La noche del 5 de agosto de este año, un grupo de veinte sujetos encapuchados, fuertemente armados con cuchillos y armas de fuego de grueso calibre, se movilizó en camionetas todoterreno para atacar, por segunda ocasión, a estudiantes que viven en el Albergue Cultural y Estudiantil “Villas de Monte Albán”, un espacio que es hogar para jóvenes humildes que estudian y que, en vez de pagar rentas impagables, encuentran ahí un techo y la oportunidad de prepararse.
De 2018 a la fecha, Oaxaca es el estado donde más se agrede, se desaparece y se asesina a luchadores sociales y a periodistas; hay 58 activistas asesinados y seis desaparecidos en tan sólo unos años.
Estos sujetos no sólo atacaron a los estudiantes: también saquearon y destrozaron una pequeña tienda de abarrotes que pertenece al Movimiento Antorchista, un negocio modesto, sostenido con el esfuerzo colectivo de los compañeros y que sirve para apoyar actividades comunitarias.
Como se ha denunciado en diferentes ocasiones, este ataque no es el único; el primero fue el 23 de enero de 2025, cuando, con un grupo de porros, desalojaron violentamente a los estudiantes del mismo albergue. Las agresiones quedaron grabadas en video; se ve claramente quién golpea, quién agrede, quién comete los delitos, pero la justicia, esa que debería estar del lado del pueblo, prefirió mirar hacia otro lado.
El 26 de abril, policías municipales, bajo las órdenes directas del presidente municipal de Miahuatlán, César Figueroa Jiménez, también desalojaron ilegalmente a los jóvenes del Albergue Estudiantil “Juan Manuel Celis Ponce”, rompiendo un contrato de comodato perfectamente legal. No les importó el derecho, no les importó la ley; lo único que les importó fue dejar a decenas de estudiantes humildes en el desamparo.
El ataque del 5 de agosto, casualmente, ocurre horas después de que la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” y el Movimiento Antorchista lanzaran un boletín anunciando que retomarían las protestas ante el fracaso de los diálogos con el gobierno del estado oaxaqueño. ¿Coincidencia? No lo creemos. Es notable que la respuesta de las autoridades no fue abrir las puertas al diálogo, sino abrir las puertas a la violencia y al terror.
Cabe resaltar que, en los tres casos de ataques, la Policía municipal estuvo presente y no hizo nada, revelando la complicidad de las autoridades, quienes han permitido y amparado los actos; por lo tanto, calificamos estos hechos como una vil persecución política, una represión dirigida desde las esferas del poder.
Lo anterior demuestra que, en Oaxaca, en pleno 2025, pensar diferente, organizarse y luchar por los derechos más elementales se ha convertido en un delito. Cito esta nota de la organización Servicios para una Educación Alternativa, “Educa”, que ha documentado que, de 2018 a la fecha, Oaxaca es el estado donde más se agrede, se desaparece y se asesina a luchadores sociales y a periodistas; hay 58 activistas asesinados y seis desaparecidos en tan solo unos años. Esa es la triste y dura realidad de los oaxaqueños que luchan.
Los estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” y los militantes del Movimiento Antorchista son jóvenes y trabajadores que han decidido no resignarse, que han decidido unirse, estudiar, organizarse y luchar por una vida mejor, y precisamente por eso los atacan: porque el poder le teme a un pueblo que piensa, que se educa, que se organiza.
Por eso, los antorchistas morelenses levantamos la voz, fuerte y clara: ¡no están solos, compañeros oaxaqueños! Enviamos nuestra solidaridad combativa. El dolor de ustedes es el nuestro, la lucha de ustedes es también la nuestra.
Y no vamos a quedarnos callados. Exigimos: alto total a la represión contra los estudiantes y contra el Movimiento Antorchista; detención y castigo a los autores materiales e intelectuales de los ataques del 23 de enero, 26 de abril y 5 de agosto; respeto y cumplimiento inmediato del amparo otorgado por el juez quinto de distrito en favor de los estudiantes; investigación a fondo de la actuación de la policía municipal de Miahuatlán por su evidente omisión y complicidad; restitución de los albergues arrebatados y garantía plena para que los jóvenes vivan y estudien en paz.
Y a nuestros compañeros estudiantes les decimos: no se rindan. La historia nos enseña que las grandes victorias del pueblo se han conseguido con organización, disciplina y resistencia. Ningún poder es eterno si el pueblo se decide a cambiar las cosas.
La educación es un derecho, no un privilegio. Defenderla es un deber, no una opción. Y nosotros, los antorchistas de Morelos y de todo México, no vamos a dar un solo paso atrás en esta lucha.
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