Tijuana encabeza los casos de personas desaparecidas en Baja California; el Movimiento Antorchista señala que la magnitud de esta tragedia obliga a revisar las políticas públicas, fortalecer la búsqueda y atender las condiciones sociales que enfrentan las familias. Las desapariciones de personas en el estado representan una de las expresiones más dolorosas de la inseguridad y de la falta de respuestas institucionales eficaces. De acuerdo con información difundida por Animal Político, con base en el informe de Red Lupa, Tijuana concentra la mayor cantidad de casos en el estado, con tres mil 245 personas desaparecidas al 16 de mayo de 2026, cifra que representa un incremento de 745 casos respecto al registro anterior de 2 mil 500. Estos datos no pueden reducirse a una estadística. Detrás de cada expediente existe una familia que enfrenta incertidumbre, dolor, gastos, desgaste emocional y, en muchos casos, la necesidad de organizarse por cuenta propia para buscar a sus seres queridos. La desaparición de una persona modifica por completo la vida de quienes la esperan y pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y acompañamiento.
El problema no es exclusivo de Tijuana. El informe referido señala que los registros de desapariciones en Baja California comenzaron a concentrarse desde 2006 y que 2025 fue el año con mayor número de personas que continúan desaparecidas, con mil 011 casos. Asimismo, con corte al 16 de mayo de 2026, el estado acumulaba 5 mil 088 personas desaparecidas. El mismo reporte indica que 810 personas eran menores de 18 años al momento de su desaparición y que el 70.28 por ciento de los casos se encontraba en el rango de edad de 15 a 44 años.
Frente a esta realidad, las madres buscadoras y los colectivos de familiares han asumido una tarea que no debería recaer principalmente sobre sus hombros. Aunque existen instituciones y programas de búsqueda, la dimensión de la crisis exige que las autoridades garanticen personal suficiente, herramientas, acompañamiento jurídico y psicológico, así como recursos para realizar investigaciones y operativos de localización. La preocupación por el presupuesto no es un asunto menor. En julio de 2026, colectivos de búsqueda en Baja California advirtieron sobre la posible cancelación de una brigada por falta de recursos, lo que muestra que la continuidad de estas labores requiere financiamiento estable y transparente. Además, el Gobierno federal contempla recursos para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas mediante el programa presupuestal U008, lo que hace necesario conocer cuánto llega a Baja California, cómo se ejerce y qué resultados produce.
La magnitud de la tragedia evidencia el abandono institucional y obliga a las autoridades a fortalecer la búsqueda, garantizar recursos y ofrecer respuestas efectivas a las familias.
En el ámbito municipal, la atención a la población en situación de calle y a las personas en condiciones de vulnerabilidad tampoco debe observarse de manera aislada. El presupuesto de egresos de Tijuana para 2026 se organiza mediante diversos programas y dependencias, entre ellos los relacionados con una sociedad más humanista, igualdad y derechos de las mujeres, salud y políticas públicas, pero no siempre se ejecuta de esta manera. Sin embargo, la existencia de programas generales no sustituye la necesidad de transparentar cuánto se destina específicamente a las personas en extrema vulnerabilidad, qué metas se establecen y cuántas familias reciben atención efectiva. El propio Ayuntamiento publica el presupuesto y sus anexos para consulta ciudadana.
Desde la perspectiva del Movimiento Antorchista, no basta con emitir pronunciamientos, entregar apoyos ocasionales o acudir a los medios de comunicación cuando ocurre una tragedia. Se requiere una política pública de largo plazo que atienda las causas y consecuencias de la inseguridad: la precariedad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, el abandono de colonias populares, la carencia de servicios básicos y la desigualdad que limita el desarrollo de amplios sectores de la población.
Antorcha sostiene que una sociedad más justa necesita una mejor distribución de la riqueza y que el presupuesto público debe orientarse prioritariamente a resolver las necesidades de quienes menos tienen. Por ello, plantea la importancia de impulsar sus cuatro ejes de lucha, entre ellos una política fiscal progresiva y una distribución más equitativa del gasto social.
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