• Falta de obra pública y abandono a la vivienda popular detonan la crisis en el estado
Para el Movimiento Antorchista, la caída de 8.3 % en el sector de la construcción reportada por el Inegi no es un dato aislado ni un simple revés coyuntural: es la evidencia de un modelo económico y político que ha abandonado la vivienda popular y la obra pública de carácter social.
Mientras la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reconoce el reto y matiza la metodología del organismo, la organización social sostiene que el problema de fondo es la decisión política de privilegiar el mercado inmobiliario sobre las necesidades de los más pobres.
El dirigente municipal en Durango, Martín González Ávila, ha sido enfático: la falta de vivienda asequible "no es un fenómeno natural, es una decisión política del gobierno que ha privilegiado el mercado inmobiliario sobre la vida de los pobres".
Desde esa lectura, la crisis de la construcción se explica por la desaparición de programas federales de vivienda social, la ausencia de una política nacional de suelo urbano y el abandono de la regularización de predios.
Los más de 50 asentamientos irregulares que albergan a entre 8 mil y 10 mil familias en la capital duranguense son, para la organización, la prueba más cruda de ese fracaso histórico del Estado mexicano.
Antorcha no se queda en el diagnóstico, González Ávila ha fijado una postura clara: la organización no promueve invasiones, sino organización popular y gestoría ante el Estado, pero advierte que no actúa como "mero tramitador de necesidades", sino como un actor político que exige una transformación de fondo.
Si no hay respuestas, la lucha por la vivienda seguirá creciendo, porque la necesidad no espera y el derecho no se negocia.
"No pedimos caridad, pedimos justicia. La regularización de predios y la dotación de servicios no pueden depender de promesas electorales ni de la buena voluntad de los funcionarios.
Es un derecho constitucional que el gobierno federal está obligado a cumplir", sostuvo.
En ese marco, el antorchismo duranguense emplaza al gobierno federal a asumir la administración del desarrollo urbano, articular a los tres niveles de gobierno, asignar presupuesto suficiente y establecer plazos vinculantes para la regularización y la dotación de servicios básicos.
Su postura contrasta frontalmente con la del sector empresarial, que celebra la inversión pública estatal y municipal en marcha: para Antorcha, esas obras no resuelven el problema de fondo si no se traducen en vivienda digna y servicios para los sectores más pobres.
La organización también advierte que la paciencia popular tiene límites. "Si no hay respuestas, la lucha por la vivienda seguirá creciendo, porque la necesidad no espera y el derecho no se negocia", concluyó el dirigente municipal.
Para el Movimiento Antorchista, la caída de la construcción es sólo un síntoma de un modelo que sigue postergando a los más pobres.
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