El tema de las carencias en los servicios básicos de la vivienda es objeto de estudio permanente por especialistas e instituciones encargadas de medir la pobreza y el desarrollo social. Durante muchos años esa labor correspondió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo que fue extinguido mediante una reforma constitucional y cuyas funciones en materia de medición de la pobreza pasaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Desde mi punto de vista, muchas veces los términos técnicos utilizados por especialistas y funcionarios terminan suavizando una realidad que viven millones de mexicanos. Cuando se habla de "carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda" pareciera tratarse únicamente de un indicador estadístico, cuando en realidad significa que miles de familias no cuentan con agua potable, drenaje, energía eléctrica o combustibles adecuados para cocinar; es decir, carecen de condiciones mínimas para vivir con dignidad.
Esta reflexión surgió al leer una nota publicada por El Imparcial de Oaxaca titulada "Sin acceso a servicios básicos, 1 de cada 7 oaxaqueños: Sebien". La cifra llamó mi atención porque daba la impresión de que el problema afectaba únicamente a una pequeña parte de la población. Sin embargo, al revisar la información completa se observa que hacía referencia a habitantes de la capital del estado y no al conjunto de los oaxaqueños.
Los datos oficiales del INEGI muestran un panorama mucho más amplio. En la primera medición de pobreza multidimensional realizada por ese instituto se informó que, en 2024, el 29.6 % de la población mexicana vivía en situación de pobreza multidimensional. Oaxaca ocupó el tercer lugar nacional, con 51.6 % de su población en esa condición, solamente por debajo de Chiapas y Guerrero. Es decir, más de la mitad de los oaxaqueños continúa viviendo en condiciones de pobreza.
La situación resulta todavía más grave cuando se analiza la pobreza extrema. De acuerdo con el mismo informe, Oaxaca registró un 16.3 % de población en pobreza extrema, el tercer porcentaje más alto del país, únicamente detrás de Chiapas y Guerrero. Estos datos evidencian que millones de personas siguen sin poder satisfacer siquiera sus necesidades más elementales.
Es verdad que las cifras oficiales indican una reducción de la pobreza entre 2022 y 2024. Sin embargo, numerosos investigadores y analistas han señalado que estos resultados deben analizarse con cautela, pues la mejoría estadística no siempre se refleja en las condiciones materiales que vive la población. Basta recorrer las comunidades indígenas, las colonias populares y las zonas rurales de Oaxaca para constatar que persisten enormes rezagos en agua potable, drenaje, electrificación y pavimentación.
La carencia de servicios básicos no es producto de la casualidad ni de la falta de capacidad de las familias para salir adelante. Es consecuencia de décadas de abandono gubernamental y de un modelo económico que concentra la riqueza en unas cuantas manos mientras limita la inversión pública destinada a satisfacer las necesidades fundamentales del pueblo trabajador.
A ello se suma que, en los últimos años, numerosos municipios han denunciado una disminución de recursos disponibles para realizar obras de infraestructura social. La consecuencia es evidente: cientos de comunidades continúan esperando obras indispensables para garantizar una vida digna.
Los ejemplos abundan en todo Oaxaca. En el municipio de Pinotepa Nacional, los habitantes de la colonia Reforma llevan más de diez años solicitando la construcción del sistema de drenaje sanitario, pero hasta ahora no se ha autorizado el permiso de descarga ni la construcción de una planta de tratamiento que permita ejecutar la obra.
En Huajuapan de León, los vecinos de la colonia Fraternidad llevan más de tres años gestionando la introducción de la red de energía eléctrica ante las autoridades correspondientes y la Comisión Federal de Electricidad, sin obtener respuesta favorable.
En Matías Romero, miles de familias continúan padeciendo un servicio deficiente de agua potable. Con frecuencia falla el sistema de bombeo o la red de distribución, situación que afecta a una población asentada en uno de los municipios estratégicos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Estos casos demuestran que las estadísticas oficiales, por sí solas, no modifican la realidad. Mientras no exista una inversión suficiente para dotar de infraestructura básica a las comunidades más pobres, Oaxaca seguirá ocupando los primeros lugares nacionales en rezago social.
Garantizar agua potable, drenaje, electrificación y vivienda digna no constituye una concesión gubernamental, sino una obligación constitucional del Estado. Los recursos públicos provienen de los impuestos que paga la sociedad y deben destinarse prioritariamente a resolver las necesidades colectivas.
Por ello, el pueblo tiene derecho a exigir que los gobiernos federal, estatal y municipal orienten mayores recursos a la infraestructura social y dejen de privilegiar proyectos que poco contribuyen a resolver los problemas cotidianos de la población más pobre.
En este sentido, en el Movimiento Antorchista hemos expuesto que mientras no exista un gobierno verdaderamente comprometido con los intereses de las mayorías, que impulse una política fiscal progresiva donde aporten más quienes concentran la mayor riqueza del país y destine esos recursos a la construcción de obras públicas para las comunidades marginadas, será muy difícil abatir el enorme rezago en servicios básicos que padecen millones de mexicanos.
Los oaxaqueños no necesitan discursos triunfalistas ni estadísticas alentadoras; necesitan agua potable, drenaje, electricidad, vivienda digna y obras que mejoren realmente su calidad de vida. Esa sigue siendo una tarea pendiente y una demanda legítima que debe mantenerse viva mediante la organización y la lucha del pueblo.
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