Durante 2023, México registró el asesinato de catorce periodistas, de acuerdo con datos de organizaciones internacionales de derechos humanos, según el portal articulo19.org. Esta situación se replica en el estado de Guerrero, pues entre enero y julio de ese año se documentaron catorce agresiones contra comunicadores que, con los homicidios de Pablo Salgado y Nelson Matus, evidencian una escalada de violencia sistemática contra quienes ejercen el derecho fundamental a informar.
Guerrero se ha convertido en un laboratorio perverso donde convergen todas las formas de censura que aquejan al periodismo mexicano contemporáneo.
Guerrero se ha convertido en un laboratorio perverso donde convergen todas las formas de censura que aquejan al periodismo mexicano contemporáneo. La autocensura (producto del miedo fundado), la censura gubernamental con el manejo discrecional de la publicidad oficial, la censura económica que condiciona las líneas editoriales y la violencia directa contra periodistas configuran un ecosistema hostil que ha impuesto “zonas de silencio” en varias regiones de nuestro estado.
El caso más reciente del periodista Jesús Castañeda y su portal Acapulco Trends nos demuestra cómo el poder político ha sofisticado sus mecanismos de control informativo. Ante los señalamientos por el mal manejo de 898 millones de pesos del presupuesto federal 2023, la alcaldesa Abelina López Rodríguez evadió la rendición de cuentas, refugiándose en la figura jurídica de “violencia política en razón de género”.
Esta estrategia representa una peligrosa evolución de la censura tradicional; ya no se trata únicamente de represión directa o de la compra de conciencias, sino que ahora presenciamos la apropiación de conceptos progresistas para construir murallas legales que impidan el escrutinio público.
La sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero, que impuso a Castañeda disculpas públicas, sanciones económicas y cursos de “sensibilización”, establece un precedente ruin: la crítica periodística puede ser criminalizada bajo el pretexto de proteger derechos específicos.
El comentario de la alcaldesa de Acapulco de que “en Guerrero todo se puede” sintetiza con brutal cinismo la realidad política del estado. A partir de ahí se puede concluir que puede desaparecer el dinero público sin consecuencias, que puede amenazarse a periodistas desde perfiles anónimos en redes sociales, que puede desplazarse forzosamente a periodistas; todo, excepto una sola cosa: ejercer libremente el periodismo.
Por otro lado, en esta entidad devenida en laboratorio, las amenazas digitales, cada vez más frecuentes, representan una nueva modalidad de intimidación que refleja la capacidad de adaptación de los grupos de poder a las tecnologías actuales. Perfiles falsos que publican fotografías, ubicaciones y capturas de pantalla de periodistas operan con total impunidad, mientras las autoridades observan un silencio cómplice, como lo prueba que, de los 104 casos de agresión documentados en los últimos tres años, ninguno haya recibido sanción alguna.
Además, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado para proteger a quienes enfrentan riesgos por su labor, ha caído en la opacidad y los cambios arbitrarios en las medidas de protección, sin explicación ni criterio claros, revelan que estos instrumentos institucionales han sido atrapados en la simulación gubernamental.
Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de Guerrero. Forma parte de una tendencia nacional alarmante. Casos como las exigencias de disculpas públicas por parte del senador Gerardo Fernández Noroña y la llamada “Ley Censura”, promovida en Puebla por Alejandro Armenta, forman parte de un patrón claro: la legalización de la censura para inhibir la crítica al poder.
Ante ello, los periodistas, en particular, y la sociedad, en general, debemos entender que la censura, y la represión que viene después, son la respuesta desesperada de los opresores ante la creciente inconformidad de amplios sectores sociales que se debaten en la pobreza insultante, para inhibirlos y, así, evitar que se organicen para luchar por mejores condiciones de vida.
Pero la respuesta es lógica: para defenderse, todos los sectores sociales deben luchar por cambiar al sistema mismo. Para ello, los miembros críticos del gremio periodístico tienen que aceptar su tarea histórica, que consiste en informar no sólo críticamente, sino en sumarse a la propaganda política de quienes buscamos concientizar a la sociedad, para que se elimine la injusta distribución de la riqueza social, que es, al final de cuentas, la que engendra la pobreza y todos los males sociales que nos aquejan.
Ya no se trata de la lucha limitada por democratizar el acceso a la información y preservar el derecho de la sociedad a estar informada ni de simples denuncias a tal o cual gobernante; se trata de criticar al sistema económico que engendra este tipo de personalidades enfermas de poder, lo cual significa que estamos en la antesala de la lucha por cambiar a la clase social en el poder.
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