En los últimos años, las plataformas digitales de movilidad han revolucionado la forma en que nos transportamos y recibimos mercancías. Uber, la empresa líder en este sector, se ha presentado como una opción de flexibilidad laboral y generación de ingresos complementarios. Sin embargo, detrás de este discurso seductor se esconde una realidad de explotación y abusos sistemáticos contra los trabajadores que sostienen su modelo de negocio.
Recientemente, el medio Buzos de la Noticia ha documentado una serie de prácticas abusivas por parte de la empresa trasnacional, las cuales se han exacerbado con la implementación de la reforma laboral para plataformas digitales en México.
La experiencia mexicana con la reforma laboral para plataformas digitales evidencia la capacidad de adaptación de las corporaciones trasnacionales para evadir sus responsabilidades y mantener sus márgenes de ganancia.
Revela este medio el oportunismo corporativo, mostrando cómo Uber traslada sus costos y los de la reforma laboral a los trabajadores y usuarios. Por ejemplo: a tan sólo quince días de haber iniciado el programa piloto de la reforma laboral, Uber incrementó sus tarifas de viaje en un 7 %.
Este movimiento, disfrazado como una “actualización necesaria en la estructura de precios”, representa una violación a los compromisos adquiridos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que había solicitado expresamente no incrementar tarifas ni afectar los ingresos de trabajadores y consumidores.
Lo más grave de esta situación es que la empresa justificó el aumento argumentando que respondía a los nuevos costos derivados de la reforma laboral, cuando en realidad el costo final fue trasladado al pasajero, no absorbido por la empresa. Esta práctica no es nueva: en California, Estados Unidos, Uber Eats y DoorDash implementaron aumentos similares tras la aprobación de la Proposición 22 en 2020.
Existe aquí un doble discurso corporativo: mientras Uber se presenta públicamente como una empresa comprometida con los derechos laborales —lo que podemos ver en campañas como “Luchando por cinco estrellas” contra el acoso—, en la práctica evade sus responsabilidades como patrón. Los testimonios de los afectados son elocuentes: conductores reportan reducciones en sus ingresos de hasta el 80 %, además de enfrentar obstáculos para acceder a servicios de salud y otras prestaciones, especialmente aquellos que están pensionados o jubilados.
Así, a poco de iniciar la reforma laboral, los primeros resultados del programa piloto del IMSS, retomados por El Economista (21 de agosto de 2025), han revelado datos contundentes que desmienten varios mitos sobre el trabajo en plataformas: el universo de trabajadores supera el millón de personas, muy por encima de los 660 mil que estimaban las autoridades; además, el 74 % de conductores y repartidores tienen en las plataformas digitales su fuente principal de ingreso, desmintiendo el argumento de que es solo una actividad complementaria. También, revela que el 56 % de la fuerza laboral tiene menos de 35 años, confirmando el perfil joven de este sector.
En estas condiciones, la reforma laboral adolece de graves limitaciones. Francisco Rodríguez Caballero, especialista en Derecho Procesal Laboral, considera que la STPS no realizará ninguna acción en apoyo a los trabajadores y usuarios porque “están limitados por la ley… no hay ninguna regla que impida que Uber aumente sus tarifas”. Además, la reforma no reconoce todo el tiempo de trabajo, sino solo el tiempo “efectivo” de trabajo, lo que deja fuera periodos cruciales en los que los trabajadores permanecen conectados esperando asignaciones. Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA), ha evidenciado este problema que afecta directamente los ingresos y derechos laborales de los trabajadores.
La experiencia mexicana con la reforma laboral para plataformas digitales evidencia la capacidad de adaptación de las corporaciones trasnacionales para evadir sus responsabilidades y mantener sus márgenes de ganancia. Lejos de asumir los costos de la seguridad social, Uber ha optado por trasladarlos a los usuarios y trabajadores, en un claro ejemplo de capitalismo de plataforma que prioriza el beneficio corporativo sobre la dignidad laboral. La respuesta gubernamental, hasta ahora, ha sido insuficiente. La “tibia respuesta” de la STPS, calificando el aumento tarifario como “preocupante”, contrasta con la urgencia de la situación que viven más de un millón de trabajadores que dependen de estas plataformas para su sustento diario.
Se requiere con urgencia un marco regulatorio robusto que impida aumentos unilaterales y garantice ingresos dignos y protección social universal para todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, edad o situación laboral, así como mecanismos de fiscalización efectivos que sancionen las prácticas abusivas.
En suma, el auge de las aplicaciones de servicios se sostiene por la explotación de trabajadores invisibilizados por algoritmos y prácticas corporativas abusivas. La promesa de la economía digital se hace a costa de los derechos laborales conquistados tras décadas de luchas sociales. Así, en este sistema económico capitalista, una vez más, la tecnología en lugar de servir para ampliar derechos, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y facilitar sus labores, sirve para precarizarlos, para someterlos aún más y extraerles más plusvalía.
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