• El movimiento insurgente permanecerá inconcluso mientras continúe el actual sometimiento económico al extranjero
En las aulas escolares o entre los medios de comunicación masiva, suele repetirse un relato de nuestra historia por alcanzar independencia y libertad; se nos enseña que aquella sucedió como un acto de iluminación heroica, ocultando las contradicciones de clase, los intereses económicos y las injusticias que verdaderamente movieron la gesta de 1810 y para entender esto, vale regresar un poco a la historia.
La guerra de Independencia fue, en sus inicios, una rebelión encabezada fundamentalmente por los criollos ilustrados. Esta élite manifestaba su inconformidad con el trato de la Corona española, que los miraba con desconfianza, temiendo que priorizaran el amor a su tierra natal sobre las arcas peninsulares, y los relegaba de los altos cargos políticos y de grandes privilegios económicos.
A ellos se sumaron peninsulares desilusionados que, tras cruzar el Atlántico esperando hacer fortuna, terminaron ejerciendo los mismos oficios humildes que en Europa: herreros, talabarteros o carpinteros.
No obstante, las fuerzas productivas reclamaban un cambio estructural. Se intentaba modernizar a la Nueva España para ponerla a tono con las transformaciones globales.
Para 1810, habían transcurrido dos décadas de la Revolución francesa, ícono de la toma del poder político por parte de la burguesía frente al orden feudal.
Las circunstancias históricas exigían que el valor dejara de residir únicamente en la posesión de la tierra para concentrarse en las mercancías y en el dinero. Asimismo, la independencia de las Trece Colonias respecto al imperio británico sentaba un precedente, aunque la emergente potencia norteamericana apoyó la causa hispanoamericana con aviesas intenciones geopolíticas: expandir posteriormente su propio territorio a costa de una nación fragmentada.
El cura Miguel Hidalgo inició la contienda con el loable propósito de favorecer a la patria, pero no logró consumar la gesta. Tras el triunfo insurgente en la batalla del Monte de las Cruces, tuvo la oportunidad decisiva de tomar la Ciudad de México y ajustar cuentas con las autoridades realistas, tal como le aconsejaba el militar Mariano Abasolo.
Sin embargo, temiendo el desbordado furor de la masa popular en armas, prefirió replegarse hacia Aculco, inicio de una espiral de derrotas que culminaría con su captura y fusilamiento en Chihuahua.
Tampoco pudo consumarla su continuador, José María Morelos y Pavón. Genio militar insigne, Morelos no sólo obtuvo resonantes victorias, sino que dio cauce político e ideológico al movimiento al plasmar el Acta de Independencia en el Congreso de Chilpancingo. Trágicamente, al proteger al Congreso Constituyente de Apatzingán en su travesía hacia Tehuacán, fue aprehendido a orillas del río Balsas y posteriormente ejecutado, concluyendo así la etapa más radical y genuinamente popular de la insurgencia.
La consumación vendría por un camino muy distinto. Vicente Guerrero, sosteniendo una resistencia diezmada en las montañas del sur, tuvo que pactar con Agustín de Iturbide.
Este último encarnaba los intereses de las élites monárquicas y oligárquicas que vieron en la separación de España la forma ideal de salvaguardar sus privilegios, amenazados por la Constitución de Cádiz de corte liberal en la península. Iturbide presionó al último jefe político superior, Juan O'Donojú, para firmar los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia en 1821, once años después del grito inicial.
Para comprender el estallido social, la historia demuestra que el conflicto inició también por una disputa de élites. A fines del siglo XVIII, la Nueva España vivió un auge económico que la convirtió en el dominio más próspero del Imperio español.
Seguir jugando el papel de proveer mano de obra barata, exportar fuerza de trabajo e importar la tecnología básica para nuestra subsistencia es la prueba de que la gesta de 1810 quedó inconclusa.
Hacia 1800, la producción total del virreinato en bienes y servicios alcanzaba cifras colosales: la minería novohispana aportaba más del 60 % de la producción mundial de plata, impulsando las finanzas borbónicas y convirtiendo a la colonia en el principal motor financiero que sostuvo a España como potencia europea. Sin embargo, esta prosperidad no derivaba de un sistema vanguardista, sino de una coyuntura temporal que jamás se tradujo en bienestar social.
El 82 % de la población, compuesto por mestizos e indígenas, permaneció marginal. La legislación hispana prohibía su ingreso a la burocracia y a diversas profesiones, anulando la movilidad social.
A este sometimiento se sumaban las epidemias periódicas que cobraban entre el 10 % y el 50 % de las vidas de los sectores populares en las ciudades e incontables víctimas en el campo.
Esta pérdida de fuerza de trabajo provocaba constantes crisis. En las dos décadas previas a la gesta de 1810, el precio del maíz se disparó. La severa crisis agrícola e inflacionaria vivida entre 1808 y 1811 actuó como el detonante de la rebelión: las familias pobres destinaban más de la mitad de su ingreso únicamente a comprar maíz, viviendo al límite.
Los criollos impulsaron la independencia para remover el lastre fiscal español y tomar el control directo de la riqueza, pero temían a las masas desposeídas. Por ello, construyeron un discurso de "unidad nacional" que encubría sus intereses de clase.
Al consumarse el movimiento, las estructuras que dominaban permanecieron casi intactas y la deuda histórica con el pueblo quedó intacta. Apenas 25 años después de la consumación, en 1846, Estados Unidos invadió México y, tras la imposición del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, nos despojó de más de la mitad del territorio nacional.
Salimos del dominio colonial español para caer paulatinamente en la órbita de dominación del imperialismo estadounidense. Hoy vivimos bajo la ficción de una independencia formal, mientras las élites compradoras lucran con la subordinación económica.
Como muestra: el 81 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. La banca que opera en el país es en un 85 % de capital extranjero, decidiéndose el crédito nacional en matrices de Madrid, Londres o Nueva York; no poseemos una industria automotriz ni agroquímica propia; actuamos como una plataforma de ensamblaje para transnacionales.
El 91 % del mercado de maquinaria agrícola y el 80 % de los plaguicidas están controlados por firmas extranjeras; dependemos críticamente de las remesas de nuestros hermanos de clase en busca de oportunidades al tiempo que el mercado nacional de bienes de consumo masivo, como las bebidas y la cerveza, y los insumos de alta tecnología están dominados por monopolios internacionales.
Como es lógico, la falta de autonomía económica se traduce en una soberanía política débil. No puede haber libertad política cuando se carece de independencia económica, científica y tecnológica.
Seguir jugando el papel de proveer mano de obra barata, exportar fuerza de trabajo e importar la tecnología básica para nuestra subsistencia es la prueba de que la gesta de 1810 quedó inconclusa.
Cada día la realidad nos exige organizar a las masas, desarrollar capacidad científica y tecnológica propia, y romper las cadenas del capital para construir una patria verdaderamente soberana y justa. Los mexicanos que sufrimos todo esto podemos gobernar nuestro país. La lucha no ha terminado: ¡contra el imperialismo y por la definitiva independencia nacional!
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