José Antonio “El Amo” Torres fue un pilar indispensable de la primera etapa de la Independencia de México: su vida encarnó las fatigas del campo y el espíritu indomable del Bajío.
Nacido el 2 de noviembre de 1775 en San Pedro Piedra Gorda (hoy Municipio de Manuel Doblado, Guanajuato) en el seno de una familia mestiza, se forjó en las labores de la tierra hasta convertirse en el administrador de la Hacienda de Atotonilquillo, origen de su célebre apodo.
Guiado por un fuerte sentido de justicia, se incorporó al movimiento de Miguel Hidalgo en septiembre de 1810.
Tras entrevistarse con el cura, recibió la comisión de insurreccionar la Nueva Galicia (hoy Jalisco y estados vecinos), internándose con audacia por Sahuayo, Tizapán el Alto, Atoyac y Zacoalco, lo que encendió las alarmas de las autoridades virreinales ante el surgimiento de este líder campesino.
Fue, en suma, un guanajuatense indoblegable, entregado a la redención de los oprimidos. Su importancia histórica va más allá de su audacia personal: radica en que logró organizar a la clase trabajadora de su tiempo en torno a la destrucción del yugo colonial.
Su mayor aportación radicó en la histórica toma de Guadalajara, un triunfo que abrió brecha para desmantelar parte de la estructura de explotación virreinal.
El 4 de noviembre de 1810, en la batalla de Zacoalco, las fuerzas insurgentes de José Antonio “El Amo” Torres derrotaron de manera contundente al ejército realista de Tomás Ignacio Villaseñor, aprovechando su superioridad numérica y el conocimiento del terreno.
Aquel episodio demostró que la unión y la lucha organizada de los desposeídos podían rendir frutos frente a un ejército profesional al servicio del poder colonial.
Este triunfo forzó la rendición de Guadalajara, ciudad donde “El Amo” Torres hizo su entrada triunfal por la garita de Mexicaltzingo el 11 de noviembre.
Tras reorganizar la audiencia local, puso a disposición de Miguel Hidalgo una capital estable el 26 de noviembre.
Al amparo de esta victoria popular, el cura firmó y proclamó en el Palacio Real de la ciudad (hoy Palacio de Gobierno de Jalisco) el trascendental Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado el 6 de diciembre de 1810.
Este documento ordenó la liberación inmediata de los esclavos en un plazo de diez días, eliminó los tributos obligatorios impuestos a las castas y a los indígenas, y suprimió el costoso papel sellado en actuaciones civiles, sentando así las bases de igualdad y justicia para la naciente nación.
El triunfo de “El Amo” Torres consolidó los cimientos de la independencia: la gesta de un hombre y un grupo de campesinos valientes que se comprometieron y lucharon por un futuro que no les tocaría ver, entregaron todo sin esperar nada a cambio más que la libertad de su pueblo.
Más de dos siglos después, el anhelo de redención por el que luchó “El Amo” Torres sigue pendiente.
Guanajuato es una entidad rica, pero esa riqueza no se distribuye socialmente.
De acuerdo con datos del Inegi y de la Secretaría de Bienestar, de los 6.5 millones de habitantes de la entidad, apenas el 30.6 % se clasifica como población no pobre y no vulnerable, lo que significa que un alarmante 69.4 % padece necesidades de todo tipo.
Esa deuda histórica tiene rostros precisos: la vivienda precaria de los jóvenes, la pobreza laboral de quienes trabajan en la informalidad y la explotación de los jornaleros del campo.
Por ello, honrar la memoria de aquel héroe insurgente exige hoy algo más que discursos: reclama el compromiso urgente de transformar estas carencias en la verdadera justicia social por la que él entregó su vida.
El primero de esos rostros es el de la vivienda. Casi 300 mil jóvenes en Guanajuato enfrentan rezago habitacional, viviendo en condiciones de hacinamiento, deterioro estructural o con carencias de servicios básicos como electricidad y agua.
Esta situación afecta al 15.6 % de la juventud en la entidad y supera los índices de estados como Nuevo León y la Ciudad de México debido a bajos salarios e ingresos inestables.
La herencia de “El Amo” Torres exige convertir la riqueza de Guanajuato en derechos efectivos: vivienda digna para los jóvenes, empleo formal, salarios y condiciones laborales justas.
Esa precariedad habitacional se explica, en buena medida, por la pobreza laboral: la imposibilidad de cubrir el costo de las necesidades alimentarias básicas con el ingreso del trabajo.
El contraste entre los sueldos del estado y el encarecimiento de la vida es alarmante: de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, a través de Data México, el salario promedio mensual neto de la población ocupada es de apenas 6 mil 430 pesos, con una marcada brecha entre el sector formal (7 mil 950 pesos) y el informal (5 mil 180 pesos).
Esos ingresos se ven presionados por el costo de la canasta básica que, según los indicadores de líneas de pobreza en México ¿Cómo Vamos? e Inegi, se sitúa entre 4 mil 800 y 4 mil 952 pesos mensuales.
Incluso el gasto mínimo en alimentos, estimado en unos 2 mil pesos semanales para una familia, supera el promedio, lo que condena a quienes perciben salarios bajos a una vulnerabilidad alimentaria crónica.
La expresión más cruda de esa pobreza laboral está en el campo. A pesar de consolidarse como una potencia agroexportadora que envía fresas, brócoli y arándanos a Estados Unidos y Europa, Guanajuato sigue quedando a deber al mantener a miles de jornaleros bajo un esquema de explotación laboral y abandono.
De acuerdo con el Inegi y registros federales, más de 60 mil jornaleros —muchos de ellos migrantes del sur contratados por temporada— trabajan en municipios como Irapuato, Pénjamo y Dolores Hidalgo enfrentando jornadas de más de doce horas, salarios bajos y condiciones insalubres de hacinamiento sin agua potable ni servicios básicos.
Esta crisis humanitaria y laboral se recrudece al revelarse que sólo el 15 % de estos trabajadores cuenta con acceso a servicios como el IMSS y que, de manera alarmante, el 30 % son menores de edad.
La riqueza que genera el éxito del campo guanajuatense se sostiene, así, sobre la precariedad de miles de familias: los registros oficiales detectan al menos 2 mil 500 en situación de vulnerabilidad absoluta.
Honrar a “El Amo” Torres no consiste sólo en recordar su gesta ni en levantarle monumentos. Su herencia exige convertir la riqueza de Guanajuato en derechos efectivos: vivienda digna para los jóvenes, empleo formal, salarios y condiciones laborales justas.
Mientras casi 300 mil jóvenes vivan hacinados, siete de cada diez guanajuatenses permanezcan en la pobreza o la vulnerabilidad y los jornaleros sigan sosteniendo la prosperidad agroexportadora desde la precariedad, la deuda con aquel insurgente de San Pedro Piedra Gorda seguirá pendiente.
La libertad que él conquistó no estará completa hasta que se traduzca en justicia social para su pueblo.
Es precisamente aquí donde la herencia histórica y el espíritu rebelde de “El Amo” Torres encuentran su continuidad moderna. Convencidos de que la lucha organizada es el único camino para redimir a los desposeídos, el Movimiento Antorchista en Guanajuato ha asumido esta tarea en la entidad y en el país.
En 1974, un grupo de campesinos, junto con el maestro Aquiles Córdova Morán, fundó nuestra organización en Tecomatlán, Puebla.
Años más tarde, en 1990, en los municipios Apaseo el Alto y Xichú en Guanajuato, se organizó e inició el trabajo de Antorcha en la entidad, movidos desde entonces por el objetivo único de combatir en serio la pobreza a través de un movimiento social con una estructura clara y un plan serio para involucrarse en las luchas de las masas campesinas, obreras, populares y estudiantiles.
Este camino comenzó con un gran triunfo: la fundación de la secundaria “Ramón López Velarde” en la comunidad de San Miguel Eménguaro, Salvatierra, lo que detonó la lucha por dignificar espacios educativos y gestionar sistemas de agua potable y drenaje.
Debido a estos primeros éxitos, miles de trabajadores se acercaron inicialmente para resolver la falta de servicios básicos en sus comunidades, comprendiendo más tarde que sólo con la toma del poder político por la clase trabajadora organizada del país se podrían hacer los cambios necesarios para acabar con la pobreza y los males que nos aquejan.
La herencia consecuente de “El Amo” Torres no es la memoria pasiva, sino la continuación organizada de la clase trabajadora para dar la lucha por la construcción de un país sin explotación.
El Movimiento Antorchista en Guanajuato lleva 36 años haciendo esta labor en el estado y ha logrado avances importantísimos en este camino.
Por todos estos avances, celebramos más de tres décadas de trabajo y lucha el próximo 29 de noviembre en la capital guanajuatense, en donde refrendaremos el compromiso de construir una patria distinta en beneficio de los desposeídos. Allá nos vemos.
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