• El despojo y la miseria obligan a miles de campesinos a migrar al norte, donde padecen la informalidad
El campo mexicano es el motor primario que mantiene a flote nuestra economía y asegura que millones de familias tengan alimentos frescos todos los días en sus mesas. Sin embargo, la estructura económica actual ha convertido a quienes alimentan al país en uno de los sectores más explotados y vulnerables de la sociedad.
El aclamado "milagro agroexportador" de México y la abundancia en los supermercados se sostienen sobre la explotación sistemática de miles de familias del sur.
La evolución del campesinado bajo el régimen del capitalismo moderno en México es, en esencia, la historia de un despojo gradual. Década tras década, el campesino ha sido empujado a abandonar sus parcelas.
Quienes aún conservan sus tierras se enfrentan a un modelo que las vuelve improductivas mediante el alza brutal en los precios de insumos agrícolas (como fertilizantes, semillas y maquinaria), la nula accesibilidad a créditos justos y los implacables estragos del cambio climático.
Al no poder competir contra los grandes monopolios ni sobrevivir en el mercado, el pequeño productor se ve obligado a rentar o vender sus tierras al agronegocio, transformándose irremediablemente de dueño de los medios de producción a peón de la construcción, obrero periférico o jornalero agrícola dentro de su propio país.
Esta proletarización forzada se agudiza en los estados del sur como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde la pobreza histórica y el nulo desarrollo industrial generan las condiciones idóneas para el reclutamiento masivo de un ejército industrial de reserva.
Miles de hombres y mujeres, carentes de empleo local, son captados por empresas que los trasladan hacia los polos agrícolas del norte y occidente (Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Michoacán).
Según estimaciones del Coneval, sólo en Chiapas hay alrededor de 71 mil personas trabajadoras agrícolas en situación de pobreza, y de ellas, el 27 % vive en pobreza extrema.
En los Altos de Chiapas, la gravedad aumenta con municipios donde más del 50 % de la población se encuentra en esta condición.
Para estas familias, el trabajo en el norte se presenta como una promesa de escape de la miseria; sin embargo, la realidad de las relaciones de producción los golpea desde el primer momento.
El proceso de reclutamiento opera bajo el engaño y la omisión de las empresas enganchadoras: se promete estabilidad familiar y vivienda digna, pero al llegar, los campamentos o cuarterías resultan ser espacios de hacinamiento insalubre.
Se les moviliza en autobuses en pésimas condiciones mecánicas, lo que entre 2025 y 2026 ha derivado en constantes accidentes carreteros con saldos de decenas de víctimas mortales y heridos graves.
Además, el sistema está diseñado para atraparlos: si las condiciones resultan intolerables y desean regresar, se les niega el transporte y se les "boletina", amenazando con la exclusión laboral de toda su familia en el futuro.
Ya en los cultivos, el modelo de pago a destajo (por bote o caja recolectada) opera como un mecanismo de autoexplotación. Para alcanzar una cuota que permita la subsistencia, los jornaleros extienden sus jornadas hasta el colapso físico, llevando a muchos a recurrir al consumo de estupefacientes para soportar el ritmo productivo, un hecho que constituye un secreto a voces en las comunidades.
A esta violencia física se suma la violencia cultural, donde los trabajadores indígenas se enfrentan a un entorno urbano e industrializado que margina sus raíces y profundiza su aislamiento.
Cuando los reclutadores buscan mano de obra para los campos de Canadá, los abusos se sofistican mediante el cobro de cuotas ilegales que obligan al campesino a endeudarse con usureros locales.
Migran para pagar deudas, enfrentan condiciones distintas a las prometidas y sufren la retención de sus pasaportes para evitar que escapen: una práctica de secuestro laboral que se replica constantemente en los campos del norte de México.
A pesar de que el marco legal establece que todo trabajador agrícola debe contar con un contrato escrito en su lengua materna, jornadas máximas de ocho horas, salarios superiores al mínimo, acceso a seguridad social, vivienda higiénica, equipo de protección contra agroquímicos y la prohibición absoluta del trabajo infantil, la realidad es que el Estado mexicano ha claudicado en su labor de inspección, sirviendo como velo de impunidad para los dueños del capital.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-Inegi), entre el 85 % y el 90 % de los trabajadores agrícolas en México operan en la informalidad, evidenciando el abandono deliberado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La normalización del abuso es tal que no fue sino hasta 2014, cuando salieron a la luz casos emblemáticos de condiciones infrahumanas y la presencia de menores de edad en los campos. Tan sólo en 2022, el Inegi reportó que de los tres millones 700 mil niños en situación de trabajo en el país, el 75 % se ocupaba en el campo.
Grandes cadenas de valor y agroempresas como Agrícola El Porvenir, Tricar y Valores Hortícolas del Pacífico (Valhpac), orientadas al mercado de exportación hacia Estados Unidos y Canadá en el marco del TMEC, incrementan sus ganancias mediante un modelo donde la renta de la tierra y el capital agroindustrial están directamente subsidiados por la precarización del trabajo asalariado rural.
El aclamado "milagro agroexportador" de México y la abundancia en los supermercados se sostienen sobre la explotación sistemática de miles de familias del sur, demostrando que no existe verdadero desarrollo económico cuando la base productiva opera en condiciones de cuasi esclavitud.
La falta de educación política, de organización y de lucha entre los trabajadores ha permitido que las grandes empresas agrícolas, quienes hoy ostentan el poder político y económico, se apropien de la riqueza social generada por el sudor campesino.
Por ello, la solución no vendrá de la buena voluntad de los patronos ni de las concesiones de un Estado complaciente. Debemos luchar para transformar de raíz la realidad laboral del campo, obligando a los empresarios y al gobierno a garantizar una vida digna.
Es urgente formar una vanguardia de trabajadores conscientes y educados políticamente, capaces de organizar la fuerza colectiva y construir un modelo social donde la riqueza se reparta de manera equitativa y no se concentre en unas cuantas manos.
Aquí tenemos otra causa fundamental por la cual luchar.
¡Manos a la obra!
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