• Comunidades enteras sufren desabasto y contaminación del recurso ante la indiferencia de las autoridades
Desde hace años se advierte que una de las principales disputas del futuro será por el agua. Lo que antes parecía una amenaza lejana hoy comienza a convertirse en una realidad para millones de mexicanos.
La escasez del vital líquido ya afecta a distintas regiones del país. Sus consecuencias golpean con mayor fuerza a las familias de menores recursos, aunque el problema comienza a sentirse en todos los sectores de la población.
De acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), varias entidades del norte, el Bajío y el Valle de México enfrentan condiciones preocupantes de sequía y escasez. Estados como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora han registrado afectaciones importantes en sus municipios.
A ellos se suman Querétaro, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, donde la falta de agua también representa un problema para miles de familias.
Las causas son diversas, pero hay algunas que no podemos pasar por alto: la sobreexplotación de los acuíferos, la extracción de agua por encima de su capacidad de recuperación, las bajas precipitaciones y los efectos del cambio climático.
A esto se suma una deficiente planeación y la falta de infraestructura suficiente para garantizar que el agua llegue en condiciones adecuadas a los hogares.
Un ejemplo reciente de esta problemática se vivió en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde habitantes denunciaron la distribución de agua turbia, con malos olores y posibles contaminantes.
La situación provocó inconformidad entre la población y puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de mejorar las redes de distribución y saneamiento.
Pero el problema no se limita a las grandes ciudades. En Sinaloa, las comunidades también han levantado la voz para exigir agua limpia y suficiente.
El pasado 28 de octubre, el Movimiento Antorchista acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para denunciar la falta de agua potable y la contaminación del recurso en distintas localidades del municipio de El Fuerte.
El representante estatal de la organización, Pavel Calderón Sosa, explicó que las familias de comunidades como Cahuinahua enfrentan dificultades para conseguir agua, además de reportar malos olores y problemas en la piel.
En algunos casos, los habitantes tienen que trasladarse a otras localidades para conseguir el líquido.
La situación es todavía más preocupante en comunidades como La Palma y Charay, donde ya existía una recomendación de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) para evitar el consumo del agua de un canal, luego de que se detectaran coliformes en las muestras analizadas.
El agua es indispensable para la vida y, por lo tanto, su acceso debe garantizarse como un derecho, no convertirse en un privilegio para quienes pueden pagarla.
Por si fuera poco, en Canutillo, también en el municipio de El Fuerte, sus habitantes llevan alrededor de cuatro décadas sin contar con una red de agua potable.
Ante esta realidad, surge una pregunta que las autoridades deberían responder: ¿qué derecho puede ser más básico que el de tener agua limpia para vivir?
El problema tampoco es ajeno a Coahuila. En la Comarca Lagunera, la sobreexplotación de los mantos acuíferos ha provocado una situación alarmante, pues el agua disponible presenta concentraciones de arsénico que representan un riesgo para la salud de la población.
Hace algunos años, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el proyecto Agua Saludable para La Laguna, con la promesa de garantizar agua de mejor calidad a los habitantes de la región.
Sin embargo, las expectativas generadas no se han traducido en una solución definitiva para las familias. En municipios como Torreón, San Pedro y Matamoros persisten las quejas por el desabasto, la calidad del agua y las dificultades para acceder a este servicio.
Mientras tanto, miles de familias tienen que comprar garrafones para cubrir una necesidad que debería estar garantizada por las autoridades.
El gasto representa un golpe adicional para la economía de quienes apenas tienen lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. No es justo que una familia tenga que destinar una parte importante de sus ingresos para conseguir agua que debería llegar hasta sus hogares.
La falta de agua no puede entenderse únicamente como un problema provocado por la naturaleza o por la ausencia de lluvias.
También tiene que ver con la manera en que se administra este recurso, con la falta de obras, la desigualdad en su distribución y la poca atención que reciben las comunidades que más lo necesitan.
El agua es indispensable para la vida y, por lo tanto, su acceso debe garantizarse como un derecho, no convertirse en un privilegio para quienes pueden pagarla.
De poco sirve hablar de desarrollo y bienestar cuando hay familias que no tienen agua para cocinar, bañarse o realizar las actividades más elementales de su vida diaria.
Si las autoridades no toman medidas de fondo, la escasez seguirá agravando los problemas económicos, sociales y de salud de la población. La disputa por el agua que durante años se anunció como un conflicto del futuro ya está presente.
Y frente a esta realidad, la sociedad no puede permanecer indiferente: es necesario exigir soluciones, obras y una distribución justa del recurso más importante.
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