Tras el paso devastador de las tormentas “Priscilla” y “Raymond”, el paisaje en varias comunidades de Hidalgo es desolador: viviendas destruidas, cultivos anegados, caminos convertidos en barrancas, puentes destruidos.
En respuesta, los gobiernos estatal y federal han desplegado una medida que, en teoría, busca el alivio inmediato: la entrega directa de efectivo, con un primer pago de 20 mil pesos por familia. Sin embargo, lejos de ser percibida como un apoyo genuino, esta estrategia, dados los antecedentes del partido en el poder, plantea una pregunta incómoda: ¿es esto solidaridad con los damnificados o una cínica compra de votos de cara a las elecciones?
La premisa del apoyo es, en el papel, loable. No obstante, la realidad sobre el terreno desnuda las graves limitaciones de este programa. 20 mil pesos son insuficientes
La premisa del apoyo es, en el papel, loable. El dinero en efectivo ofrece flexibilidad a las familias para atender sus necesidades más urgentes. No obstante, la realidad sobre el terreno desnuda las graves limitaciones de este programa. 20 mil pesos son insuficientes para reconstruir una vivienda, replantar una parcela o compensar la pérdida total de un patrimonio.
Esta cantidad parece más un paliativo, un intento de acallar la inconformidad creciente por la lentitud de la respuesta gubernamental y por la precaria infraestructura carretera que colapsó ante las lluvias, un problema de fondo largamente ignorado.
La sospecha de un móvil electoral se agudiza con la implementación del censo. Numerosos reportes de habitantes de las zonas afectadas señalan irregularidades flagrantes: familias que lo perdieron todo y quedaron fuera del padrón (en el caso de comunidades de la Huasteca no se contemplarán las viviendas de materiales endebles como madera, lámina; sólo las casas de material), mientras que vecinos con daños menores o nulos recibieron el apoyo (por ejemplo, en Huehuetla, familias de San Lorenzo fueron censadas y recibieron el apoyo el pasado domingo, siendo que esta comunidad no fue afectada).
Esta opacidad en la selección señala que el recurso se está utilizando como un instrumento clientelar, silenciando las protestas, más que atendiendo criterios de necesidad.
Pero, ¿de dónde sale el dinero? La presidenta Claudia Sheinbaum anunció con bombo y platillo un fondo de 100 mil millones de pesos para la reconstrucción en varios estados, incluido Hidalgo. Sin embargo, especialistas en finanzas públicas alertan que este monto se financiará mediante más deuda pública.
Jonathan Maldonado, analista financiero del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), lo expresa claramente en un análisis reciente: “En un contexto de alto déficit fiscal y donde los ingresos petroleros son volátiles, el gobierno federal tiene pocas opciones distintas al endeudamiento para financiar gastos no previstos de esta magnitud. Cada peso que se destina a estos programas sin una partida claramente identificada, es un peso que se suma a la deuda que pagarán las siguientes generaciones” (Análisis de Gasto Público, IMCO, octubre 2024).
Las cifras respaldan esta preocupación. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública neta del gobierno federal ha experimentado un crecimiento significativo durante los sexenios de Morena, pasando de aproximadamente 4.8 billones de pesos en 2018 a alrededor de 7.5 billones en 2023. Añadir 100 mil millones más sin un plan de financiamiento sólido no hace sino profundizar un problema estructural.
La politóloga Ilán Bizberg, del Colegio de México, ofrece una perspectiva contundente sobre la estrategia subyacente: “La entrega directa de efectivo en contextos de desastre se ha convertido en un mecanismo de alta rentabilidad política. Permite al gobierno presentarse como el salvador, centralizar el agradecimiento y, en el mejor de los casos, condicionar la lealtad electoral a cambio de una ayuda que, por derecho, debería ser imparcial y universal” (Entrevista para Proceso, octubre 2024).
Los números del desastre en Hidalgo, según reportes preliminares de la Secretaría de Gobernación, hablan de más de 4 mil viviendas afectadas y más de 50 mil hectáreas de cultivo dañadas. Frente a esta dimensión, los 20 mil pesos iniciales son una gota en un océano de necesidad. La reconstrucción real requiere un plan integral, transparente y a largo plazo que aborde no solo la reparación de lo dañado, sino la construcción de infraestructura carretera capaz de resistir las condiciones de las zonas serranas.
La tragedia en Hidalgo no debería ser el escenario para una campaña política disfrazada de ayuda humanitaria. Los damnificados necesitan soluciones duraderas, no limosnas electorales; transparencia en el censo, no opacidad clientelar; y una reconstrucción financiada de manera responsable, no con deuda que hipoteque el futuro.
Regalar dinero sin un plan claro, con opacidad y en un año que marca el inicio de la carrera electoral, no es apoyo. Es, en el mejor de los casos, una cortina de humo para tapar la ineficacia y, en el peor, un vulgar intento de comprar conciencias con el erario público.
La ciudadanía hidalguense, y la mexicana en general, merece más que eso. Merece que su dolor no sea convertido en moneda de cambio. Los damnificados de hoy y todos los mexicanos merecen un gobierno que sirva realmente al pueblo, un verdadero gobierno del pueblo.
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