En Hidalgo, en uno de cada cuatro hogares, hubo al menos una víctima de delito, según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2024), 24.9 % de los hogares, es decir, 236 mil 443 familias, tuvieron al menos una víctima de delito en 2023.
Cifras más indignantes, que revelan una realidad aún más cruda, son que el 89 % de los delitos no se investigan, sólo el 11 % de los casos deriva en una carpeta de investigación y, de estos, en el 55.9 % de los casos el resultado es “NADA”, revela la misma encuesta. NADA de justicia para las víctimas, ni reparación de daños, ni recuperación de bienes, ni encontrar a los culpables, nada.
Los “abrazos, no balazos”, política impulsada por el gobierno federal, no han servido; la violencia y la inseguridad son efecto colateral de un mal más grande: la desigualdad y la pobreza crecientes.
Para la mayoría de la población no es un sentimiento desconocido el temer por la familia cada que salen del hogar, por los padres que viajan horas y horas en transporte público para buscar el sustento del hogar, por los niños que salen a la escuela, por las hijas, hermanas y madres que pueden no regresar cada que salen a la calle; ese miedo, esa percepción de inseguridad se acrecienta y arraiga cada vez más en los hidalguenses y en los mexicanos.
La Envipe estima que el 56.3 % de los hidalguenses considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa.
A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que la percepción de inseguridad aumentó a 63.82 %; seis de cada diez habitantes consideran inseguro vivir en su ciudad y siete de cada diez mujeres tienen temor de sufrir un acto violento.
Ante este panorama no se puede encontrar respuesta en las “autoridades”, los mexicanos lo sabemos bien, en Hidalgo, de las razones para no denunciar, el 57.7 % son atribuibles a desconfianza en las autoridades, de acuerdo con la Envipe.
¿Y cómo confiar en las autoridades, si “unos doce gobernadores del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tienen algún lazo con el crimen organizado” (de acuerdo con cálculos de Rubén Aguilar, doctor en ciencias sociales de la Universidad Iberoamericana y exvocero de Fox)?
Es innegable que, frente a la inseguridad y violencia que asola el país, los “abrazos, no balazos”, política impulsada por el gobierno federal, no ha servido, pues estos son efectos colaterales de un mal más grande: la desigualdad y la pobreza crecientes, en detrimento de las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
La desigualdad es abismal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) califica en el sector que recibe menores ingresos mensuales a aquellos con 5 mil 598 pesos por mes; los que más reciben tienen ingresos mensuales por un promedio de 78 mil 698 pesos; al menos catorce veces más.
En la política estrella del morenismo, la entrega de apoyos monetarios en tarjetitas, también hay desigualdad, un análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) muestra que, a 2024, los hogares más pobres presentaron una menor cobertura por programas sociales que en 2018, incluso peor que en 2022, mientras que los más ricos tienen cuatro veces más cobertura.
En 2016, 78 % de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales. En 2024 solo 53 % eran beneficiarios. Por el contrario, entre 2016 y 2024 casi se triplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos: pasó de 8 a 21 %.
Así, en nuestro país, por un lado, los salarios percibidos son bajos comparados con las necesidades de las familias y la política social más impulsada por el gobierno federal es insuficiente para los sectores más vulnerables; en este panorama, la inseguridad no podía más que aumentar.
La inseguridad no es un fenómeno nuevo, pero alarma su acelerado crecimiento y revela un grave problema social que ni las estrategias de seguridad fallidas, ni la militarización o las políticas económicas promovidas desde el gobierno federal han podido resolver, pues mientras no exista un nivel de vida aceptable para toda la población, las “soluciones” que solo palean las consecuencias o solo “atacan” la superficie no serán suficientes.
La pobreza en el sector más vulnerable no hace más que crecer, 55.6 millones de mexicanos viven en pobreza, y factores como el desempleo, los malos salarios, el injusto reparto del presupuesto nacional que ocasiona la escasa difusión de la cultura y el arte en todos los estratos sociales, la poca inversión en educación y salud, seguirán haciendo de nuestro estado y de todo México terreno fértil para fomentar la inseguridad.
Sólo cambiar el modelo económico imperante hará que desaparezcan esas causas y, con ello, sus fatales consecuencias.
No podemos pasar por alto otro punto. Mientras el gobierno federal minimiza la crisis, su ineptitud nos coloca en la mira de nuevas amenazas. Las declaraciones de Trump acusando complicidad estatal con el narco y sugiriendo una invasión.
El gobierno de Morena, con su ineptitud, discursos conciliadores que no corresponden con la realidad, nos está poniendo a todos en riesgo de invasión por parte de nuestros vecinos del norte que impulsan una política criminal.
¿Qué nos queda a los mexicanos? Organizarnos, formar un partido de los trabajadores, capaz de gobernar este país garantizando las condiciones de vida para todas las familias mexicanas y capaz de defender nuestra vejada soberanía nacional; mientras no hagamos eso, seguiremos sufriendo las consecuencias de las políticas de este mal gobierno y sus delincuentes.
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