• La movilización social en la capital potosina persiste tras cuatro años de compromisos incumplidos por el ayuntamiento
Aunque algunos gobiernos procuren cubrirse con manto de populares y justicieros como representantes de los intereses de la sociedad entera, aparecen a cada nada situaciones que revelan el origen de clase de estos, porque muchos de ellos se preocupan por todo, menos por la situación real de los más pobres, quienes carecen de todo y que, por su situación de vulnerabilidad, debieran ser atendidos prioritariamente, ellos sí.
Los servidores públicos son mandatarios y no mandantes de la sociedad, por lo que el dinero público debe utilizarse para resolver las necesidades de la población.
Y no es que los demás sectores no deban ocuparse de las acciones del gobierno, sino que es necesario no cerrar los ojos ante la realidad: sin mano de obra, que es la que habita la periferia de las ciudades (donde no hay drenaje sanitario, agua entubada, calles pavimentadas, transporte eficiente, vivienda adecuada, luz, clínicas, escuelas, etcétera), no hay producción de riqueza, ni crecimiento económico, vaya, ni siquiera lo indispensable para vivir.
Así lo demostró el desplome de la economía mundial cuando por la pandemia los trabajadores se quedaron encerrados en sus casas sin poder ir a trabajar para los "emprendedores" que, por sí mismos, fueron incapaces de echar a andar sus máquinas con todo y la inteligencia artificial y los robots para producir sus mercancías.
Ahora que los antorchistas de la capital potosina se han movilizado por la solución de sus demandas, sobre las cuales hay muchos compromisos de solución desde hace cuatro años por parte del ayuntamiento, hoy no sólo se desconocen, sino que se maltrata y ningunea a los peticionarios intentando deslegitimar su lucha con argumentos falsos y deleznables para conculcarles su derecho a una vida digna como lo establece la Constitución.
A la ciudadanía no le queda más que la protesta pública si pretende que la autoridad la escuche. Sólo organizada adquiere la fuerza suficiente para defender los derechos que ya tiene conquistados, muchos de ellos con sangre, durante la Revolución de 1910, pero que permanecen como letra muerta mientras no se cumplan en los hechos.
Ningún derecho se materializa, ni siquiera se conserva, si la sociedad permanece en actitud pasiva. Por eso la organización y la lucha popular siguen siendo el único camino efectivo para hacerlos realidad y por eso, hoy como antes, sigue siendo la organización popular tan atacada y calumniada.
Los servicios y obras demandadas por los antorchistas son derechos consagrados por la Constitución, por lo que son obligación de la autoridad atenderlos y resolverlos, así lo establece, entre otros, el 115 constitucional.
Recordemos, además, que los servidores públicos, aun los que lo son por elección popular, son mandatarios y no mandantes de la sociedad; y que son los impuestos de la población los que trabajan y conforman el dinero público, el cual debe ser utilizado, si razonamos a derechas, precisamente para resolver las necesidades de esta.
Desde mi punto de vista, las protestas buscan visibilizar las demandas ciudadanas porque está claro que su solución no puede seguirse difiriendo eternamente, y si estas sirven también para recordarles a los gobernantes su obligación de estar para servir a la ciudadanía y no para servirse de ella, eso no debiera provocar encono ni animadversión de la autoridad hacia los peticionarios, sino más bien, su actuación consecuente, de acuerdo con lo que se comprometieron cuando solicitaron que los favoreciera el voto ciudadano porque eran garantía de soluciones.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario