• En Durango el rezago salarial impide a jóvenes comprar un hogar, que puede costar más de 3 mdp
Hubo un tiempo en que tener una casa propia representaba el principal símbolo de estabilidad para una familia mexicana. Era el ancla de la vida adulta, el patrimonio que se heredaba y el refugio donde se tejían los recuerdos.
Hoy, para miles de jóvenes, ese proyecto de vida se ha transformado en una meta cada vez más lejana, particularmente en estados como Durango, donde los salarios avanzan con mucha menor velocidad que el precio de la vivienda. No se trata de un capricho generacional ni de una falta de ambición; es la crónica de un desajuste económico anunciado.
Trabajar, ahorrar y ser profesionista ya no garantiza la posibilidad de comprar una casa; el esfuerzo individual, por más heroico que sea, choca contra una ecuación imposible.
Los números hablan por sí solos: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el ingreso promedio de una gran parte de la población ocupada en México continúa siendo insuficiente para acceder a un crédito hipotecario tradicional.
Incluso entre quienes cuentan con estudios profesionales, los ingresos difícilmente alcanzan para cubrir el financiamiento de una vivienda cuyo costo promedio supera ya los 3 millones 200 mil pesos, según estimaciones del mercado inmobiliario nacional publicadas por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y diversos indicadores del sector. Esta cifra no es un número frío; es el muro que separa a una generación de su independencia.
La realidad es aún más compleja cuando se habla de vivienda de interés social, ese escalón que durante décadas permitió a las familias obreras y empleadas dar el salto a la propiedad. Un inmueble con un valor cercano a los 800 mil pesos requiere ingresos mensuales aproximados de 17 mil a 18 mil pesos para obtener un crédito en condiciones razonables.
Sin embargo, el ingreso promedio de una parte importante de los trabajadores mexicanos se mantiene por debajo de esa cifra. En otras palabras, trabajar, ahorrar y ser profesionista ya no garantiza la posibilidad de comprar una casa; el esfuerzo individual, por más heroico que sea, choca contra una ecuación imposible.
El problema no radica únicamente en el incremento del precio de los inmuebles, también influyen el aumento en el costo de los materiales de construcción, la inflación acumulada de los últimos años, la disponibilidad limitada de suelo urbano y un crecimiento salarial que simplemente no ha seguido el mismo ritmo.
Mientras el salario mínimo ha tenido ajustes significativos en los últimos años, el resto de la escala salarial se ha quedado rezagado, y el precio de la vivienda ha corrido como un cohete.
La consecuencia es evidente: cada vez más jóvenes postergan la compra de una vivienda, permanecen más tiempo con sus padres o destinan una proporción creciente de sus ingresos al pago de rentas, alimentando un círculo vicioso que enriquece a propietarios mientras empobrece a inquilinos.
En Durango, esta realidad comienza a reflejarse con claridad; mientras continúan desarrollándose complejos residenciales dirigidos a sectores con alto poder adquisitivo, con amenidades, vigilancia y acabados de lujo, miles de familias encuentran como única opción fraccionamientos periféricos que frecuentemente enfrentan deficiencias en infraestructura, movilidad, transporte público y acceso a servicios básicos.
La ciudad crece, pero no necesariamente de manera más equitativa; se expande hacia las orillas, alejando a los trabajadores de sus fuentes de empleo y condenándolos a largas horas de traslado que merman su calidad de vida. El sueño de la casa propia se convierte, en ocasiones, en una pesadilla de aislamiento.
Frente a este panorama, la vivienda vertical deja de ser un concepto reservado para las grandes ciudades y comienza a perfilarse como una alternativa necesaria. Los departamentos bien planeados, ubicados cerca de centros de trabajo, universidades y servicios, pueden representar una solución más eficiente para aprovechar el suelo urbano y reducir los costos de adquisición.
El reto consiste en que estos desarrollos sean realmente accesibles y no reproduzcan el mismo problema de precios elevados; no se trata de llenar el paisaje de torres de lujo, sino de diseñar políticas de densidad inteligente que permitan a los jóvenes acceder a un hogar digno sin tener que emigrar a la periferia o hipotecar su futuro por décadas.
Mientras los salarios reales continúen perdiendo terreno frente al costo de la vivienda, cualquier esfuerzo resultará insuficiente; no basta con prestar dinero si el dinero que se gana no alcanza para pagarlo.
Se requiere una política integral que ataque las causas estructurales: la especulación del suelo, la falta de regulación a los desarrolladores y, sobre todo, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
El acceso a una vivienda digna no debería depender exclusivamente del nivel de ingresos o de la posibilidad de heredar un patrimonio familiar.
La Constitución reconoce este derecho, pero ejercerlo se vuelve cada día más complicado para una generación que estudia más, trabaja más y, paradójicamente, tiene menos posibilidades de construir un patrimonio propio.
Esa paradoja es el síntoma de un modelo económico que ha privilegiado el capital financiero sobre el bienestar social, y que ahora cosecha una generación de inquilinos perpetuos, nómadas urbanos sin un lugar al que llamar propio.
La pregunta ya no es si los jóvenes quieren comprar una casa; la verdadera interrogante es si el mercado inmobiliario y las políticas públicas están preparados para ofrecerles una oportunidad real de hacerlo.
Cuando una generación pierde la posibilidad de acceder a una vivienda, no sólo se debilita su patrimonio; también se compromete el desarrollo económico, la movilidad social y el futuro de nuestras ciudades.
Una generación sin techo es una generación sin raíces, y una ciudad sin raíces es una ciudad sin futuro. Es hora de que los números dejen de hablar solos y empecemos a escucharlos con responsabilidad.
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