En el municipio de Valparaíso no hay atención a las demandas de ciudadanos organizados en el Movimiento Antorchista, a pesar de que las peticiones se hicieron en tiempo y forma al inicio de la administración actual, y de ser una obligación de la alcaldesa Guadalupe Ortiz Robles con sus gobernados.
Los ayuntamientos tienen facultades que, de hacerlas efectivas, benefician a su población, al darles legalidad y urbanización progresiva, además de abrir la posibilidad de recibir ingresos a la hacienda municipal.
Es el artículo 115 de nuestra Carta Magna el que versa sobre las obligaciones en materia de servicios de los ayuntamientos, por eso me permito compartir un extracto: “Los municipios son responsables de servicios públicos clave como el agua, drenaje, limpia, alumbrado y mercados, y deben tener un régimen basado en la ley para administrar su patrimonio y ejercer funciones públicas”.
Lo anterior fundamenta que las obras de infraestructura básica, como alcantarillado o drenaje; las obras de energía eléctrica; el bacheo o los problemas del comercio, son facultad y obligación de la autoridad local atender, y cualquier municipio, incluso los más pequeños, puede realizar esta labor. Muchos de ellos tienen equipo mínimo para balizar, reparar luminarias o arreglar calles.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la regularización de colonias —un trámite que les da certeza sobre su patrimonio a las familias y, además, les permite recabar impuesto predial para contar con recurso en las arcas municipales—, aquí también conviene referirse al 115:
“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles”.
De lo leído anteriormente se derivan dos cuestiones trascendentales. Los ayuntamientos tienen facultades que, de hacerlas efectivas, benefician a su población, al darles legalidad y urbanización progresiva, además de abrir la posibilidad de recibir ingresos a la hacienda municipal.
A pesar de existir esas premisas —es decir, atribuciones legales y fuente de recursos—, lo cierto es que en la práctica acontece lo contrario.
¿Qué impide a la licenciada Guadalupe Ortiz atender y solucionar los problemas en Valparaíso?
Tras pocos meses de que asumió la administración, mis compañeros acudieron a exponer demandas de orden social que tienen que ver con servicios básicos y, sobre todo, regularización de colonias. La presidenta los recibió y manifestó disposición para resolver, pero los meses han pasado y no hay intención de atenderlos con la mínima seriedad por parte de la servidora pública.
El pasado miércoles 20 de octubre agendamos una cita con funcionarios estatales, y por la mañana nos notificaron que a la presidenta la había llamado el gobernador; por eso fuimos atendidos por el síndico y otros funcionarios de primer nivel, que se comprometieron a acudir al día siguiente a una reunión en gobierno del estado, pero nadie llegó.
En respuesta, se informó a los peticionarios que, una vez más, “el gobernador llamó a la licenciada Ortiz”, y nos propusieron que llegaría al encuentro en Zacatecas, pero eso no sucedió.
La verdad es que no entendemos la negativa de la alcaldesa, pues en muchos otros municipios hemos encontrado diálogo constructivo y, poco a poco, se atienden las acciones de carácter social y colectivo.
Una de las solicitudes que más apremian a los ciudadanos organizados es regularizar predios; nos consta que existe disposición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (Seduvot), pero falta voluntad política de la presidenta de Valparaíso.
No se entiende por qué se ponen trabas al proceso, pues, de lograrse la certeza legal, se daría paso a la escrituración, habría ingresos frescos a la tesorería municipal y se beneficiaría directamente a cerca de mil familias que están dispuestas a cubrir los requisitos para ser legalmente dueñas de los lotes donde han construido el patrimonio de sus hijos.
¿Qué hacer ante tal actitud?
Por este medio y a nombre de los antorchistas de Valparaíso, hacemos un llamado al diálogo de forma respetuosa; la gente quiere ser escuchada y atendida por sus autoridades, por lo que deben quedar claros obligaciones y derechos de ambas partes para que se logre el desarrollo social que Antorcha siempre ha promovido en el estado de Zacatecas.
Finalmente, debe quedar claro que, si no se logra el anhelado acercamiento de funcionarios que resuelvan (no hay intención de doblegar el posible orgullo y soberbia de la presidenta), los antorchistas harán efectivo su derecho a la manifestación pública y pacífica para exigir que se atiendan demandas plenamente justificadas que no significan derroche de recursos de la alcaldía y, por el contrario, serían de provecho económico para las arcas municipales, con los que pudieran atenderse necesidades como el bacheo, el alumbrado público o la introducción de redes de drenaje sanitario que faltan en varias localidades y colonias.
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