• Durante 2024 hubo 23.1 millones de víctimas por distintos delitos a nivel nacional
Las cifras oficiales son contundentes: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, durante 2024 en México 23.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito, y el 29 % de los hogares tuvo al menos una víctima. Se estimaron 33.5 millones de delitos, de los cuales el 93.2 % no fueron denunciados ni derivaron en investigación. La magnitud del problema supera con creces los registros oficiales.
El verdadero problema que alimenta la violencia está en la brecha social que separa a quienes tienen oportunidades de quienes enfrentan carencias constantes.
Sin embargo, la inseguridad que vive Pachuca no puede entenderse sólo como un problema de vigilancia o de aplicación de la ley, sino como una consecuencia de problemas más profundos como la desigualdad, la marginación y la falta de oportunidades.
Los datos respaldan esta mirada estructural. En Hidalgo, el 73 % de la población ocupada carece del ingreso laboral suficiente para superar el umbral de pobreza. Más de 895 mil trabajadores ganan menos de nueve mil 400 pesos mensuales, una cifra considerada salario de pobreza. La capital del estado, Pachuca, cerró 2024 como la octava ciudad del país con mayor informalidad laboral, con un 52.3 % de informalidad.
No es casualidad que, al corte de diciembre de 2025, el 59.8 % de los pachuqueños mayores de dieciocho años considerara que vivir en su ciudad es inseguro. Casi seis de cada diez ciudadanos perciben que el entorno en el que viven, trabajan y educan a sus hijos no es seguro.
La marginación y la situación tan precaria que viven miles de pachuqueños los llevan a delinquir para poder comer, para curarse; claro que es una consecuencia. Esta afirmación incomoda, pero necesaria: ¿qué sociedad estamos construyendo cuando la sobrevivencia empuja a ciudadanos a cometer delitos menores?
Una parte importante de la población recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) está relacionada con delitos menores, particularmente por montos reducidos. Detrás de cada uno de esos casos hay una historia de exclusión, de falta de acceso a educación, vivienda digna y empleo estable. La precariedad no justifica el delito, pero sí ayuda a explicarlo.
La Envipe 2025 revela que la tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes. Pero estas cifras sólo muestran la punta del iceberg. El verdadero problema, el que alimenta la violencia, está en la brecha social que separa a quienes tienen oportunidades de quienes enfrentan carencias constantes.
En ese sentido, la desigualdad también se refleja en el crecimiento urbano: mientras algunos sectores de Pachuca cuentan con infraestructura y servicios, otros permanecen con rezagos que limitan su calidad de vida. La ciudad crece de espaldas a sus propias contradicciones.
La inseguridad no se resuelve únicamente con más patrullas, cámaras o policías. Se requiere una estrategia integral que ataque las raíces del problema: reducir la desigualdad, generar empleos dignos, garantizar el acceso a educación y vivienda, y cerrar las brechas que dividen a la sociedad.
Mientras millones de mexicanos vivan en condiciones de precariedad, la inseguridad seguirá siendo un síntoma de una sociedad enferma. La pregunta no es si habrá más violencia, sino cuándo decidiremos mirar más allá del delito para enfrentar la verdadera pandemia: la desigualdad.
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