Los efectos negativos del capitalismo sobre el campo mexicano han traído como consecuencia el crecimiento poblacional de las localidades urbanas. Miles de familias provenientes de las zonas rurales llegan cada año a los alrededores de las urbes ya establecidas, sin que exista una política que planifique los asentamientos y atienda las necesidades de los recién llegados.
Este crecimiento, obligado por el empobrecimiento del campo, modifica las condiciones naturales del entorno y, de forma determinante, también las condiciones sociales: se incrementa la demanda de empleo, de vivienda, servicios públicos, educación y salud, por ejemplo. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en nuestro municipio, Nicolás Romero, hoy viven 450 mil habitantes que requieren las condiciones materiales básicas para acceder a una vida decorosa, sin privaciones.
Cada año nuestro municipio recibe más de mil 544 millones de pesos, recursos que dan la posibilidad de crecer, de ejercer el desarrollo social y atender las necesidades más urgentes de los ciudadanos.
Procurar el incremento y mejoramiento de los servicios básicos elementales, como movilidad, educación, recreación, empleo, deporte y salud, es indispensable para dignificar la vida de las familias que integran nuestro municipio.
Los datos del gobierno federal indican que el 43 % de la población en el municipio vive en situación de pobreza y 8 % en pobreza extrema; la Secretaría de Economía (SE) señala que el 19 % se encuentra en el rango de vulnerabilidad por carencias sociales y el 12 % es vulnerable por ingresos, es decir, lo que gana no le alcanza para satisfacer las necesidades familiares.
Es necesario señalar que el uso de ciertas variables como “vulnerabilidad por carencias sociales” y “vulnerabilidad por ingresos”, entre otras, son utilizadas habilidosamente por los gobiernos actuales para tratar de ocultar la verdadera dimensión de la pobreza. Haciendo a un lado estas categorías, que tratan de segmentar a la población pobre, la realidad nos dice que el 80 % de la población en el municipio vive en situación de pobreza.
Aunque no se pueda apreciar a simple vista, la seguridad es indispensable para el desarrollo armónico de las familias. Los habitantes deben tener la certeza de que cada día que salen al trabajo regresarán con bien a sus hogares. Es un derecho humano fundamental.
Por lo tanto, es indispensable que los gobiernos garanticen el derecho a la vida, a la integridad y libertad de los individuos. Debe reconocerse que con el crecimiento de la inseguridad no podrá haber una sociedad equitativa y justa, donde las personas vivan sin temor a ser víctimas de la violencia o la delincuencia.
Además, sin seguridad, tampoco habrá estabilidad económica; el crecimiento de la inseguridad impide la inversión, lo que dificulta el crecimiento económico y, por tanto, no se generan empleos. Para ser más concretos, en mayo de 2025, datos proporcionados por el gobierno del Estado de México ubican a Nicolás Romero entre los diez municipios más inseguros, pues tan sólo en el delito de homicidio doloso ocupa el tercer sitio de todos los municipios mexiquenses.

En la demarcación se ha generado un escenario en donde la corrupción policial, los homicidios, desapariciones y fosas clandestinas han crecido significativamente.
En materia de salud pública, los datos de nuestro municipio no son muy halagadores. Cierto que el gobierno federal tiene una responsabilidad ineludible con respecto a este derecho indispensable para los seres humanos; sin embargo, ante el agravamiento de la situación, es imprescindible que la administración local ofrezca una cobertura en los aspectos que se han dejado de atender; hay una insuficiencia de servicios médicos, el crecimiento poblacional ha superado por mucho las posibilidades de atención del sistema de salud pública.
De acuerdo con los datos del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025, de una población en el municipio de 455 mil 330 habitantes, únicamente 151 mil 355, el 31.6 %, tienen acceso a la salud; esto significa que más de 303 mil personas, el 67 % de la población, están desprovistas de este derecho fundamental; sólo se contabilizan 26 unidades de servicio médico en todo Nicolás Romero. Esta es una realidad muy lamentable.
Esta situación, realidad innegable bajo ninguna justificación, incluso, ni siquiera es una responsabilidad directa del gobernante en turno; es una consecuencia directa del sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos y del cual no habremos de liberarnos sin una revolución económica y social.
Lo que los gobiernos pueden hacer es defender los intereses de los poderosos o los de las familias humildes; sin embargo, corresponde al pueblo identificar la verdadera causa que genera esta lamentable situación en la que nos encontramos y actuar decididamente para modificarla.
Las condiciones actuales, que he tratado de exponer a grandes rasgos, tienen un propósito: el de clarificar a los trabajadores, a los pobres de nuestro municipio, a los que verdaderamente generan la riqueza social, que tenemos una primera tarea con la cual prestaremos un servicio fundamental a nuestra clase social: la de vigilar el desempeño de los gobiernos en turno y exigir, como lo marca la ley, la aplicación estricta y responsable de los recursos municipales, producto de los impuestos de los habitantes, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Cada año nuestro municipio recibe más de mil 544 millones de pesos, recursos que dan la posibilidad de crecer, de ejercer el desarrollo social y atender las necesidades más urgentes de los ciudadanos.
La concientización del pueblo y el respaldo a un proyecto progresista son fundamentales para el mejoramiento de las condiciones actuales de nuestro país; sin ellas no habrá desarrollo ni bienestar para las familias trabajadoras.
En nuestro municipio, el Movimiento Antorchista lleva más de 30 años luchando por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de escasos recursos económicos. A lo largo de este tiempo, cientos de personas han abrazado honestamente la causa que enarbolamos; puedo asegurar, con conocimiento de causa, que nuestro municipio tiene un enorme potencial, un gran corazón en todas sus comunidades y, sobre todo, una conciencia popular que cada día se acrecienta.
Durante estos años de trabajo comprometido en contra de la pobreza, nuestro movimiento ha realizado una labor de gestión y organización que ha permitido el acceso a la educación, cultura, infraestructura urbana y empleo, que han mejorado las condiciones de miles de familias.
En el rubro de atención a la salud, servicios públicos y vivienda, hemos gestionado y logrado Casas de Salud en las comunidades de Wenceslao Victoria Soto, Ejido Azotlán, Francisco I. Madero, Quinto Barrio Cahuacán y Ricardo Flores Magón, y se ha conquistado, a través de la lucha, que millones de pesos sean aplicados para la atención al alumbrado público, infraestructura cultural y educativa, así como para la obtención de un patrimonio para miles de familias que lo necesitan.
Nuestro proyecto de atención a la necesidad de vivienda se ve materializado en las colonias Clara Córdova Morán, Aquiles Córdova Morán, Espartaco, Manuel Serrano Vallejo, Juan Manuel Celis Ponce, Crescencio Sánchez Damián, Wenceslao Victoria Soto, Pedro Sánchez Camacho y Elsa Córdova, en cada una de las cuales hemos desarrollado un modelo de organización vecinal que ha permitido un desarrollo material y social, unido a un incremento de la conciencia de clase de sus habitantes.

La comprensión de esta realidad en la que vivimos, rodeada de falta de oportunidades y carencias, unida a la comprensión de los intereses estratégicos de los trabajadores, dirigidos, a grandes rasgos, a acabar con el abuso y las condiciones de explotación vigentes, deben ser el punto de partida para acabar gradualmente con las bases que ocasionan la miseria, las injusticias sociales y el sufrimiento de la población.
El llamado que hace el Movimiento Antorchista a toda la población humilde es, en primer término, a comprender claramente el origen de todas las privaciones que aquejan a las familias trabajadoras y, de manera simultánea, a participar directa y activamente en la defensa de los derechos de los trabajadores y en el mejoramiento paulatino de las condiciones en las que viven miles de habitantes de nuestro municipio, estado y país.
La fuerza que modificará las condiciones económicas y sociales está en los trabajadores y sus familias; nada puede lograrse sin la participación decidida y consciente de las multitudes humildes. No es verdad que una figura política tenga la posibilidad de mejorar la vida de millones de pobres en nuestro país, esa es una tarea del pueblo, del pueblo trabajador.
Si el pueblo comprende y asimila esta verdad, otras verdades igualmente sencillas y básicas comenzarán a impulsar la lucha, firme y pura, de quienes son los verdaderos creadores de la riqueza social: los obreros y campesinos.
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