En los últimos días, los titulares de noticias en Jalisco destacaban con entusiasmo que el estado “cayó del primer al noveno lugar nacional” en el ranking de personas desaparecidas, presumiendo una tendencia a la baja en las denuncias. Sin embargo, este discurso gubernamental choca con la dolorosa realidad que se vive en las calles y plazas de Guadalajara, donde colectivos continúan manifestándose, protestando y desenterrando la verdad con sus propias manos.
De acuerdo con el análisis de la consultora TResearch, basado en cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con corte al 5 de julio de este año, revela que el estado de Jalisco salió del primer lugar en personas desaparecidas y no localizadas, tras encabezar la lista en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para ubicarse hoy en el noveno lugar nacional, un contrasentido cuando el acumulado histórico, 15 mil personas, mantiene miles de expedientes abiertos sin respuesta, fosas clandestinas emergiendo en la zona metropolitana de Guadalajara y colectivos de madres buscadoras buscando solas por falta de apoyo gubernamental.
¿Cómo se explica esta contradicción? Muy sencillo: no es que la violencia haya cesado, sino que los registros se administran, se clasifican a conveniencia y se maquillan para sostener un mundo de fantasía que sólo existe en la propaganda oficial. Desafortunadamente para los más pobres, para quienes sufren las carencias y el dolor en carne propia, ese México de los “otros datos” no existe.
Esta misma táctica de manipular la percepción pública se repite en el ámbito económico y social a nivel nacional. Si bien la entrega de dinero en efectivo a través de programas sociales se presume como el mayor logro de Morena, los informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) revelan el gran engaño de las transferencias directas, pues estas no sustituyen los derechos humanos básicos.
El ejemplo más doloroso es el colapso del sistema de salud pública. Tras la desaparición del Seguro Popular y las fallidas transiciones institucionales, la carencia por acceso a servicios de salud se disparó de forma catastrófica, dejando a más de 50 millones de mexicanos en el desamparo médico. Para las familias más humildes, recibir un apoyo económico limitado no compensa tener que gastar ese dinero, y el que no tienen, en consultas privadas, estudios médicos y medicamentos que los hospitales públicos ya no les surten. Eso no es combatir la pobreza; es precarizar la vida de los mexicanos.
Esta desatención golpea con dureza a las mujeres, que de acuerdo con los datos más recientes del INEGI (ENOE), de las más de 24 millones de mujeres que integran la fuerza laboral en el país, el 55.9 por ciento se encuentra en la informalidad laboral, trabajando sin contratos, sin prestaciones y sin acceso a la seguridad social. En cuanto a sus ingresos, casi la mitad de las mujeres ocupadas, el 46.7 por ciento, percibe apenas hasta un salario mínimo por jornadas extenuantes que no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria.
A pesar de que México se mantiene en los primeros lugares de la OCDE en horas trabajadas al año, la inflación y el encarecimiento de los alimentos han pulverizado el poder adquisitivo de los hogares. Millones de familias trabajadoras viven en pobreza laboral, obligadas a reducir la calidad de lo que comen o a saltarse alimentos para sobrevivir.
Con estos datos oficializados a la vista, los datos del gobierno o departamentos gubernamentales quedan completamente al descubierto. La realidad es otra, no se ha acabado el hambre, no se ha resuelto la pobreza y mucho menos la violencia ni las desapariciones que siguen desgarrando a las familias en Jalisco y en todo el país. Repartir apoyos económicos limitados o presumir caídas estadísticas en los rankings de violencia es solo administrar la miseria.
La causa de fondo de esta tragedia nacional sigue intacta. Como bien sabemos los antorchistas, la pobreza, la falta de un trabajo estable y la carencia de salarios dignos que cubran la vivienda, la salud, la educación y la cultura, son el terreno fértil donde prospera la delincuencia.
Por ello, la única alternativa real para el pueblo de México no es esperar milagros de los discursos oficiales, sino unirnos, educarnos y organizarnos en las filas del Movimiento Antorchista Nacional. Solo la unión del pueblo organizado podrá transformar de raíz esta realidad y construir una justa y digna que los trabajadores de México merecen.
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