México se encuentra en un momento crucial, pero también profundamente contradictorio. Por un lado, la oposición tradicional, aquella que durante décadas gobernó para una minoría privilegiada, sigue utilizando discursos hipócritas sobre “democracia”, “libertad” y “Estado de derecho” para intentar regresar y recuperar los espacios que perdió con el despertar popular que llevó a la llamada Cuarta Transformación al poder.
Sin embargo, estos mismos grupos son responsables históricos del saqueo, la desigualdad y la violencia que han condenado a millones a la pobreza y la marginación.
El debilitamiento de organismos autónomos y contrapesos institucionales, esenciales para el equilibrio democrático, es otro síntoma del autoritarismo que avanza silenciosamente.
Esta oposición, lejos de representar un proyecto de país para las mayorías, sólo busca restaurar el antiguo régimen que privilegia al capital y deja de lado a los trabajadores, campesinos y comunidades más vulnerables. Su discurso no es más que una cortina de humo para ocultar la continuidad del sistema de explotación y despojo que durante años impusieron.
Pero, en el otro extremo, la llamada Cuarta Transformación, que prometió romper con ese pasado y construir un México nuevo, ha mostrado un rostro decepcionante para muchos. A pesar de algunos avances superficiales, el gobierno actual ha caído en una preocupante tendencia autoritaria que restringe libertades políticas esenciales.
La concentración del poder en la figura presidencial, la reducción de espacios de diálogo plural, la censura a medios independientes y el hostigamiento a periodistas críticos son claros indicios de un retroceso democrático.
Este cerco autoritario se agrava en un contexto donde la violencia sigue golpeando con fuerza al país. En 2023, México registró más de 36 mil homicidios dolosos, una cifra que mantiene al país en uno de los lugares más peligrosos a nivel global.
La inseguridad, la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales para proteger a las comunidades son un reflejo de las prioridades equivocadas y la incapacidad para garantizar un entorno seguro para la población.
En el terreno económico, la precariedad laboral se mantiene como un grave problema. Más del 56 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, sin acceso a prestaciones ni derechos laborales que les permitan una vida digna.
La pobreza, lejos de disminuir, afecta a más del 43 % de la población mexicana, según datos oficiales, mostrando la insuficiencia de las políticas sociales implementadas.
A pesar de las promesas, la desigualdad persiste. La riqueza sigue concentrada en pocas manos, mientras millones luchan por sobrevivir con salarios insuficientes, acceso limitado a servicios básicos y oportunidades reducidas para la movilidad social.
Además, la educación pública, clave para el desarrollo y la transformación social, no ha recibido la inversión necesaria para mejorar su calidad y cobertura. La falta de infraestructura, la deserción escolar y las deficiencias en la formación son un obstáculo para que las nuevas generaciones puedan salir del ciclo de pobreza.
En este contexto, el debilitamiento de organismos autónomos y contrapesos institucionales, esenciales para el equilibrio democrático, es otro síntoma del autoritarismo que avanza silenciosamente. Al mismo tiempo, los programas sociales se han convertido en instrumentos de control político más que en mecanismos reales para empoderar a la población.
Esta realidad muestra que ni la oposición tradicional ni la 4T representan una verdadera alternativa para el pueblo mexicano, ambos reproduciendo, de distintas formas, un sistema que perpetúa la desigualdad, la exclusión y la falta de derechos.
Por eso, la solución real no puede estar en confiar en gobiernos o partidos que, al final, operan bajo las reglas de un sistema que protege a las élites y mantiene al pueblo en la marginación. La única vía para una transformación profunda y duradera es que el pueblo se eduque políticamente, se organice y asuma el protagonismo de su propio destino.
La historia ha demostrado que las grandes conquistas sociales sólo se logran cuando el pueblo es fuerte, consciente y disciplinado, y que ningún cambio verdadero viene desde arriba sin la presión y la lucha organizada desde abajo.
México sólo podrá salir adelante cuando millones de trabajadores, campesinos, estudiantes y ciudadanos conscientes de su fuerza se unan en una organización popular que defienda sus derechos, construya poder y exija justicia social de manera constante y organizada.
Ni la derecha que sólo busca volver al pasado ni una 4T que se ha mostrado autoritaria y limitada son la solución. La esperanza está en la organización del pueblo, en la educación política y en la lucha diaria que transforme la realidad de abajo hacia arriba.
El pueblo organizado es y seguirá siendo la única esperanza para un México justo, democrático y digno para todos.
México se encuentra en un momento crucial, pero también profundamente contradictorio. Por un lado, la oposición tradicional, aquella que durante décadas gobernó para una minoría privilegiada, sigue utilizando discursos hipócritas sobre “democracia”, “libertad” y “Estado de derecho” para intentar regresar y recuperar los espacios que perdió con el despertar popular que llevó a la llamada Cuarta Transformación al poder.
Sin embargo, estos mismos grupos son responsables históricos del saqueo, la desigualdad y la violencia que han condenado a millones a la pobreza y la marginación.
Esta oposición, lejos de representar un proyecto de país para las mayorías, sólo busca restaurar el antiguo régimen que privilegia al capital y deja de lado a los trabajadores, campesinos y comunidades más vulnerables. Su discurso no es más que una cortina de humo para ocultar la continuidad del sistema de explotación y despojo que durante años impusieron.
Pero, en el otro extremo, la llamada Cuarta Transformación, que prometió romper con ese pasado y construir un México nuevo, ha mostrado un rostro decepcionante para muchos. A pesar de algunos avances superficiales, el gobierno actual ha caído en una preocupante tendencia autoritaria que restringe libertades políticas esenciales.
La concentración del poder en la figura presidencial, la reducción de espacios de diálogo plural, la censura a medios independientes y el hostigamiento a periodistas críticos son claros indicios de un retroceso democrático.
Este cerco autoritario se agrava en un contexto donde la violencia sigue golpeando con fuerza al país. En 2023, México registró más de 36 mil homicidios dolosos, una cifra que mantiene al país en uno de los lugares más peligrosos a nivel global.
La inseguridad, la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales para proteger a las comunidades son un reflejo de las prioridades equivocadas y la incapacidad para garantizar un entorno seguro para la población.
En el terreno económico, la precariedad laboral se mantiene como un grave problema. Más del 56 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, sin acceso a prestaciones ni derechos laborales que les permitan una vida digna.
La pobreza, lejos de disminuir, afecta a más del 43 % de la población mexicana, según datos oficiales, mostrando la insuficiencia de las políticas sociales implementadas.
A pesar de las promesas, la desigualdad persiste. La riqueza sigue concentrada en pocas manos, mientras millones luchan por sobrevivir con salarios insuficientes, acceso limitado a servicios básicos y oportunidades reducidas para la movilidad social.
Además, la educación pública, clave para el desarrollo y la transformación social, no ha recibido la inversión necesaria para mejorar su calidad y cobertura. La falta de infraestructura, la deserción escolar y las deficiencias en la formación son un obstáculo para que las nuevas generaciones puedan salir del ciclo de pobreza.
En este contexto, el debilitamiento de organismos autónomos y contrapesos institucionales, esenciales para el equilibrio democrático, es otro síntoma del autoritarismo que avanza silenciosamente. Al mismo tiempo, los programas sociales se han convertido en instrumentos de control político más que en mecanismos reales para empoderar a la población.
Esta realidad muestra que ni la oposición tradicional ni la 4T representan una verdadera alternativa para el pueblo mexicano, ambos reproduciendo, de distintas formas, un sistema que perpetúa la desigualdad, la exclusión y la falta de derechos.
Por eso, la solución real no puede estar en confiar en gobiernos o partidos que, al final, operan bajo las reglas de un sistema que protege a las élites y mantiene al pueblo en la marginación. La única vía para una transformación profunda y duradera es que el pueblo se eduque políticamente, se organice y asuma el protagonismo de su propio destino.
La historia ha demostrado que las grandes conquistas sociales sólo se logran cuando el pueblo es fuerte, consciente y disciplinado, y que ningún cambio verdadero viene desde arriba sin la presión y la lucha organizada desde abajo.
México sólo podrá salir adelante cuando millones de trabajadores, campesinos, estudiantes y ciudadanos conscientes de su fuerza se unan en una organización popular que defienda sus derechos, construya poder y exija justicia social de manera constante y organizada.
Ni la derecha que sólo busca volver al pasado ni una 4T que se ha mostrado autoritaria y limitada son la solución. La esperanza está en la organización del pueblo, en la educación política y en la lucha diaria que transforme la realidad de abajo hacia arriba.
El pueblo organizado es y seguirá siendo la única esperanza para un México justo, democrático y digno para todos.
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