El pasado jueves 21 de agosto, dos mujeres indígenas fueron asesinadas a balazos en la comunidad de Yozondacua, municipio de Cochoapa el Grande, en la región Montaña de Guerrero, reconocida por su marginación y pobreza ancestrales, fuera de los discursos de equidad de género y en pleno año del llamado “2025, Año de la Mujer Indígena”, que queda sólo en eso, en un eslogan oficial.
En la región Montaña, las lágrimas de niñas, jovencitas, mujeres y adultas mayores se pierden silentes entre la densa neblina que cubre la región en las mañanas y en las noches casi todo el año.
A las 10:30 de la noche, al asesor jurídico del Ayuntamiento de Cochoapa el Grande llegó de manera directa el aviso del doble feminicidio, por parte de pobladores de la comunidad, y la mañana del viernes, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio a realizar las diligencias correspondientes y recabar pruebas. Hasta el momento, la identidad de las víctimas no había sido revelada por las autoridades de los tres niveles de gobierno que arribaron a la escena del crimen para realizar las primeras indagatorias y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.
Este preocupante hecho es sólo un ejemplo más de los actos de violencia de género cometidos en pueblos indígenas marginados de la región Montaña, donde el acceso a la justicia suele ser limitado, principalmente para las mujeres, que siguen siendo víctimas de violencia; el discurso reiterativo de la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda, de seguir construyendo en Guerrero un santuario para las mujeres, parece cada vez más alejado de la realidad.
Rodeado de montañas y enormes pinos está Cochoapa el Grande, señalado por organismos de derechos humanos como uno de los municipios más pobres de México, con altos índices de violencia y rezago social, donde el abandono gubernamental persiste en varios pueblos alejados, a donde aún no llegan las tarjetas del bienestar, pero siguen ocurriendo los feminicidios en un clima de impunidad y silencio.
En la Montaña, el respeto a las mujeres sigue siendo una tarea pendiente de la actual administración estatal porque continúan registrándose el matrimonio infantil y la venta de niñas con el argumento de “usos y costumbres”, la discriminación, abuso y todas las formas de violencia contra mujeres de la región, en sus hogares, en las escuelas y en los espacios públicos; las lágrimas de niñas, jovencitas, mujeres y adultas mayores se pierden silentes entre la densa neblina que cubre la región en las mañanas y en las noches casi todo el año.
Respecto al doble feminicidio, la FGE informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Durante el primer trimestre del 2025 se registraron 14 feminicidios en el estado, de los cuales siete fueron en Acapulco y el resto en Zihuatanejo, Alcozauca de Guerrero, Taxco de Alarcón, Chilapa, Iguala y Chilpancingo, posicionándose la entidad como la quinta con más casos de feminicidios dolosos, con una tasa de 0.91 víctimas por cada 100 mil mujeres; a esta cifra se suman otros trece homicidios dolosos con presunción de feminicidio.
Sin embargo, organizaciones como la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVM) presentan cifras propias que contrastan con las oficiales, documentando en el mismo periodo feminicidios en Acapulco (4), Alcozauca, Tlapa, Iguala e Igualapa con uno en cada municipio; Zihuatanejo (2), alertando que en el 2024 hubo 176 víctimas de feminicidio en la entidad, muy por encima del reporte oficial.
A pesar de los avances normativos, como la Ley Camila (2023), que endurece las sanciones contra agresores sexuales; el Decreto 241 (noviembre 2022), que prohíbe la cohabitación forzada, reformando el Código Penal para proteger a niñas y adolescentes de uniones impuestas; la Ley Ingrid Guerrero (Decreto 204, enero 2025), que penaliza la difusión no autorizada de imágenes de mujeres víctimas de violencia; la reforma al artículo 5º de la Constitución local, que reconoce el derecho a la búsqueda inmediata de personas desaparecidas; y la Nueva Ley de Bienestar (2025), que incluye un programa económico específico para madres jefas de familia, la violencia feminicida en Guerrero no ha sido frenada de manera estructural ni sostenida.
Las cifras reportadas no reflejan el total de la problemática y la inacción institucional, sumada a factores socioculturales y criminales, impide que las reformas legales se traduzcan en una reducción real de riesgo para mujeres.
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