Han pasado más de tres años del asesinato del pequeño Vladimir (Vladi), como cariñosamente lo llamaban sus familiares, amigos y conocidos, quien con tan solo seis años de edad se encontraba de vacaciones con sus padres Mercedes Martínez Martínez y Conrado Hernández Domínguez, ambos valiosos activistas del Movimiento Antorchista Nacional en el estado de Guerrero, que fueron asesinados la tarde del 12 de abril de 2023 en la carretera México-Acapulco, a la altura de la comunidad Agua de Obispo, cerca de Chilpancingo.
La impunidad ha triunfado en este lamentable caso y han pasado más de tres años sin que el gobierno dé a conocer quiénes fueron los autores intelectuales y materiales.
La tarde de aquel día, los antorchistas recibimos la noticia de su fallecimiento en un aparente accidente carretero que cobraba la vida de la joven pareja de esposos, quienes, con alegría por la visita de Vladi, desempeñaban sus tareas del activismo social para organizar a los menesterosos de aquella entidad.
La versión oficial de las autoridades fue que se trató de un accidente automovilístico por salida de la carretera, toda vez que el vehículo en el que viajaban se encontró en el fondo de un profundo barranco. Pero la incertidumbre se apoderó de nosotros, pues el hecho se dio en medio de amenazas veladas.
Posteriormente, la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero dio otros resultados. Como producto del peritaje, la autoridad informó que nuestros compañeros no perdieron la vida en la volcadura, sino que los adultos habían sido masacrados a golpes y al infante se le asfixió; luego, el automóvil fue lanzado a la barranca para simular un accidente.
Ya no quedaba duda: se trató de un brutal crimen efectuado con saña y odio para infundir miedo en el antorchismo. Por lo tanto, creció la exigencia de justicia inmediata por parte de sus compañeros de todo México, para que se determinaran los móviles del asesinato y se castigara a los culpables.
Pero la impunidad ha triunfado en este lamentable caso y han pasado más de tres años sin que el gobierno dé a conocer quiénes fueron los autores intelectuales y materiales. No hay nadie tras las rejas purgando una sentencia conforme lo indica la ley, a pesar de que el antorchismo nacional acudió en varias ocasiones a buscar justicia en la fiscalía de Guerrero y a pedir la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado.
Ante el silencio oficial, se tuvo que asistir masivamente a la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de mayo de 2023, por lo que se integró un equipo de investigadores federales para dar seguimiento al asunto.
Allí, los funcionarios condenaron los asesinatos por el sufrimiento de las víctimas y se dijeron solidarios con los familiares, pero a la fecha no existe ningún avance concreto que lleve a la detención de los responsables.
Este crimen se dio como producto de la polarización social y política provocada por López Obrador, quien desde campaña atacó en más de cien ocasiones a nuestra organización.
Cuando entró en funciones, López nos espetó el argumento de que todos los males eran producto de la corrupción y que los líderes de los movimientos sociales se habían enriquecido al quedarse con los recursos públicos, de tal forma que algún acomedido pudo perpetrar el horrendo crimen que describo.
Lamentablemente, el sexenio obradorista terminó con alrededor de 200 mil personas asesinadas en México, pero en este caso no puede descartarse que el crimen esté circunscrito en esa campaña de persecución emprendida por el exmandatario federal, que pudo provocar que particulares tomaran sus decretos como un permiso para eliminar del camino a los líderes sociales.
A los antorchistas nos queda claro que a nuestros compañeros los eliminaron por predicar la construcción de una sociedad justa en la que se requería la participación organizada de los guerrerenses, lo que ocasionaba disgusto entre los poderosos de aquella entidad empobrecida, por lo que hoy escribo también en su memoria.
Ya son más de dos años de su asesinato y la inacción del Estado no sólo perpetúa el dolor, sino que envía un mensaje muy peligroso: la violencia puede triunfar cuando las instituciones fallan.
A los dolientes no nos queda otro camino más que exigir castigo para los culpables. Lo hacemos organizados porque estamos convencidos de que la unidad del pueblo escarnecido es fundamental para terminar con la desigualdad, al mismo tiempo que mantenemos viva la memoria de nuestros mártires.
A nuestros compañeros los eliminaron por predicar la construcción de una sociedad justa en la que se requería la participación organizada de los guerrerenses, lo que ocasionaba disgusto entre los poderosos de aquella entidad empobrecida.
Sabemos que la lucha no puede depender sólo de los familiares de las víctimas. Somos conscientes de que miles de madres buscan por sí mismas a sus hijos desaparecidos ante la omisión del gobierno, pero los mexicanos debemos exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones básicas y no debemos conformarnos a vivir en un México donde sólo reine la paz de los sepulcros.
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