• Las carencias médicas en Coahuila golpean con mayor fuerza a las familias pobres de la entidad
Torreón, Coah. La salud no puede depender del dinero que una persona tenga en el bolsillo. Sin embargo, en Coahuila, como en el resto del país, miles de familias trabajadoras se enfrentan a hospitales que no siempre cuentan con los medicamentos, materiales y personal necesarios para atenderlas.
Ante esta realidad, el Movimiento Antorchista considera que garantizar los servicios de salud debe ser una prioridad y no un asunto que se resuelva con anuncios y cifras oficiales.
Pablo Pérez García, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Coahuila, señaló que el problema no se limita a la falta de medicamentos o de material de curación, sino que refleja las desigualdades que existen en nuestra sociedad.
Explicó que mientras las familias con mayores ingresos pueden acudir a servicios médicos particulares cuando las instituciones públicas no responden, los trabajadores y las personas de escasos recursos quedan prácticamente a expensas de lo que puedan ofrecerles los hospitales públicos.
"No es justo que una persona enferma tenga que elegir entre comprar sus medicamentos o llevar comida a su casa. Tampoco podemos permitir que los hospitales carezcan de lo indispensable para atender a los pacientes.
La salud es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, especialmente para quienes no tienen recursos para pagar una atención privada", expresó.
El dirigente antorchista indicó que las denuncias de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizadas durante octubre pasado, volvieron a poner sobre la mesa las deficiencias que enfrenta el sistema de salud.
La falta de medicamentos, insumos, personal médico y de enfermería, así como las condiciones laborales que enfrentan quienes trabajan en estas instituciones, terminan repercutiendo directamente en la atención de los pacientes.
La magnitud del problema se puede dimensionar al considerar que el IMSS atiende aproximadamente a 2.9 millones de personas en Coahuila y cuenta con 71 unidades médicas.
Una población de esta dimensión necesita servicios que respondan de manera oportuna y que cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes.
Por otra parte, durante octubre de 2026, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que mantenía un abasto aproximado del 85 % en medicamentos e insumos, mientras que el IMSS reportó un 94 %, aunque reconoció faltantes temporales de algunos medicamentos para atender enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes.
La salud es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, especialmente para quienes no tienen recursos para pagar una atención privada.
Para el Movimiento Antorchista, estas cifras deben reflejarse en la realidad de los pacientes.
No basta con informar porcentajes de abastecimiento cuando todavía hay personas que tienen que recorrer distintas farmacias para conseguir sus tratamientos o gastar parte de sus ingresos en materiales y medicamentos que deberían recibir en las instituciones públicas.
Ante este panorama, Antorcha plantea que las autoridades federales y estatales pongan en marcha un programa integral para atender las deficiencias del sector salud.
Este programa debe partir de un diagnóstico público de las necesidades de cada hospital y centro de salud, establecer un presupuesto suficiente para garantizar el suministro permanente de medicamentos y material de curación, contemplar la contratación del personal que hace falta y mejorar las condiciones laborales de médicos, enfermeras y demás trabajadores.
Asimismo, propone que exista transparencia en el destino de los recursos públicos y que se establezcan mecanismos de seguimiento en los que participen trabajadores de la salud y representantes de la población, para que las necesidades de los pacientes sean escuchadas y las autoridades rindan cuentas sobre los avances.
Pérez García sostuvo que no se puede responsabilizar a los trabajadores de la salud por las deficiencias de las instituciones. Médicos y enfermeras realizan una labor indispensable, muchas veces en condiciones difíciles y con recursos limitados.
Por eso, mejorar los servicios también significa garantizarles herramientas, instalaciones adecuadas y condiciones laborales dignas. El dirigente señaló que esta problemática debe analizarse desde sus causas sociales.
Las familias de menores ingresos son las que más resienten las deficiencias de los servicios públicos, pues no tienen la posibilidad de pagar consultas, estudios, cirugías o tratamientos particulares. Cuando un hospital no cuenta con lo necesario, para ellas no siempre existe otra opción.
Finalmente, el dirigente estatal afirmó que los problemas que enfrenta el país no se resolverán únicamente con cambios de funcionarios o nuevas promesas de gobierno.
Es necesario, dijo, que la población comprenda que tiene derecho a exigir mejores condiciones de vida y, sobre todo, que participe de manera organizada en las decisiones que afectan su presente y su futuro.
"Los mexicanos necesitamos entender que los problemas que vivimos no se van a resolver mientras las grandes mayorías permanezcan al margen de las decisiones. El pueblo debe organizarse y participar en la transformación del país.
La riqueza que producen los trabajadores debe traducirse en mejores condiciones de vida. La salud, la educación y la vivienda deben estar al alcance de todos, no convertirse en privilegios reservados para quienes tienen dinero", concluyó.
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