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En Antorcha llevamos más de 50 años organizando a colonos, campesinos, maestros y trabajadores. Lo hacemos porque conocemos los problemas que enfrenta la gente: la falta de agua, drenaje, pavimento, escuelas, vivienda y muchos otros servicios que deberían estar al alcance de todos.
Pero nuestra lucha no termina en conseguir una obra o resolver una necesidad inmediata. Nuestro objetivo es mucho más grande: luchar contra la pobreza y construir mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador.
En Baja California lo sabemos bien. También sabemos que muchas veces una persona va sola a una dependencia, entrega una solicitud y tiene que esperar meses o años para obtener una respuesta.
Por eso nos organizamos. Porque juntos podemos exigir que nuestras demandas sean atendidas, pero también porque entendemos que los problemas de la pobreza no se resuelven de forma individual. Esto es importante recordarlo por lo que está ocurriendo actualmente con nuestros compañeros de Querétaro y Veracruz.
El 7 de septiembre, el comité estatal de Antorcha en Querétaro denunció amenazas de muerte contra su dirigente estatal, el profesor Jerónimo Gurrola Grave.
De acuerdo con el comunicado, quienes lo amenazan conocen sus horarios, actividades y medios de transporte. Esto ocurre mientras nuestros compañeros gestionan ante el gobierno estatal distintas demandas de miles de familias.
En Veracruz, nuestros compañeros también llevan meses solicitando atención a sus demandas. Después de movilizaciones realizadas en mayo y junio, se convocó a una nueva marcha para el 22 de septiembre en Xalapa.
Frente al intento de intimidar y frenar la movilización, haremos lo que hemos hecho durante décadas: organizarnos, mantenernos unidos y defender nuestro derecho a luchar.
Días antes, tres dirigentes antorchistas recibieron citatorios judiciales para presentarse ese mismo día.
Está claro que no es una simple coincidencia, sino un intento de intimidar y frenar la movilización. ¿Y qué estamos haciendo ante esto?
Lo mismo que hemos hecho durante décadas, organizarnos, mantenernos unidos y defender nuestro derecho a luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador.
Porque no debemos olvidar que manifestarse pacíficamente y presentar una petición ante las autoridades es un derecho constitucional. El artículo octavo reconoce el derecho de petición y el artículo noveno protege el derecho de asociación y reunión pacífica.
Por eso lo que ocurre en Querétaro y Veracruz también nos debe importar en Baja California. Si un compañero es amenazado, debemos saberlo; si una movilización es intimidada, debemos conocerlo.
Hoy tenemos una herramienta que hace posible hacerlo con mucha mayor rapidez: las redes sociales. Compartir una publicación, comentar, enviar un video o repartir un volante a nuestros conocidos también es una manera de participar en esta lucha.
Queremos que nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares y cualquier persona que se interese por los problemas del pueblo conozcan lo que hacemos y entiendan por qué nos organizamos.
Cuando exigimos agua, vivienda, escuelas o mejores condiciones para una colonia, estamos enfrentando las consecuencias de la pobreza. Y cuando organizamos a la gente para luchar por sus necesidades, también buscamos que comprenda que esas carencias no tienen por qué ser una condición irremediable.
Sigamos unidos, difundiendo nuestros mensajes y defendiendo nuestro derecho a organizarnos y a manifestarnos pacíficamente. Porque nuestra lucha no es solamente por una obra, un terreno o una escuela, es por acabar con la pobreza y construir una vida mejor para el pueblo trabajador.
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