• Colonos sudcalifornianos denuncian que funcionarios estatales frenan las peticiones de vivienda y obras públicas
Varios medios informativos dieron cuenta de la manifestación del pasado 17 de septiembre en la representación del gobierno del estado, ubicada en el malecón de la Marina de Cabo San Lucas. La visita, reportaban, era para exigir el cumplimiento de acuerdos y compromisos previamente establecidos con autoridades estatales.
De acuerdo con el posicionamiento de la organización, entre las principales demandas se encuentran vivienda digna, educación y servicios básicos. También solicitan materiales y apoyos para vivienda, necesidades que, aseguran, han sido planteadas en distintas mesas de trabajo con funcionarios estatales.
Por esta vía me permito denunciar el bloqueo que ejercen varios funcionarios del Gobierno del Estado en contra de mis compañeros antorchistas organizados. Palabras más, palabras menos, he dicho y demostrado lo siguiente.
Primero, las peticiones que le formulamos a la actual administración datan desde el año 2021. Es decir, varias demandas llevan cinco años sin encontrar una respuesta satisfactoria.
Segundo, tales peticiones son demandas muy sentidas por la población, puesto que se trata de asuntos como la carencia de terrenos para las familias de San José del Cabo y La Paz.
También incluyen proyectos de electrificación para las colonias antorchistas de Cabo San Lucas, como Unión y Victoria Antorchista. Además, se solicitan paquetes de mejoramiento de vivienda e infraestructura para la preparatoria popular Moctezuma en Gastélum.
Asimismo, se requiere mobiliario para la Casa del Estudiante Pedro Zapata Baqueiro y sistemas fotovoltaicos para varias colonias que no cuentan con electrificación. Por último, urgen apoyos alimenticios para familias muy vulnerables.
Tercero, he dicho que esas peticiones se hicieron en tiempo y forma ante la instancia correspondiente. Sin embargo, a pesar de establecer fechas tentativas de solución, los funcionarios que les toca atender maniobran lastimosamente la resolución.
Esta circunstancia nos ha obligado, como en otras ocasiones, a realizar marchas, mítines y campañas de denuncia con volanteo, como la ocurrida el 17 de septiembre. Ahí decimos que los funcionarios no funcionan y no obedecen al gobernador.
Ahora bien, invitamos a la opinión pública sudcaliforniana a que esté oportuna y verazmente informada, para que juzgue la importancia de nuestra lucha. Es fundamental que se entienda qué es lo que pedimos que se resuelva.
Buscamos que la gente trabajadora tenga una vida más digna, pues es quien produce la riqueza de este estado y del país. Esta es una situación que a veces algunos funcionarios no quieren reconocer.
En reiteradas ocasiones, el Gobierno del Estado se ha congratulado por la llegada de inversiones empresariales. Esto es producto, según dice, de una gran campaña para atraer capitales a estos destinos turísticos, y está bien.
Sin embargo, a esta política de atracción de capitales nacionales y extranjeros no se le suma la atención o el equilibrio necesario a los problemas actuales de la sociedad en su conjunto.
Por ejemplo, vemos que el Estado privilegia los apoyos a las empresas, de modo que les consigue terrenos accesibles y baratos. Además, les construye servicios sin aportación alguna, como carreteras, electricidad y drenajes para sus desechos.
En contrapartida, la obra pública en los lugares donde viven aislados y marginados los trabajadores es muy poca o casi nula, en comparación con las necesidades de la población más vulnerable.
El Estado privilegia los apoyos a las empresas, a las que consigue terrenos accesibles y baratos; en contrapartida, la obra pública en los lugares donde viven marginados los trabajadores es casi nula.
Asimismo, les cobran los impuestos a voluntad de los empresarios, pues ellos son los que declaran sus propias ganancias. Las más de las veces se sabe bien que el fisco es bastante blando con ellos, dejándoles la mayor parte de la carga fiscal a los trabajadores.
Pero quizá lo más grave es que la política salarial en las leyes mexicanas, y por ende las que se aplican localmente, está totalmente volcada a los intereses del capital.
Los llamados salarios mínimos son verdaderamente vergonzosos en relación con las necesidades del trabajador y su familia. Ni siquiera los salarios más altos de la élite trabajadora mejor pagada cubren las necesidades de una familia típica mexicana.
Menos aún el promedio de los salarios de los trabajadores. Por otra parte, me llama mucho la atención cómo pocas páginas informativas dan a conocer la insatisfacción de muchas familias que no tienen resueltos los servicios básicos.
Faltan agua, drenaje, pavimentación, electrificación, alumbrado público, salud y escuelas. Ya no digamos el fomento al deporte y la cultura, la falta de seguridad pública en sus colonias o la carencia de apoyos gubernamentales para la adquisición de terrenos para vivienda.
Espero que con lo expuesto se entienda que no es una simple protesta. Claro que no. Es, sin lugar a dudas, evidencia de que las autoridades municipales al frente desatienden gravemente a la ciudadanía en general.
No solamente afectan a los antorchistas, que, si bien somos un grupo importante, de todas maneras somos minoría. Las quejas no sólo son de los antorchistas.
Por todo esto, aquí aparece una de las razones por las que Antorcha critica el actual modelo económico del país. Me refiero al mal gasto social que se hace con el presupuesto del erario.
El dinero que es del pueblo, producto del pago de sus impuestos y de la venta del petróleo, no se refleja en más y mejores servicios públicos. Así están las cosas y no hay para dónde hacerse.
El gobierno del estado de Baja California Sur ha manifestado su disposición al diálogo y a la "atención" de los problemas planteados desde hace mucho por los ciudadanos organizados en Antorcha. Sin embargo, no hay avance.
De manera formal y por escrito, desde que entró esta administración, le entregamos nuestro pliego petitorio al gobernador Víctor Castro. Hace una semana nos tuvimos que manifestar una vez más.
Esto se debe a que el propio gobernador hizo compromisos para resolver justas demandas que durante cinco años han sido tema de conversación entre la Secretaría General de Gobierno y la dirigencia del antorchismo estatal.
Los funcionarios, después de innumerables reuniones, se llevan las indicaciones, pero no accionan, no concretan y dan largas. O simplemente maltratan a quienes vamos a tocar puertas a su oficina para dar seguimiento.
Tenemos derecho a exigir que se cumpla lo acordado y no vamos a quedarnos callados ante este burdo artificio al que se nos quiere someter. Seguiremos en pie de lucha y alzando la voz hasta ser escuchados y hasta que el gobierno resuelva.
Pueblo trabajador de BCS, pedimos tu comprensión si nos ves próximamente manifestándonos; solidarízate con nuestra lucha. Y al gobierno, ¿qué más decir? La voluntad política está en su cancha.
Es urgente que alguien tome los temas y resuelva. ¡Ni un paso atrás! ¡Viva la lucha organizada y legal del Movimiento Antorchista de Baja California Sur!
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