador.
El sistema de becas y ayudas a jóvenes y adultos supera en un 91 % el presupuesto destinado a la excelencia educativa y el desarrollo docente. Esto es un claro mensaje: la capacitación y la pensión digna al final de una vida de trabajo no están en los planes de la Cuarta Transformación; sólo la dependencia de una dádiva gubernamental.
La concentración de riqueza en México es obscena. Mientras el 80 % de los oaxaqueños vive en pobreza laboral, el 95 % de las 50 empresas más grandes del país están en manos de las familias más ricas, cuyos ingresos equivalen a una cuarta parte del producto interno bruto nacional. La pobreza y la riqueza son dos caras de la misma moneda: el trabajador crea la riqueza, y el capital se la apropia.
Ante ello, el Movimiento Antorchista Nacional plantea una ruta de verdadera transformación, muy distinta a los paliativos actuales, en la que la solución pasa por la organización y la lucha de los desposeídos para exigir empleo para todos, salarios dignos que pongan fin a la pobreza laboral, un impuesto progresivo que obligue a los ultrarricos a pagar lo justo y la redirección del gasto a obras y servicios básicos, en lugar de dádivas clientelares.
El futuro que se vislumbra para 2030, bajo el esquema actual, es sombrío: Los pobres serán más pobres y habrá menos ricos siendo más ricos.
La única esperanza reside en que los creadores de riqueza, los trabajadores de Oaxaca y de México, tomen conciencia de su poder, se organicen y luchen por su derecho a una vida verdaderamente digna.
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