• Colonias populares sufren el abandono vial mientras autoridades priorizan obras estéticas en avenidas principales
Calles y calles llenas de baches, de socavones; condiciones indignantes que sufren día tras día millones de mexicanos que viven en colonias populares. Mientras ciertos y muy pocos bulevares relucen, mientras ciertas, muy pocas, avenidas principales se pavimentan y se adornan para mostrar una imagen de progreso, en las calles donde vive la mayoría, trabajadores, estudiantes, familias enteras, el deterioro es la única constante.
El problema de las vialidades deterioradas o la falta de ellas en muchas regiones de nuestro país responde a un problema histórico que ningún gobierno ha sabido resolver.
El problema no es nuevo. El mal estado de las vialidades ha sido una queja recurrente en todo el país. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi lo confirma: los baches aparecen sistemáticamente entre los problemas urbanos que más preocupan a los habitantes de las ciudades mexicanas. Y no es para menos.
Una calle en mal estado no sólo es un problema estético; es una condena económica para las familias trabajadoras. Una llanta dañada, una suspensión rota, un gasto imprevisto que desequilibra el presupuesto familiar. Para quien gana el salario mínimo, un bache puede significar días de trabajo perdidos.
El propio gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ha reconocido la magnitud del problema.
Con el programa Bachetón, presumieron haber reparado más de 370 mil baches en las 32 entidades y rehabilitado más de 45 mil kilómetros de la Red Carretera Federal. Pero ¿qué significa eso realmente?
Significa que el deterioro es tan inmenso, tan profundo, que ni siquiera una campaña masiva puede ocultarlo. Y más preocupante aún: significa que mientras se destinan recursos a parchar los daños visibles, no existe una política de fondo para evitarlos.
Porque el bacheo no es una solución. Es un parche. Es la respuesta inmediata a una crisis que no se resuelve con jornadas de trabajo, sino con planeación, inversión y voluntad política. El problema de las vialidades deterioradas o la falta de ellas en muchas regiones de nuestro país responde a un problema histórico que ningún gobierno, del color que sea, ha sabido resolver.
Se ha actuado siempre con la lógica del mínimo esfuerzo: se repara lo que se ve, se atiende lo que duele en las encuestas, y se abandona el resto. Las colonias populares quedan al final de la lista, o fuera de ella.
En Hidalgo, específicamente en su capital, Pachuca, de las más de diez mil calles que hay en la ciudad, el 90 % de ellas presentan daños por baches, de acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas municipal.
En Tizayuca, el ayuntamiento reconoce que existen más de 215 calles sin pavimentar y que el 63 % de las vialidades pavimentadas presentan daños, más de 300 calles en mal estado. Hay un rezago en la infraestructura carretera urbana, un deterioro acumulado durante décadas de la indiferencia y abandono gubernamental.
Ahora, ante manifestaciones de rechazo por tanto abandono, se anuncian obras y más obras. Pero ¿dónde se hacen? En pleno centro de la ciudad.
En Pachuca destaca la rehabilitación de la avenida Francisco I. Madero, justo frente al palacio de gobierno en plaza Juárez, con una inversión superior a los 38 millones de pesos.
Los trabajos abarcan el tramo de avenida Juárez al bulevar Río de las Avenidas e incluyen reconstrucción de base hidráulica, renovación de drenaje y señalización. Así, para muchos gobiernos, lo importante es la imagen.
La ciudad debe verse bonita desde el exterior. Los bulevares, las avenidas principales, los accesos que ven turistas, funcionarios o inversionistas deben estar impecables. Pero las calles donde vive la gente, donde se levantan cada mañana los trabajadores, donde los niños van a la escuela, donde las madres de familia cargan sus bolsas del mercado, esas pueden esperar, como las vías de acceso a la zona norponiente de Pachuca, ubicada atrás de la penitenciaría, que están ya sumamente deterioradas, ni qué hablar de las calles de la zona sur de la capital.
Frente a esta realidad, cabe preguntarse: ¿hasta cuándo tendremos ciudades donde cada colonia, cada calle, cada familia tenga acceso a infraestructura digna? Para el Movimiento Antorchista, la respuesta es clara. No podemos aceptar que el rezago urbano sea una condena perpetua para los más pobres. No podemos resignarnos a que los gobiernos nos ofrezcan bachetón tras bachetón mientras el problema de fondo se profundiza.
Se requiere una transformación. Se requiere que los tres órdenes de gobierno impulsen un programa integral de pavimentación que atienda principalmente a las colonias populares, que incluya drenaje, redes hidráulicas, banquetas y mantenimiento constante. Que no se limite a reparar cuando ya es tarde, sino que planee con visión de largo plazo. Que entienda que invertir en infraestructura urbana no es un gasto, es un derecho de las mayorías.
Pero también se requiere que el pueblo despierte. Que comprenda que no estamos pidiendo limosna, estamos reclamando lo que es nuestro.
Quienes viven en las colonias populares también pagan impuestos y, con ello, mantienen a este país funcionando. Y tienen derecho a transitar por calles dignas, a no tener que gastar en reparar su coche cada semana, a no arriesgar su vida en un camino lleno de baches y de olvido.
Desde Antorcha, seguiremos luchando. Seguiremos movilizándonos, exigiendo obras para las colonias y comunidades, denunciando que el gobierno de Hidalgo sigue sin resolver las peticiones de obra solicitadas en el pliego petitorio del Movimiento Antorchista.
Porque sabemos que el cambio no vendrá de la buena voluntad de los gobernantes, sino de la presión organizada de las mayorías. El pueblo unido es el único que puede transformar esta realidad.
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