• Las altas temperaturas de más de 40 grados revelan la falta de servicios básicos para miles de familias vulnerables
Las altas temperaturas están afectando a gran parte del territorio del norte de México; en el estado grande los termómetros superan con facilidad los 40 grados centígrados y las olas de calor son cada vez más prolongadas. Sin embargo, el verdadero problema no es únicamente el clima; es la incapacidad de los gobiernos para preparar a las ciudades y proteger a la población más vulnerable, por lo menos asegurando el acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad.
Mientras unos encuentran refugio en oficinas, centros comerciales o viviendas climatizadas, otros sobreviven en casas sofocantes y recorren largas distancias bajo un sol abrasador.
Las altas temperaturas no afectan por igual a todos los habitantes del estado. Quien vive en una vivienda amplia, con aislamiento térmico, aire acondicionado y áreas verdes puede sobrellevar el verano.
En cambio, miles de familias trabajadoras habitan casas construidas con bloque, concreto o incluso lámina, materiales que durante el día absorben el calor y por la noche lo liberan lentamente, convirtiendo las habitaciones en verdaderos hornos donde resulta imposible descansar.
En las colonias populares de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y muchas otras comunidades, el calor extremo se ha vuelto parte de la rutina. Familias enteras pasan las noches sin poder dormir; los ventiladores apenas mueven aire caliente y, para muchos, adquirir un aparato de aire acondicionado es un lujo inalcanzable. Incluso quienes logran comprar uno enfrentan otro problema: el elevado costo de la electricidad, que obliga a muchas personas a limitar su uso para evitar recibos impagables.
Esta realidad golpea especialmente a quienes menos posibilidades tienen para defenderse. Los adultos mayores son particularmente vulnerables a la deshidratación, los golpes de calor y las complicaciones derivadas de enfermedades crónicas.
Los niños pequeños sufren alteraciones en el sueño, deshidratación y problemas de salud que podrían prevenirse con viviendas adecuadas. Las personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias enfrentan riesgos aún mayores.
Lo más preocupante es que esta realidad es previsible. Desde hace años, organismos nacionales e internacionales han advertido que el cambio climático provocaría olas de calor más frecuentes e intensas.
Aun así, las políticas públicas no evolucionaron al mismo ritmo. Los gobiernos federal, estatal y municipales han preferido destinar miles de millones de pesos a proyectos de alto impacto político o electoral, mientras la adaptación de las ciudades al cambio climático continúa relegada.
No existen programas masivos para mejorar el aislamiento térmico de las viviendas populares, ni apoyos suficientes para instalar sistemas de ventilación en hogares de escasos recursos.
Tampoco se observa una estrategia integral para crear corredores verdes, ampliar la arborización urbana o construir espacios públicos que permitan reducir la temperatura en las zonas habitacionales.
Las campañas oficiales se limitan, en muchos casos, a recomendar que la población se hidrate o permanezca bajo la sombra, como si todas las familias tuvieran acceso a condiciones dignas para hacerlo.
La crisis también se vive todos los días en el transporte público; miles de trabajadores salen desde muy temprano rumbo a sus centros laborales y deben viajar en camiones viejos, saturados y, en muchos casos, sin aire acondicionado.
Las unidades se convierten en auténticas cajas de metal donde la temperatura aumenta con cada pasajero. Hay recorridos que duran más de una hora, durante los cuales hombres, mujeres, estudiantes y adultos mayores soportan condiciones indignas que ponen en riesgo su salud.
Esta situación evidencia una verdad incómoda: la desigualdad también se mide en grados centígrados. Mientras unos encuentran refugio en oficinas, centros comerciales o viviendas climatizadas, otros sobreviven en casas sofocantes y recorren largas distancias bajo un sol abrasador para llegar a empleos donde, muchas veces, tampoco existen condiciones adecuadas para proteger su salud.
El calor extremo ya no puede tratarse como un fenómeno pasajero. Es una realidad que exige inversiones en vivienda digna, infraestructura urbana, reforestación, transporte público moderno y servicios básicos de calidad. Gobernar implica anticiparse a los problemas y proteger a la población, no reaccionar únicamente cuando aumentan las hospitalizaciones o se registran fallecimientos por golpes de calor.
Los ciudadanos tampoco deben resignarse a que esta sea la nueva normalidad; los derechos a una vivienda digna, a un transporte seguro y a un entorno saludable no se conceden por voluntad política; se conquistan mediante la organización social y la participación colectiva.
La historia demuestra que cuando el pueblo se une para exigir mejores condiciones de vida, los gobiernos terminan respondiendo. El calor seguirá aumentando, pero también puede crecer la fuerza de un pueblo consciente de que sólo la unidad y la lucha organizada pueden transformar una realidad marcada por el abandono y la desigualdad.
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